El cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, avaló este miércoles la "distancia temporaria" del padre Alejandro Nicola del jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz -conocido popularmente como "Niño Dios"- de Villa Carlos Paz. En un breve comunicado oficial, Rossi sostuvo que, en su calidad de arzobispo, "ratifica la decisión sugerida por el Padre Alejandro Nicola a la espera de la definición por parte de la Justicia". El prelado añadió que desea que "lleguemos pronto a la verdad".
El pronunciamiento llega ocho días después de que la Fiscalía Nº 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, unificara cuatro causas por presuntos abusos sexuales contra menores del mismo establecimiento. Las denuncias involucran a un cura párroco vinculado a la institución y las agresiones habrían ocurrido dentro del jardín, siguiendo un mismo patrón de conducta. Trascendió además la existencia de un posible quinto caso, todavía sin denuncia formal.
Marcharon en Carlos Paz a un año de las denuncias por presuntos abusos en un jardín de infantes
Las familias denunciantes, sin embargo, advierten que la fiscal suspendió testimoniales y pericias pendientes bajo el argumento de necesitar releer el expediente unificado, lo que profundiza una espera que ya acumula doce meses sin imputados.
La cronología del caso se inició hace exactamente un año, cuando una madre alertó a las autoridades al descubrir un sangrado vaginal en su hija al regresar del establecimiento. Desde entonces, la causa se fragmentó en distintas fiscalías antes de quedar radicada en una sola sede. La abogada querellante señaló que las coincidencias entre los casos son demasiado evidentes para ignorarlas: el mismo establecimiento, menores de edades similares y relatos que las propias familias vincularon entre sí antes de acudir a la Justicia.
El comunicado del Arzobispado del 22 de mayo ya había adelantado los contornos de la posición institucional. En esa oportunidad, autoridades de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) se reunieron con la fiscal Gómez y dejaron constancia de "la absoluta disposición para responder cualquier tipo de requerimiento a los fines de colaborar con el esclarecimiento de la verdad real". En ese encuentro, según consignó el propio Arzobispado, la magistrada precisó que "no existen hasta el presente día, sospechosos formales o imputados" en las causas que tramitan en su despacho.
Pero esa ausencia de imputados es precisamente el nudo de la tensión entre las familias y la Justicia. Las denunciantes aguardan desde hace semanas una definición sobre medidas de prueba que, según advierten, la fiscal Gómez suspendió -tanto testimoniales como pericias pendientes- con el argumento de necesitar tiempo para releer el expediente. Para las madres, que llevan doce meses reclamando avances, esa explicación no alcanza.
"Queremos la imputación de esta persona. Los niños ya lo nombraron y lo señalaron en fotos", expresaron dos madres de los menores afectados. Las familias también cuestionaron que, durante todo ese período, el jardín parroquial no estableció contacto con ninguna de las familias afectadas.
El apartamiento del padre Nicola, aunque voluntario según la versión eclesiástica, llega en un contexto de presión creciente. El 19 de mayo, al cumplirse un año de la primera presentación judicial, vecinos, familiares y organizaciones sociales marcharon por las calles de Villa Carlos Paz bajo las consignas "Las infancias sí se cuidan" y "El silencio no protege". Un operativo policial impidió el avance de los manifestantes y frenó la movilización a unos cincuenta metros del ingreso al establecimiento educativo.
El Arzobispado sostiene que mantiene activos "los protocolos específicos de prevención y actuación dirigidos a todas las personas que desarrollan tareas con menores y adultos vulnerables" y que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas interviene dentro de sus competencias. Sin embargo, la distancia entre esa retórica institucional y la experiencia concreta de las familias sigue siendo el centro del reclamo: sin imputados, sin pericias activas y con testimoniales suspendidas, la causa unificada en Carlos Paz enfrenta una nueva demora cuyo plazo la propia fiscal no precisó.
