La fiscal Florencia Caminos Garay formuló de oficio una cuarta denuncia por presuntos abusos sexuales en el jardín de infantes de la localidad serrana, tras considerar que el relato de una madre convocada como testigo constituía "un relato de envergadura" con indicios de una nueva víctima. La magistrada completó en pocas semanas diligencias que los otros dos fiscales del caso no impulsaron durante meses.
La magistrada actuó tras evaluar el testimonio de la mujer que había sido convocada como testigo en el marco de la tercera denuncia y cuyo relato consideró de entidad suficiente para dar inicio a una nueva investigación.
La denuncia se origina en una cadena de declaraciones que Caminos Garay impulsó con llamativa celeridad. A fines de abril pasado, la abogada Macarena Martin Ubiergo había radicado ante esa fiscalía la tercera denuncia formal: una madre que, tras ponerse en contacto con las familias de las dos denunciantes anteriores, determinó que los comportamientos de su hija -pesadillas, dichos recurrentes, cambios de conducta- podían estar vinculados con los hechos ya investigados.
Al tomar declaración a esa mujer, la fiscal advirtió que nombraba a otra madre cuyo testimonio podía resultar relevante para la causa. La convocó. De esa declaración emergió el relato que derivó en la cuarta denuncia, formulada de oficio por la propia magistrada.
En ese mismo período, Caminos Garay ordenó y completó la Cámara Gesell con la presunta víctima de la tercera denuncia y recabó testimonios de otros testigos. El conjunto de esas diligencias, producidas en pocas semanas, contrasta de manera directa con el estado de las dos primeras causas.
El abismo con las otras dos fiscalías
Las primeras dos denuncias fueron presentadas en mayo de 2025 y quedaron radicadas en fiscalías distintas: la primera en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez; la segunda en la del Segundo Turno, con Ricardo Mazzuchi al frente. Ninguna de las dos registró avances procesales significativos durante meses. El abogado Pablo Pigini, querellante particular de las dos madres denunciantes originales, fue preciso al describir la situación: "Desde el momento de la denuncia hasta el momento en que me constituí como querellante no se realizaron ningunas diligencias probatorias. Eso sí me llamó bastante la atención".
La parálisis tuvo consecuencias concretas sobre la producción de prueba. "En estos casos, en ocho meses se pierde mucha prueba", advirtió Pigini. La evidencia médica, psicológica y testimonial que debió recabarse en las semanas inmediatas a las denuncias quedó expuesta a un deterioro que el letrado calificó de irreparable.
La demora llegó a tal punto que la propia defensa técnica debió presentar por escrito la declaración de una de las madres para desbloquear el trámite. Como explicó Martin Ubiergo a fines de abril: "Hemos tenido que realizar esta presentación de su declaración por escrito y recién ahí, de manera inmediata, la han citado".
Esa situación motivó que Pigini presentara en marzo de 2026 una nota formal ante quien por esa fecha era Fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, con la solicitud de traslado de ambas causas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual con sede en la capital provincial, argumentando que las fiscalías de fuero múltiple de Villa Carlos Paz carecen de la especialización, los protocolos y los equipos interdisciplinarios con formación en victimología y entrevista forense con los que sí cuentan las fiscalías de Córdoba capital.
La unificación, aún pendiente
Con cuatro denuncias formalizadas y tres fiscales intervinientes, la defensa técnica insiste en la necesidad de unificar todas las causas en un solo expediente. Los fiscales a cargo de las dos primeras investigaciones sostienen que aún no existe elemento suficiente para acreditar un nexo causal entre los expedientes.
Martin Ubiergo rechaza esa lógica: "Lo hemos pedido. Desde las otras fiscalías nos responden que todavía no consideran que existen elementos para unificar las causas". Para la abogada, las coincidencias son demasiado evidentes para ignorarlas: el mismo establecimiento, menores de edades similares y relatos que las propias familias vincularon entre sí antes de acudir a la justicia.
El silencio del jardín Margarita A. de Paz
Desde que se radicaron las primeras denuncias, el jardín parroquial Margarita A. de Paz, dependiente de la Arquidiócesis de Córdoba, no estableció contacto con ninguna de las familias afectadas. La única comunicación pública de la institución fue un comunicado en el que negó que los hechos denunciados hubieran ocurrido dentro de sus instalaciones.
Las madres describieron ese silencio como una segunda herida. "Es muy angustiante, es muy desesperante sentir el abandono de todos, tanto de la institución como de la justicia", expresó una de las denunciantes originales.
La investigación tiene ahora cuatro denuncias, una sola fiscal que demostró la celeridad que las familias reclaman desde el inicio, y dos causas que siguen tramitando por separado sin unificación a la vista.
