La reciente promulgación de la reforma a la Ley de Glaciares reabrió un debate que parecía saldado desde 2010, cuando se sancionó la norma original, pero que ahora impacta de lleno en provincias como Córdoba, aun cuando no cuenten con glaciares en su territorio. Es que la nueva norma, sancionada por el Congreso el pasado 9 de abril y promulgada este viernes 24, modifica el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y áreas peri glaciares con un giro central: el traslado de poder hacia las provincias cordilleranas para definir qué zonas proteger y bajo qué criterios. Y esa redefinición, advierten especialistas, puede tener efectos aguas abajo sobre sistemas hídricos de los que depende el abastecimiento cordobés.
Hasta ahora, el esquema establecía una protección amplia y homogénea, con parámetros definidos a nivel nacional. Pero la nueva legislación, además de priorizar la evaluación local, reduce el alcance automático de la protección, limitándola principalmente a aquellos cuerpos de hielo con “función hídrica comprobable”. Es decir que habilita la posibilidad de desarrollar actividades mineras y de explotación hidrocarburífera en las áreas que queden desprotegidas con el nuevo texto.
El argumento oficial apunta a promover inversiones y desarrollo en regiones cordilleranas. Pero el cambio encendió alertas en sectores científicos y ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en reservas estratégicas de agua dulce, en un país atravesado por crisis hídricas cada vez más frecuentes.
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Más allá de la cordillera
La discusión suele quedar encapsulada en las provincias con glaciares, pero sus efectos no se limitan a esas geografías. Córdoba depende en buena medida de los sistemas hídricos que nacen en la cordillera y se alimentan de esos reservorios naturales.
El geólogo Ricardo Astini, investigador superior del Conicet con extensa trayectoria en Geología Sedimentaria y Estratigrafía, plantea que el eje del debate está desviado. “El problema no es ‘minería sí o minería no’, sino la validez del agua como recurso vital y único”, sostuvo. Desde esa perspectiva, advirtió que se trata de un tema de “soberanía hídrica”, ya que los glaciares protegidos ocupan menos del 0,3% del territorio argentino, pero impactan en más de 30 cuencas hídricas a nivel nacional, sobre todo en 13 de la región altoandina sometida a un enorme estrés hídrico.
Distintos análisis coinciden en que la reforma puede tener consecuencias indirectas sobre la seguridad hídrica provincial. La razón es estructural: los glaciares y el ambiente periglaciar funcionan como reguladores del agua a escala regional. Su degradación o alteración incide en los caudales de los ríos que, aguas abajo, sostienen cuencas más amplias. Es el caso de la cuenca del Salí-Dulce, que atraviesa zonas de gran aridez. El agua se utiliza intensamente para el riego agrícola y el consumo humano, lo que genera una presión constante sobre el recurso.
Cabe señalar que Córdoba ya enfrenta tensiones crecientes sobre el abastecimiento futuro, como lo evidencia el debate —aún abierto— sobre alternativas como el acueducto desde el río Paraná frente a la necesidad de preservar las fuentes serranas. Astini agrega un dato clave: en zonas cordilleranas del norte, donde las precipitaciones son escasas, el agua está almacenada en forma de hielo, lo que obliga a extremar los cuidados. Además, advierte que la minería de alta montaña no sólo compite por ese recurso, sino que demanda grandes volúmenes de agua de alta calidad.
El exgobernador Juan Schiaretti lo expresó con claridad al advertir que la reforma “pone en riesgo el suministro de agua de Córdoba”, en referencia a la dependencia de sistemas hídricos interconectados que exceden los límites provinciales.
El impacto, además, no es inmediato ni lineal. Según Astini, los procesos de deterioro ambiental operan en escalas de tiempo largas: primero afectan el entorno cercano y luego se trasladan hacia otras regiones a través del agua, que actúa como “una cinta transportadora” de los efectos de la actividad humana.
Lo jurídico y lo social
La reforma no sólo generó cuestionamientos en el plano técnico. También abrió un frente jurídico que podría escalar en los próximos meses. Para el abogado ambientalista Aldo Novak, la nueva ley presenta inconsistencias de fondo. “Introduce un criterio regresivo en materia ambiental al debilitar estándares ya alcanzados, lo que contraviene el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a preservarlo”, dijo.
Novak advierte, además, que la modificación altera el concepto de “presupuestos mínimos”, al transferir a las provincias facultades que corresponden a la Nación para asegurar una protección uniforme del ambiente. En su análisis, también se generan tensiones con otras normas vigentes, como la Ley General del Ambiente y la legislación sobre cambio climático, que asignan al Estado nacional un rol central en la protección de estos ecosistemas.
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Otro punto sensible es el rol que la reforma le asigna al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Según advirtió Novak, ese organismo de referencia deja de ser un actor técnico con criterios propios, para convertirse en un registrador de las decisiones que adopten las provincias sobre qué áreas proteger. “Se debilita el respaldo científico de la política ambiental, aun cuando la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben aplicar la mejor evidencia científica disponible en materia ambiental y no pueden alegar desconocimiento de esos criterios”, explicó.
Pero el planteo no es sólo teórico. En paralelo al tratamiento legislativo, se impulsó una demanda colectiva contra la reforma que ya reunió cerca de 900 mil adhesiones, una cifra récord para este tipo de iniciativas. A eso se sumaron movilizaciones en distintos puntos del país, incluida la ciudad de Córdoba, donde organizaciones sociales y ambientales salieron a rechazar los cambios.
El propio Astini pone en duda la legitimidad social del proceso al señalar que, en la audiencia pública previa a la sanción, “más del 90%” de las intervenciones se manifestaron en contra de la reforma. Novak, por su parte, cuestionó la instancia participativa (se inscribió para disertar, pero solo le permitieron presentar un escrito) y consideró que, por la magnitud del impacto, el tema debió haberse sometido a una consulta popular.
En ese contexto, el escenario judicial aparece como un capítulo decisivo. El letrado consideró que, si el tema llega a la Corte Suprema, existen posibilidades de que se dicte un freno a la aplicación de la reforma, en función de los antecedentes y del peso de la doctrina ambiental en el país. Sin embargo, advirtió que, incluso ante un eventual fallo adverso para el Gobierno, persistiría la incertidumbre sobre la efectiva implementación de esa decisión, como lo demuestran los antecedentes recientes de normas que no son acatadas: la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
El conflicto, lejos de cerrarse con la promulgación, parece ingresar ahora en una nueva etapa. La vía judicial aparece como uno de los canales para intentar frenar la aplicación de la norma, mientras el debate público comienza a expandirse más allá de las provincias cordilleranas.
La reforma de la Ley de Glaciares, más que un cambio técnico, vuelve a poner en discusión quién decide sobre el agua y bajo qué prioridades. Córdoba, que está atravesada por una creciente vulnerabilidad hídrica, puede convertirse en un caso testigo de cómo decisiones tomadas a cientos de kilómetros pueden repercutir, en el mediano plazo, en la vida cotidiana.
