La historia del ADN que recién en 2024 se convirtió en prueba clave, expone las dificultades de una causa atravesada por cambios de hipótesis, interpretaciones técnicas divergentes y decisiones que, vistas en su conjunto, resultan cuestionables.
Para Di Santo, no fue evidente. Para Miralles, no era prioritario frente al ADN del viudo. Para Pizarro, estaba diluido en un conjunto confuso de perfiles genéticos. Para la familia, no hubo margen ni certezas como para imponer su análisis.
El fiscal Javier Di Santo recibió el dato el 26 de septiembre de 2012 en un informe firmado por el especialista Jack Ballantyne del NCFS (National Center for Forensic Science), Centro Nacional para la Ciencia Forense – Universidad de Florida Central.
Así, el rastro que hoy parece determinante permaneció durante años como un dato más dentro de un expediente voluminoso. Su relectura tardía —en 2024— no solo reconfiguró la imputación, sino que plantea el debate sobre el desempeño de quienes tuvieron en sus manos la investigación desde el inicio.
Pero hay algo más. Ante el Jurado de Enjuiciamiento declararon investigadores que explicaron sobre qué líneas investigativas trabajaron, según instrucciones que fueron recibiendo de los fiscales. Hubo testigos renuentes, otros inhallables.
La complejidad de la causa se presentó también por los condimentos políticos que tuvo. Hasta el entonces fiscal General, Gustavo Vidal Lascano, en persona tomó declaraciones testimoniales en los albores de la pesquisa, algo absolutamente excepcional.
Una de las líneas analizadas fue el “asado de Banda Norte” del que participaron hombres del poder en Río Cuarto, entre ellos Rafael Magnasco, imputado por Di Santo como sospechoso del crimen en 2007.
El vocero de la familia, Daniel Lacasse —nombrado por Rohrer como “Lucifer” durante su testimonio el viernes pasado— dijo que el entonces gobernador José Manuel de la Sota se comunicó con él para poner a disposición de la familia todos los recursos necesarios.
En paralelo hubo una investigación trunca por el pago del alojamiento durante dos meses del grupo de investigadores de Homicidios de la Policía de Córdoba, dirigidos por aquel entonces por Rafael Sosa, luego condenado por el “narcoescándalo”.
La reconocida genetista Nidia Modesti también narró sus padecimientos por la falta de confianza y los cuestionamientos a la labor del Ceprocor, que dependía del Poder Ejecutivo. En efecto, las muestras recogidas en la escena del crimen, fueron enviadas a centros especializados norteamericanos vinculados al FBI. El trabajo foráneo arrojó resultados importantes.
Sin embargo, una duda persiste al escuchar los testimonios ante el Jury: ¿quién victimizó primero a Nora Dalmasso? ¿Quién le adjudicó múltiples amantes? ¿Quién habló de fiesta sexual la noche del crimen? Quienes lo hicieron, presionaron para que la investigación tomara esa dirección. En el interín una manifestación masiva, el perejilazo, involucró a toda la sociedad riocuartense en respaldo al pintor Gastón Zárate.
El lunes 27 de abril la lista de testigos previstos está encabezada por el fiscal de instrucción Pablo Jávega, el fiscal de Cámara Julio Rivero, los exfiscales generales Gustavo Vidal Lazcano y Darío Vezzaro. La completan los funcionarios judiciales Gustavo Martín y Rosario Fernández López
