El aspecto medular en el juicio de destitución contra los fiscales instructores del crimen de Nora Dalmasso ocurrido el 25 de noviembre de 2006 es desentrañar si hubo negligencia grave y mal desempeño de los magistrados Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
Durante casi 14 años, cada uno en diferentes etapas, instruyó la investigación que culminó en el juicio absolutorio del viudo, Marcelo Macarrón en 2022. Ni siquiera debieron votar los jurados populares porque en su alegato el fiscal ante la Cámara del Crimen, Julio Rivero solicitó la absolución por “orfandad probatoria”.
Posterior al juicio, recién en diciembre de 2024, un nuevo fiscal —Pablo Jávega— obtuvo un dato sustancial. Al realizar 27 cotejos genéticos con un ADN masculino NN detectado en 2012 surgió la coincidencia con un trabajador que fue contratado para trabajos en el parquet de la casa de la familia Macarrón en el country del Golf de Río Cuarto. Roberto Bárzola se convirtió en el principal sospechoso, pero al haber transcurrido más de 18 años la Cámara del Crimen lo sobreseyó por prescripción. La familia pidió rever la decisión al máximo tribunal de Córdoba.
¿Qué pasó hasta ese año desde septiembre de 2012, cuando el fiscal Javier Di Santo recibió el informe del FBI donde constaba un ADN masculino que nadie sabía a quién pertenecía? ¿Por qué no advirtió que ahí podía estar la prueba dirimente del homicidio? ¿Qué pasó después, con los fiscales que lo sucedieron, Daniel Miralles y Luis Pizarro? ¿Qué peso le dieron los abogados de la familia Macarrón a ese dato suspendido en el tiempo? Las respuestas determinarán el resultado del Jury: absolución o destitución.
Este informe se basa exclusivamente sobre los testimonios y declaraciones ante el Jurado de Enjuiciamiento, durante la audiencia que se llevó a cabo durante cuatro jornadas, la semana pasada.
El debate comenzó el martes 21 de abril en la Legislatura de Córdoba. Es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical), Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.
Javier Di Santo: investigación a Bárzola y múltiples hipótesis
Javier Di Santo, a cargo del expediente entre 2006 y 2015, enfrenta la crítica de haber desatendido datos “significativos y relevantes” sobre la posible participación de Bárzola y por mantener inactiva la pesquisa durante dos años y ocho meses. Su defensa se apoya en el contexto de la investigación.
Según su posición, la línea de los obreros fue explorada “exhaustivamente" en 2007. Se realizaron allanamientos, intervenciones telefónicas y análisis de antecedentes no solo sobre Bárzola, sino también sobre otros trabajadores y su entorno. Incluso se investigó una huella de zapatilla hallada en la escena, que finalmente no pertenecía al parquetista.
Cuando el informe del FBI llegó en 2012, Di Santo sostiene que no resultaba “obvio” vincular ese ADN con un sospechoso concreto. El dato, afirma, tampoco fue interpretado como decisivo por la Policía Judicial, los investigadores policiales ni las instancias de control judicial que supervisaban la causa.
El fiscal asegura que solicitó a la especialista Nidia Modesti una explicación técnica del informe pero que, en función de las líneas investigativas vigentes, no surgían elementos que permitieran avanzar sobre un nuevo sospechoso. Para entonces, además, la investigación ya había virado hacia el entorno familiar de la víctima, incluyendo la imputación de Facundo Macarrón en 2007, quien fue sobreseído recién el 5 de octubre de 2012.
Daniel Miralles: para él fue “necesario y obligatorio” investigar al viudo
El sucesor de Di Santo, Daniel Miralles (2015-2017), mantuvo el foco en la familia. La acusación en su contra señala que no impulsó medidas eficaces sobre elementos objetivos ya existentes y que persistió en un sesgo investigativo que lo llevó a imputar a Marcelo Macarrón en marzo de 2016.
Miralles justifica su decisión en la presencia genética del viudo en la escena del crimen, particularmente en la zona vulvar de la víctima. En un primer momento se sospechó que se trataba de semen. Estudios posteriores descartaron esa posibilidad. Por la presencia mayoritaria de ADN de Marcelo Macarrón el fiscal sostiene que era “necesario y obligatorio” investigar cómo había llegado ese material genético a ese lugar.
Respecto de la pista de los obreros, Miralles argumenta que ya había sido agotada por Di Santo, sin resultados incriminantes. Además, destaca que no existía ninguna indicación concreta del FBI de que se debieran tomar muestras de ADN a todas las personas vinculadas al caso.
Durante su gestión también se realizaron nuevas pericias, como el análisis genético al empresario Miguel Rohrer, señalado por la familia como sospechoso. Sin embargo, ninguna de esas líneas produjo avances sustanciales. El viernes pasado, Rohrer declaró ante el Jury y descargó su enojo porque fue incriminado por lo que llamó “el clan Macarrón fabulador”.
Luis Pizarro: múltiples ADN y la decisión de atribuir al viudo la autoría intelectual
Luis Pizarro, a cargo entre 2017 y 2019, fue quien elevó a juicio a Marcelo Macarrón como presunto autor intelectual del homicidio de Nora Dalmasso. Continuó la investigación contra el viudo, aunque modificando la hipótesis: pasó de ubicarlo en la escena a considerarlo autor de un crimen por encargo. El presunto sicario nunca fue identificado.
Su explicación pone el foco en la complejidad del material genético disponible. Según detalla, no había un único ADN desconocido en el cinto de la bata —el arma homicida porque Nora fue asesinada por estrangulamiento—, sino varios perfiles, entre ellos el de la víctima y el del viudo.
Esa multiplicidad generaba incertidumbre sobre el origen temporal de cada muestra: no se podía establecer con precisión si correspondían a momentos previos, simultáneos o posteriores al crimen. En ese contexto, Pizarro sostiene que es necesario tener prudencia al momento de imputar y ordenar nuevas extracciones de ADN. Critica a Jávega.
Además, menciona limitaciones en la información disponible, como la falta de datos completos de la autopsia, que impedían cerrar interpretaciones. Aunque reconoce la existencia de un perfil masculino desconocido en el cinto de la bata, afirma que no había elementos suficientes para vincularlo directamente con el homicidio.
La familia Macarrón: ¿por qué no instaron más cotejos con el ADN NN?
Desde la posición de la familia, hay que hacer una salvedad. Inicialmente la querellante fue la madre de Nora Dalmasso, Delia Nené Grassi, representada por el abogado Diego Estevez. Él solicitó que se investigara a los obreros tras conocerse el informe del FBI.
En paralelo, a los pocos meses del crimen resultó imputado el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, como presunto autor de abuso sexual y homicidio. Semejante acusación ocupó a los defensores. El abogado Gustavo Liebau sostiene que no avanzaron con presentaciones formales sobre el ADN desconocido porque no tenían acceso completo a los resultados ni argumentos suficientes para sostener un pedido judicial. En su rol de defensores, afirman, la carga de impulsar la investigación correspondía a la fiscalía.
