El ministro Manuel Calvo detalló que 57 000 jubilados y pensionados cordobeses percibirán, desde julio, la suba del haber mínimo y un bono bimestral financiados con recursos que la Nación comenzó a transferir tras un fallo de la Corte Suprema.
Calvo subrayó que “mientras el Gobierno nacional cumpla con el acuerdo que tenemos establecido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a poder mantener este aumento y el bono”.
El funcionario precisó que el haber mínimo pasa de $380 000 a $700 000 y se suma un bono bimestral de $100 000 para quienes cobren hasta $1.300.000. Entre ambas medidas alcanzan a la mitad de los jubilados provinciales. Los fondos provienen de un convenio judicial que asegura transferencias mensuales de $5.000 millones: ya se pagaron tres cuotas. Si la Nación deja de girar el dinero —advirtió— sería “una agresión institucional muy grave”.
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Críticas a la Nación y respaldo al modelo Córdoba
Tras enumerar la quita de subsidios nacionales en transporte, educación, salud y discapacidad, Calvo sostuvo: “Hay un esfuerzo muy grande por parte de las jurisdicciones provinciales en atender todas las acciones que dejó de lado el Gobierno nacional”.
En diálogo con Punto y Aparte, destacó que Córdoba mantiene superávit fiscal hace dos décadas sin frenar obras ni programas sociales. A su juicio, se puede equilibrar las cuentas “con un plan de desarrollo y con la gente adentro”. También cuestionó la visión “porteñocéntrica” del Ejecutivo: “Tenemos un gobierno muy centralista que ha abandonado a las provincias”.
Posicionamiento político: oposición e intendentes radicales
El ministro reafirmó la identidad del oficialismo local: “Somos un gobierno de oposición, un espacio político prácticamente provincial… estamos construyendo una alternativa nacional”, en alusión a Hacemos por Argentina.
Sobre su futuro, recordó: “Yo soy un hombre del Ejecutivo” y agregó —en estilo indirecto— que acompañará la decisión del gobernador Martín Llaryora mientras “trabaja codo a codo con los intendentes” de todo signo político. El diálogo institucional, dijo, es fluido, incluso con jefes comunales radicales, porque “podemos pensar distinto, pero trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones”.
