La jueza de Control y Faltas Número 4 Anahí Hampartzounian confirmó que cinco líderes piqueteros y el secretario General de ATE, Federico GiulIani, irán a juicio por un corte total de calles durante una protesta realizada en abril del año pasado en el centro cordobés.
Así convalidó el pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno I, Ernesto de Aragón, quien los había imputado como presuntos autores de los delitos de “desobediencia a la autoridad” e “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”.
Los cortes por los que son investigados los sospechosos se realizaron el 5 de abril de 2023 en la esquina de avenida Colón y General Paz.
“En las antípodas se encuentra el caso traído a consideración, que no ocasionó, al decir de la defensa, “solo una mera molestia en la circulación y el tránsito”, sino la aniquilación del derecho a circular producto de lo que considero un ejercicio abusivo del derecho de protesta, que implicó que un número indeterminado de personas –por cuya libertad también es necesario velar- se vieran impedidas de ingresar o salir de su domicilio, acceder al transporte público de pasajeros e incluso ser asistidos por servicios médicos de emergencia.”, argumentó la jueza en una parte de la resolución publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Y luego aclaró que la resolución “…dista de pretender “criminalizar la protesta”…sino propender a la armonización de derechos que evidentemente ameritan restricciones cuando estas sean necesarias para una convivencia social ordenada y respetuosa…”.
Acusados
Los acusados en la causa son integrantes de las agrupaciones Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur, y al gremio ATE Córdoba.
Entre ellos se encuentran Emanuel Berardo, del PO, y Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba, según trascendió extraoficialmente a los medios cuando esos dirigentes fueron imputados.
Estos aún no se pronunciaron sobre la confirmación de la elevación a juicio de la causa.
Artículo 194. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Artículo 239. “Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
