Carlos Alberto Basualdo Jaimez enfrentará el juicio oral desde la cárcel. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba rechazó su pedido de prisión domiciliaria, en una decisión que se suma a dos rechazos previos: uno del Juzgado Federal de San Francisco en enero y otro de la Cámara Federal de Apelaciones en mayo de 2025.
El fallo, firmado por el juez José Fabián Asís, mantiene la detención del imputado a escasas semanas del inicio del debate oral, programado para el próximo 18 de febrero. Basualdo Jaimez está acusado de integrar la presunta banda de narcotráfico que habría liderado desde la cárcel el peligroso mandamás santafesino Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo.
La defensora pública Ana María Blanco presentó el pedido durante la feria judicial, solicitando habilitar el receso para tratar con urgencia una revisión de las condiciones de detención. Blanco aclaró que no solicitaba la excarcelación de su asistido, sino "una morigeración del encierro".
La defensa fundó su solicitud en razones humanitarias vinculadas al estado de salud de Marcela Alejandra Gutiérrez, esposa del imputado. Según el planteo, la mujer padece diabetes tipo II desde hace 20 años, hipertensión arterial, obesidad y pérdida progresiva de la visión. En 2024 sufrió la amputación de una falange de un dedo del pie, situación que afecta su movilidad diaria y dificulta sus visitas al establecimiento penitenciario.
Blanco sostuvo que la presencia de Basualdo Jaimez en el hogar era indispensable para colaborar en el sostenimiento económico y el cuidado de su mujer. Además, argumentó que el imputado no registra antecedentes penales y cuenta con domicilio fijo en Rafaela, Santa Fe, por lo que no cabría la posibilidad de que entorpezca la causa.
La oposición del fiscal
El fiscal general Carlos Gonella se opuso firmemente al pedido. Si bien reconoció la situación de salud de la cónyuge, consideró que "no encuadraba en las causales previstas por la ley" para autorizar la prisión domiciliaria.
Un informe interdisciplinario incorporado al expediente reveló que Gutiérrez cuenta con cuatro hijas que pueden hacerse cargo de su cuidado, incluso una de ellas reside en la misma ciudad de Rafaela. Este elemento fue determinante para la postura fiscal.
Gonella detalló el rol atribuido a Basualdo Jaimez dentro de la organización criminal. De acuerdo con la acusación, habría cumplido funciones de logística y transporte de droga y dinero entre distintas localidades de Córdoba y Santa Fe, contando con amplia capacidad de desplazamiento.
Además, el fiscal subrayó la peligrosidad del imputado al haberse hallado armas en su domicilio durante los allanamientos, circunstancia que incrementa los riesgos procesales de entorpecimiento debido al potencial para intimidar testigos o interferir en la causa.
La decisión del tribunal oral
El juez Asís recordó en su fallo que "el arresto domiciliario previsto en el art. 210 del C.P.P.F no es de aplicación automática, sino que obedece a irrenunciables imperativos humanitarios que deben ser evaluados por el magistrado que lo concede, junto con la existencia o no de riesgo procesal".
El magistrado repasó que Basualdo Jaimez fue procesado con prisión preventiva en mayo de 2024, medida que fue revisada y confirmada en octubre de ese año. La causa quedó radicada ante el tribunal oral en junio de 2025 y ya tiene fecha de inicio de juicio, lo que refuerza el riesgo de fuga.
En un tramo del fallo, el juez planteó que los riesgos identificados no pueden ser "neutralizados" con otras medidas alternativas. Ponderó que la pena en expectativa no habilitaría una ejecución condicional para el acusado, lo que permite "presumir un incentivo de fuga".
También destacó que hay imputados cuya detención aún no se ha hecho efectiva —en referencia a Nazareno Jairo Ramallo, hermano de "Yiyo" y único prófugo de la causa—, lo que incrementa el peligro de contactos indebidos si se modifica el régimen de encierro.
Los rechazos previos
Esta no es la primera vez que la defensa de Basualdo Jaimez solicita la domiciliaria. El 17 de enero de 2025, el Juzgado Federal de San Francisco había denegado ese beneficio.
En aquella ocasión, el juez instructor señaló que, pese a que el imputado tenía conocimiento de la enfermedad de su pareja desde hace aproximadamente 20 años, "realizó el transporte de importantes cantidades de estupefacientes, a sabiendas de que ello podría conducirlo a la privación de su libertad".
El magistrado destacó que del historial clínico acompañado por la defensa se observa como última consulta médica una efectuada en junio de 2024, sin ingresos posteriores al centro asistencial que demuestren la necesidad de asistencia permanente.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó ese rechazo el 21 de mayo de 2025, con el voto conjunto de los jueces Liliana Navarro y Abel G. Sánchez Torres.
En su fallo, la jueza Navarro señaló que "la defensa no ha acreditado por profesional de la salud, cuáles serían las consecuencias derivadas de la amputación de la falange de un dedo del pie de la Sra. Gutiérrez". Agregó que la patología es de larga data y que la intervención quirúrgica ocurrió hace más de un año, "lo que denota un prolongado tiempo que permite razonablemente inferir que dicha circunstancia no es de urgencia reciente".
Los jueces de alzada también valoraron "la cantidad de imputados y de estupefaciente secuestrado, como así también la presencia de armas de fuego en los distintos domicilios allanados", lo que permitiría dar cuenta de la dimensión de la red criminal.
La banda de "Yiyo" Ramallo
La decisión judicial se inscribe en una investigación de mayor alcance que tuvo su punto central en un megaoperativo realizado en marzo de 2024. Se llevaron adelante 46 allanamientos simultáneos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, con un saldo de 22 detenidos.
En territorio cordobés, los procedimientos se desplegaron en Morteros, Brinkmann y Porteña, mientras que en Santa Fe alcanzaron a Rafaela, Sauce Viejo, Suardi y Frontera. Las medidas estuvieron a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba, Gendarmería Nacional y fuerzas provinciales.
La investigación fue conducida por la fiscal federal subrogante de San Francisco, María Schianni, y su par Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), quienes comenzaron la pesquisa en septiembre de 2023 a partir de cinco causas giradas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del este provincial.
Según la hipótesis principal, la banda era dirigida por Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo, quien habría coordinado la operatoria ilegal desde su celda en el penal federal de Ezeiza. La droga ingresaba al país por Misiones, procedente de Paraguay, y luego era trasladada hacia Santa Fe mediante "mulas" que la transportaban en colectivos o a través de envíos postales, para finalmente ser almacenada y distribuida en distintos puntos.
Los investigadores determinaron que la organización habría operado desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024, dedicándose al tráfico de cocaína y marihuana con una estructura criminal de roles diversificados e integrada por familiares de "Yiyo".
Los estupefacientes eran "bajados" desde el norte a Rafaela y Frontera para almacenarlos, acondicionarlos y distribuirlos, y luego comercializarlos al menudeo en Morteros y Brinkmann.
El rol de Basualdo Jaimez
Como parte de la mecánica criminal, Basualdo Jaimez habría trasladado droga para proveer a los "quioscos" de Morteros. Está procesado como coautor del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de más de tres personas y por el uso de violencia, en concurso real con tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.
El imputado se encuentra privado de la libertad desde marzo de 2024, cuando fue detenido en el marco del operativo que desarticuló la banda.
Los investigadores precisaron que la banda de "Yiyo" habría estado estrechamente vinculada con el cartel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y tráfico de armas.
Ramallo cuenta con una condena a prisión perpetua dictada en agosto de 2025 por un tribunal de Rafaela por instigar una serie de homicidios y organizar una asociación ilícita desde la cárcel.
El prontuario de "Yiyo" va desde narcotráfico e intentos de asesinato hasta el ataque en los Tribunales de Rafaela al fiscal Guillermo Loyola, a quien golpeó en la cabeza con un cesto de basura. Es conocido por ofrecer un "bono extra" a sus sicarios por acertar un tiro en la cara de las víctimas, según revelaron distintas investigaciones que están en poder de la Justicia y del Gobierno nacional.
En el expediente también se encuentra imputada la ex pareja de "Yiyo", Eunice Febe Trossero, señalada como coautora del delito de comercialización de estupefacientes, con funciones vinculadas a la administración de la distribución de la droga y al control de la recaudación, incluso desde su lugar de detención en Rosario.
Con este nuevo rechazo, Basualdo Jaimez continuará detenido a la espera del comienzo del juicio oral, que se desarrollará en febrero ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.
