Rodrigo De Loredo, ex diputado nacional y ex presidente del bloque de la UCR, reconfirmó su precandidatura a gobernador de Córdoba para 2027. Pero también abordó el riesgo de desilusión que pone en juego el gobierno de Javier Milei al defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con virales acusaciones en la Justicia.
El escándalo estalló a partir de la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo para remodelar su casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, cifra que el Gobierno desmintió. La causa, que tramita ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, involucra además la compra de propiedades y la realización de viajes cuyos gastos, según la investigación, no guardan correlación con los ingresos declarados. La Justicia también detectó movimientos de entrada y salida de fondos a través de criptomonedas, lo que sumó una nueva línea de investigación al expediente.
Para De Loredo, el problema trasciende lo judicial. El gobierno de Milei construyó su legitimidad sobre dos ejes: la promesa de estabilidad económica y la batalla simbólica contra la corrupción. El caso Adorni erosiona el segundo. "Le está frustrando esa representación simbólica al gobierno", afirmó. "El gobierno se ve empantanado con este tema", añadió, y destacó que eso "excede el caso concreto de la figura de Adorni".
El ex diputado, que durante dos años condujo el bloque de 32 legisladores radicales que respaldaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso, fue preciso sobre las consecuencias políticas de largo plazo: el riesgo es que una porción de la ciudadanía concluya que el cambio prometido no fue tal.
Coincidencia con Bullrich
De Loredo expresó su coincidencia con la postura que adoptó la senadora Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada y advirtió que la demora "empantana" al gobierno y al proyecto político. Bullrich también sentenció: "No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr".
De Loredo suscribió ese diagnóstico, pero introdujo un matiz que lo distancia de la posición más cómoda del oficialismo: la apelación a los tiempos de la Justicia como escudo. "Yo no soy amigo del uso hipócrita de 'que la Justicia resuelva', que suele sentarle muy cómodo a la política en una Argentina donde la Justicia se suele tomar dos años, diez años para hacer lo que podría ser en quince días", afirmó en el programa FORUM, por Carlos Paz Televisión.
La crítica apunta a una lógica conocida en la política local: invocar a la Justicia como árbitro cuando sus plazos diluyen cualquier responsabilidad política efectiva. El dirigente reconoció que en este caso el expediente avanza con inusual velocidad, pero insistió en que el daño reputacional no espera sentencias.
No es lo mismo
Recién en ese contexto De Loredo abordó el armado electoral para 2027 y trazó con precisión las diferencias que lo separan de sus potenciales aliados. "Yo no soy lo mismo que Luis Juez", afirmó. "Tengo una buena relación con él, podemos tener puntos en común, pero no somos lo mismo. Tampoco somos lo mismo que La Libertad Avanza".
La aclaración no es menor en un escenario donde la fragmentación opositora al peronismo cordobés sigue siendo el principal obstáculo para una alternativa competitiva. De Loredo insiste en que esa pluralidad es una fortaleza y no una debilidad: "El desafío de la madurez política es ofrecerles esa opción plural, con identidades distintas, pero con un programa de gobierno común a Córdoba".
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Para respaldar esa convicción, el dirigente evocó el precedente de 2023, cuando cedió su candidatura en favor de Juez en la interna opositora: "Yo ya pasé por un proceso en el cual durante un año íbamos a pelearnos o íbamos a estar juntos y, sobre la hora, asumí un criterio de responsabilidad". Aquel gesto, reconoció con franqueza, tuvo un costo: "Nadie me va a quitar de la cabeza que estoy convencido de que hubiese ganado la gobernación la vez pasada".
De Loredo cerró el análisis con la misma lógica que aplica al caso Adorni: la coherencia le exige al gobierno nacional el mismo estándar que él mismo reivindica para la política cordobesa. Austeridad, transparencia y renuncia a los privilegios del poder son, según el precandidato, las condiciones mínimas para que la ciudadanía no vuelva a sentirse defraudada.
