En las últimas dos semanas, los fiscales que acusaron por estafas inmobiliarias y defraudaciones telefónicas producidas desde la cárcel, pidieron penas altas y lograron recuperar bienes, en un caso, y reparar a las víctimas, en otro. Lo que debería haber sido habitual, se transformó en noticia por el contraste que representó frente a debates y abreviados realizados el año pasado con sentencias irrisorias. El cambio es producto del movimiento que decidió en diciembre el fiscal General, Juan Manuel Delgado. Desplazó de la Fiscalía ante la Cámara 10ª del Crimen a Gustavo Dalma y designó en ese lugar a Gustavo Arocena, quien venía desempeñándose como subrogante e intervenía en expedientes de distintas cámaras del Crimen. Su función ahora es ocupada por Laura Battistelli, junto a Fernando López Villagra y Martín Berger.
A la Cámara 10ª del Crimen van las causas por corrupción de funcionarios públicos y las complejas, que instruyen los fiscales Enrique Gavier y Valeria Rissi. En efecto, Gavier en algunas ocasiones se suma a los acusadores en las instancias de juicio como coadyuvante.
Este medio reflejó en una nota periodística publicada el 29 de octubre del año pasado el elocuente ruido interno que generaban los acuerdos en juicios abreviados que alcanzaba Dalma, con penas y reparaciones económicas irrisorias.
Él explicó, en aquel informe, que las condenas se aplicaban según la escala prevista por el Código Penal para cada delito y que se podía prescindir de debates abiertos, porque eran causas sumamente analizadas en las diferentes instancias, por el juez de Control, la Cámara de Acusación y hasta por el Tribunal Superior de Justicia, por el alto nivel de incidentes que presentaban.
La realidad fue advertida por la Fiscalía General ante el indisimulable cuestionamiento a ese perfil acusatorio. Después de años de investigación por hechos que representan verdaderas ingenierías delictivas, se acordaron penas de ejecución condicional en varias ocasiones. En síntesis, los estafadores la sacaron muy barata. Por eso, a fines de diciembre se produjo la rotación mencionada que entró en vigencia en febrero pasado.
El cambio está reflejando mejores resultados en los juicios, si se tiene presente que el objetivo es impartir justicia con condenas acordes a la magnitud de las defraudaciones y, de ser posible, también reparar el perjuicio.
El martes último, la Cámara 10ª del Crimen condenó al ingeniero Pablo Zalazar a siete años y medio de prisión como jefe de la asociación ilícita integrada para cometer más de un centenar de estafas inmobiliarias. Su esposa, Gladys Marisa Isabel Cugnini, recibió la pena de seis años y ocho meses de prisión. La hija de ambos, María Mar Zalazar, fue sentenciada a cuatro años y cuatro meses de cárcel. Los seis restantes acusados, también recibieron penas, pero fueron inferiores por su menor grado de participación.
La novedad del fallo –además de consolidar el criterio de cárcel efectiva para los integrantes de bandas criminales– reside en haber declarado nulos los fideicomisos de los edificios y haber decomisado parte de los inmuebles para destinarlos a la Provincia y a los damnificados. Se contabilizaron 123 estafas. Ocurrieron a mediados de los 2000, cuando personas compraron departamentos en pozo de los emprendimientos Toulouse I, II, III, IV, V y VI, además de Riberas del Suquía.
En el mejor de los casos quedaron las estructuras basales, elefantes blancos, que servían a la vez como vidrieras para futuros emprendimientos. Nunca pasaron a la segunda fase de construcción. No se terminaron.
Los acusadores fueron los fiscales Fernando López Villagra y Enrique Gavier.
Call center tumbero. La misma Cámara resuelve por estas horas si avala o no los acuerdos celebrados en otro proceso trascendente, caratulado ‘Almada, Diego Sebastián’.
Se trata de 28 acusados de estafas telefónicas perpetradas por una organización que era liderada desde la cárcel de Villa María y tenía tentáculos y colaboradores fuera del penal.
En los alegatos, el fiscal Gustavo Arocena pidió condenas para todos, algunas lo suficientemente altas como para despegarse del mínimo. Para el jefe, Rubén Alejandro Heredia, solicitó 11 años y ocho meses de prisión. Es el único que no aceptó un acuerdo para el juicio abreviado.
En el resto de los casos, las condenas solicitadas fueron aceptadas por los acusados. Las más relevantes son: Mario Leonardo Heredia, 10 años y ocho meses; Emanuel Nicolás Ruiz, ocho años y seis meses; Josué Gabriel Tejeda, ocho años y tres meses; Juan Manuel Vázquez, siete años y ocho meses, y Juan Pablo Villarruel, ocho años y 10 meses de prisión.
A la par de los acuerdos por las sanciones penitenciarias, se concretaron reparaciones económicas. El tribunal puso como condición que se depositaran antes de recibir la declaración de los acusados para confesar su participación en la banda.
Eso sucedió con los siguientes imputados. Daniel Barrozo depositó $5.850.000; Sergio Rubén Carranza hizo reparación parcial con $400.000; Yanina Dib Romero, $300.000; Leonel Agustín Míguez, $320.000; Sandra Morán, $336.000, y Micaela Torres, $163.000.
Hay otro detalle a destacar: muchas de las condenas efectivas se aplicarán a personas que están en libertad. Son familiares de los detenidos que realizaban las estafas y prestaban su colaboración para el delito desde el exterior. Si esa ayuda hubiera sido imposible cerrar el círculo defraudatorio cobrando los montos extraídos bajo engaños.
El próximo martes el tribunal dará a conocer el veredicto. Ambos procesos muestran un cambio radical en el modo de llevar adelante las acusaciones sobre asociaciones ilícitas para estafar. Sin contemplaciones, ni siquiera en los abreviados cuando los acusados confiesan haber delinquido, las penas acordadas se asientan en los mínimos previstos.
Además de penas efectivas, se impulsan acuerdos reparatorios significativos a las víctimas de las que se apoderaron de sus bienes y dinero. Al cabo de años ellas pueden encontrar sentido de haberse embarcado en un proceso judicial de por sí desgastante.
