El allanamiento policial realizado el 29 de octubre en el motel Ruta, en la ciudad de Córdoba, tras un supuesto robo ocurrido en una vivienda del barrio El Refugio, quedó envuelto en una fuerte polémica judicial. La defensa de Marcos Pattacini, imputado por el robo que precedió al procedimiento en el albergue transitorio, puso en duda no solo su participación sino también la existencia misma del hecho denunciado.
En declaraciones a Perfil CÓRDOBA, el abogado Luis Obregón, informó que su asistido recuperó la libertad el martes de la semana pasada. Continuará imputado por los delitos de robo y violación de domicilio. Sin embargo, el letrado sostuvo que su cliente “estaba en su casa con su familia” al momento del supuesto asalto y remarcó que esa versión fue respaldada por declaraciones testimoniales y por el análisis de las antenas de geolocalización del teléfono celular, que lo ubican en su domicilio.
Según Obregón, los horarios tampoco cierran: el allanamiento se concretó alrededor de las 8 de la mañana, cuando la denuncia habría sido formulada con bastante antelación, y —afirma— no existe una conexión lógica entre los gritos que habría dado la mujer que se encontraba en la vivienda y la supuesta huida de los delincuentes hacia el motel. “El encargado del hotel no tenía forma de saber eso”, explicó al tiempo que lanzó suspicacias porque sería familiar del dueño de la vivienda donde se habría perpetrado el asalto.
El allanamiento escandaloso
El letrado también cuestionó el modo en que se activó el operativo policial. Aseguró que la comunicación no se realizó a través del 911, sino mediante un "número privado vinculado a una persona determinada del Servicio Penitenciario, lo que derivó en un rápido despliegue policial que culminó con el allanamiento".
Pero el eje más sensible de la defensa apunta al trasfondo laboral del caso. Obregón afirmó que Pattacini fue empleado de la empresa constructora de la supuesta víctima y que mantenían un conflicto por el pago de comisiones de ventas, que ascenderían a unos 50 mil dólares. “Hay una demanda laboral en curso. Mi cliente vendió viviendas por montos muy importantes y comenzaron los problemas: descuentos, reclamos por vehículos y una escalada de tensiones”, detalló.
En ese contexto, el abogado habló de una “elucubración” para perjudicar a su defendido y desligarse del conflicto económico. Incluso puso en duda la existencia del botín denunciado. Este medio le consultó expresamente.
- “¿Qué víctima de un robo millonario está más interesada en perjudicar a una persona que en recuperar lo que le robaron?
-Para nosotros hubo una teatralización del robo”, afirmó.
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Otro punto clave es el reconocimiento. Según la defensa, la mujer que se encontraba en la casa no identificó visualmente a Pattacini, sino que dijo reconocerlo solo por la voz, a partir de un audio previo que le habría hecho escuchar su pareja. Además, describió a otras personas que nunca fueron encontradas. Además refirió que ingresaron tres personas, pero otros testigos hablan de dos supuestos ladrones.
Pattacini recuperó la libertad por "inexistencia de riesgo procesal", precisaron fuentes judiciales a este medio. Continúa imputado. Obregón adelantó que confía en un sobreseimiento en las próximas semanas, una vez que se complete la producción de prueba.
La pareja denunciante
El efecto colateral pero impactante de todo este episodio fue que el allanamiento con presencia de los máximos jefes de la Policía de Córdoba y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afectó a una pareja que estaba alojada en el motel.
Además de ser trasladados a una Unidad Judicial debieron permanecer horas allí hasta que se comprobó que nada tenían que ver con el asalto de la madrugada.
Aclarado ese punto, decidieron demandar a los policías por el maltrato, golpes y ofensas que recibieron cuando irrumpieron en la habitación 18 donde se encontraban.
La confusión surgió cuando el encargado dijo haber escuchado una conversación donde señalaban que tenían armas en ese lugar. El despliegue incluyó versiones de toma de rehenes, el aviso a los canales de televisión y una cobertura periodística que debió cronicar que todo se había tratado de un enorme error.
Esta parte del episodio es investigado por el fiscal Iván Rodríguez.
