El fiscal Anticorrupción Franco Mondino investiga más de medio centenar de contratos de asesores y personal de la Legislatura de Córdoba, incorporados desde fines del año pasado. No hay imputaciones, el expediente se abrió hace tres meses y acumula dos presentaciones. En ese expediente, el viernes último allanó oficinas de la Unicameral, con autorización del juez de Control, Gustavo Hidalgo.
El dato fue confirmado a Perfil CÓRDOBA por fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Agregaron que participó personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del MPF y de la Unidad de equipos de computación de la Policía Judicial.
Mondino abrió un expediente hace tres meses, donde acumuló un pedido de investigación formulado por la propia Martínez, aún imputada por presunto falso testimonio en la causa Guillermo Kraisman–Luciana Castro, y una denuncia de Jorge Oliver —se presentó como periodista— sobre los más de mil contratos publicados por la Unicameral a fines de marzo luego de un amparo judicial que interpuso La Voz del Interior.
Qué investiga Mondino
Por el momento, el fiscal definió un universo de entre 50 y 70 contrataciones del Poder Legislativo producidas desde diciembre de 2024. La pesquisa procura corroborar si, tal como se comprobó con Martínez, hay otros contratos irregulares de personas que no trabajaron en la Unicameral y recibieron pagos sin contraprestaciones acordes a la tarea legislativa.
Tal como explicó este medio, el caso del militante peronista Guillermo Kraisman se descubrió por un hecho fortuito, cuando un cajero de banco advirtió discrepancias entre quien se presentó a cobrar el sueldo, Luciana Castro, y el DNI de Martínez que llevó. Fue a mediados de enero de este año y ambos quedaron detenidos en pleno trámite bancario.
Mondino elevó a juicio esa investigación en agosto pasado, por el delito de defraudación a la administración pública, acusando a Kraisman y a Castro. Se comprobó que Martínez nunca trabajó en la Legislatura a pesar de que se emitió un pago a su nombre como “asesora” y ellos intentaron cobrar el primer sueldo. Es el meollo de esa causa.
En ese expediente no se profundizó sobre quiénes eran los 22 restantes contratados con Martínez. La lista se completa con los siguientes nombres: Daniel Federico Aimar, Liliana Noemí Benítez, María José Cristiani, Josué Daniel Delgado, María Belén Díaz, Facundo Iván Fernández, Macarena Paz Ferré Cinelli, Verónica Andrea Garutti, Ricardo Iván Giovanetti, Esteban Enrique Gómez, Martina González Macías, Maximiliano Martín Luna, Marcelo Gabriel Maydana, Franco Michelazzo, Julio Waldino Peláez, Lucas Peralta, Federico David Pessina, Miguel Ángel Portillo, Ariel Alejandro Rodríguez, Melania Soria, Claudia Mercedes Unnia y Luciano José Verderone Paruzo.
Entre ellos hay una persona que declara ante Arca dedicarse a la reparación de chapa y pintura de autos, estudiantes universitarios, un operador bursátil de cereales y granos y una persona que brinda servicios de mensajería, para citar sólo algunos.
Cuatro funcionarios apuntados
El defensor de Martínez, Gustavo Castellanos, pidió a Mondino que amplíe el radio de la investigación e incluya a cuatro funcionarios: la vicegobernadora Prunotto y el secretario, Sebastián Matías Rossa, porque firmaron el decreto con las 23 contrataciones; a la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, quien negoció con Kraisman la incorporación de un contrato a nombre de la mujer, y a la directora de Capital Humano, Erika Aguilera.
Para el abogado habrían incurrido en “falsedad ideológica” y “falso testimonio”. Sostiene que en el expediente Kraisman–Castro hay prueba documental y testimonios con aparentes contradicciones. Uno de los puntos de especial interés para el defensor es que se demuestre que nunca existió el mentado contrato con la rúbrica de Martínez. Dice que hubo un pedido de Fernández y la lista aprobada por Prunotto, pero no el instrumento legal del vínculo laboral de Martínez con la Legislatura.
Por todo lo explicado, Martínez actualmente tiene una doble condición en la Justicia. En el expediente Kraisman–Castro continúa imputada por presunto falso testimonio y, según explicaron fuentes de la Fiscalía de Mondino, se profundizará en ese expediente su eventual participación en la maniobra defraudatoria. Fue el juez de Control, Gustavo Hidalgo, quien ordenó revisar la situación de la mujer.
En otro, que se tramita aparte, Martínez pidió que el fiscal investigue a Prunotto, Rossa, Fernández y Aguilera.
La segunda denuncia
Mientras sucedían estos movimientos, Jorge Oliver se presentó a Mondino como periodista y formuló una segunda denuncia. Solicitó se investiguen los 1.057 contratos publicados por la Unicameral luego del amparo ante la Cámara Contencioso Administrativo que presentó La Voz del Interior. Sobre esa nómina, Oliver aludió que habría nepotismo, abuso de autoridad, asociación ilícita, cobro indebido de fondos del Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito, estafa, malversación de fondos públicos, peculado y tráfico de influencias, entre otras figuras delictivas.
El fiscal Mondino puso el foco en un lote de entre 40 y 70 personas y decidió acumular la presentación inicial de Martínez y la posterior de Oliver.
Es deseable que la Justicia realmente investigue si los fondos con que la Unicameral paga sueldos y contratos se justifican con trabajo efectivos, reales y pertinentes a su función de legislar.
Hay que recordar qué dijo Kraisman al ser entrevistado por Perfil CÓRDOBA: que el contrato acordado con la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, fue para pagar “trabajo territorial”. Se quejó porque el emolumento sería sensiblemente superior al casi millón de pesos abonado y porque serían dos contratos y no uno. Lo tomó como una traición y él asumió que cometió el error de “creer en la palabra” que le habían dado las autoridades de la Legislatura.
