El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba abrió un debate legislativo sin precedentes sobre el futuro de los "naranjitas": casi una decena de proyectos de ordenanza buscan terminar con la extorsión en el espacio público, aunque con enfoques muy distintos. La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, a cargo del concejal Marcos Vázquez, tendrá a su cargo la articulación de las propuestas.
El nuevo mapa de la calle: entre el control y el desafío de la contención social
Tres iniciativas concentran los principales ejes de la discusión. Una plantea la prohibición total de la actividad. Otra propone un programa social con cooperativas formalizadas y tecnología de control. La tercera —impulsada por el propio Vázquez— busca modernizar el sistema ya vigente con pago digital, cupo de género y sanciones más claras.
El proyecto oficial: modernizar sin demoler
La propuesta del concejal Marcos Vázquez (bloque Hacemos Unidos por Córdoba) es la que marca el eje central del debate. El texto modifica la Ordenanza N° 10.425, que regula el estacionamiento controlado desde hace años, sin derogarla.
El proyecto amplía las zonas geográficas habilitadas y extiende la franja horaria del servicio desde las 20:00 hasta las 06:00 horas. También establece que el precio lo fijará el Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria, con modalidad de pago que contempla opciones digitales.
En cuanto a los oferentes, la iniciativa mantiene el sistema de concesión a organizaciones no gubernamentales y cooperativas de trabajo. Incorpora una novedad: un cupo mínimo del 30% para mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Además, obliga a los trabajadores a recibir formación en comunicación asertiva, resolución de conflictos, primeros auxilios, RCP y seguridad vial. El proyecto también incorpora al Código de Convivencia Ciudadana una sanción de entre 100 y 400 Unidades de Estacionamiento Municipal (U.E.M.) para quien cobre sin autorización o por encima de la tarifa oficial.
Prohibición total con multas y app de denuncias
En el otro extremo del debate, la concejala Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) presentó un proyecto denominado "Extorsión 0 en las Calles" que deroga directamente la Ordenanza N° 10.425 y prohíbe en todo el ámbito de la ciudad el cuidado y la limpieza de vehículos en la vía pública, "en todas sus formas y bajo cualquier denominación".
La iniciativa tipifica tres figuras: cuidador de vehículos, limpiador de vehículos y "organización previa", esta última referida a esquemas coordinados por jefes que asignan calles y espacios a sus integrantes.
Las sanciones previstas son de 250 a 500 U.E.M. La multa se duplica si se prueba "organización previa" y se triplica si la infracción ocurre en un radio de hasta 15 cuadras de un evento masivo autorizado. Si el organizador del evento tiene vinculación con los infractores, puede recibir entre 500 y 1.000 U.E.M. y clausura de sus instalaciones por 15 a 30 días.
El proyecto también apunta a los funcionarios municipales: quien "consienta la actividad u omita disuadir o perseguir" las contravenciones quedará expuesto a sanciones administrativas, civiles y penales.
Para la aplicación, la iniciativa exige que en un plazo de 30 días se habilite dentro de la App Ciudadana municipal una opción de denuncia inmediata vinculada a la actuación de la Guardia Urbana. Las cooperativas hoy autorizadas podrían integrarse al Sistema de Estacionamiento Medido Municipal por única vez y sin incorporar nuevos asociados.
Un tercer camino: auxiliares con código QR
El proyecto del concejal Diego Casado (Hacemos Unidos por Córdoba) propone crear el "Programa Auxiliares del Ordenamiento Urbano", un esquema de carácter social, cooperativo y no coercitivo que convierte a los trabajadores informales en agentes de ordenamiento con uniforme oficial, credencial con fotografía y código QR individual verificable.
Los auxiliares tendrían funciones de asistencia al estacionamiento, orientación a vecinos y turistas, y reporte de irregularidades mediante la App Ciudadana, pero no podrían ejercer funciones de control, sanción ni poder de policía. Tampoco podrían cobrar fuera del sistema autorizado.
El programa priorizaría la inclusión de jóvenes y adultos desocupados a través de cooperativas inscriptas ante el INAES, con capacitación obligatoria certificada por el municipio en tránsito, seguridad vial y atención ciudadana. El cobro quedaría reservado exclusivamente a cooperativas habilitadas; quien cobre sin autorización quedará sujeto a las sanciones del Código de Convivencia.
Un debate que recién empieza
Los tres proyectos reflejan posiciones divergentes sobre cómo abordar una problemática que acumula denuncias de vecinos y turistas por violencia, intimidación y daños materiales en zonas de estacionamiento. Los fundamentos de la propuesta de Rovetto Yapur señalan que la Ordenanza N° 10.425 "no logró solucionar el problema, ya que continuaron las extorsiones y los conflictos" incluso bajo el esquema de cooperativas concesionadas.
La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito deberá articular las casi diez iniciativas presentadas antes de elevar un dictamen al pleno del cuerpo legislativo.
