El derrotero carcelario del expolicía Horacio Antonio Grasso está plagado de sanciones, desde que fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado del niño Facundo Novillo Cancinos, ocurrido en 2007.
A lo largo de su paso por los penales de la expenitenciaría de barrio San Martín, el complejo carcelario de Bouwer, Cruz del Eje y Río Cuarto, su conducta fue pésima. A pesar de ello y de todos los informes técnicos, psicológicos y del dictamen contrario del fiscal Julio Rivero, el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve le concedió la prisión domiciliaria en dos ocasiones.
En la última, patrocinó a Grasso el abogado Lautaro Andruet, hijo del camarista penal de Río Cuarto, Emilio Andruet.
Perfil CÓRDOBA pudo acceder a la última sentencia del magistrado, emitida el 5 de marzo de 2021. Es el fallo que permitió a Grasso instalarse en el departamento 3° B de calle Buenos Aires 315 para cumplir la prisión domiciliaria. Cuando le fue revocada, el 3 de julio pasado, se halló el cadáver de Milagros Micaela Bastos, de 22 años, cuya identidad se conoció en las últimas horas.
Cadáver en el placar: identifican a la víctima e imputan a Horacio y Javier Grasso
El itinerario narrado en este informe adquiere una significación trascendente a la luz del hallazgo macabro.
La conducta de Echenique Esteve está bajo la lupa de la oficina de Sumarios Administrativos que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). También, la de todos los jueces, fiscales y organismos penitenciarios que intervinieron en el control o denuncias contra Grasso. El TSJ ordenó abrir una investigación administrativa para determinar eventuales negligencias o irregularidades en la tramitación de la prisión domiciliaria del expolicía.
Cronología de múltiples violencias
Horacio Antonio Grasso nació el 27 de noviembre de 1970. Ingresó por primera vez al sistema penitenciario en 2006 por amenazas, coacción y lesiones. Estuvo menos de un mes detenido y fue liberado.
Al año siguiente, en un enfrentamiento entre bandas, provocó la muerte de Facundo Novillo Cancinos, de siete años de edad. Lo detuvieron el 25 de abril de 2007.
Cada vez que cayó preso fue alojado en los pabellones destinados a personal de fuerzas de seguridad, por su condición de policía.
En mayo de 2009, la Cámara 3a del Crimen lo condenó a 27 años de prisión por “homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego”. Si no cometía otro delito, la iba a cumplir en 2034. Pero, según las sospechas que pesan sobre él, no podrá salir en libertad ese año. Una joven lo denunció por violación y ahora está sindicado como posible autor o partícipe del crimen de Milagros Bastos.
En cada uno de los penales donde residió desde que fue detenido, tuvo problemas con otros presos y con los guardiacárceles. Así lo refieren las sentencias judiciales.
En enero de 2014 fue alojado en la penitenciaría de barrio San Martín. Al año siguiente, al cerrarse esa cárcel, Grasso fue enviado a Cruz del Eje. Sin embargo, al tiempo de estar alojado en el pabellón de policías, recomendaron trasladarlo a otro establecimiento porque el concepto era “pésimo” y la conducta “mala”.
Estuvo allí hasta agosto de 2018. En los últimos meses de ese año fue sancionado por ocho faltas graves y nueve faltas medias. No permanecía en la celda, no se higienizaba, no respetaba autoridad, provocaba disturbios con el resto de los internos del penal.
Por esa razón, fue trasladado al establecimiento penitenciario de Río Cuarto.
A esa altura ya estaba claro el perfil psicológico y criminal: una persona sin apego a la ley, manipuladora, se quejaba de padecimientos físicos en forma permanente, era peligrosa para sí y para terceros, con rasgos psicopáticos, no controlaba impulsos. Estos son algunos de los conceptos que los jueces de Ejecución observaron en la personalidad de Grasso.
Quien le otorgó la prisión domiciliaria en 2019 y en 2021 fue el juez de Río Cuarto, Gustavo Echenique Esteve. Como en ambas circunstancias fijó domicilio en Córdoba, quedó a cargo del juez de Ejecución Penal N° 1 de esta Capital, Facundo Moyano Centeno, quien se la revocó el 6 de abril de 2020 y luego, el 3 de julio de este año.
El caso del expolicía Horacio Grasso: prueba palmaria de lo que no funciona en la Justicia
Qué pasó en el medio
La primera vez que obtuvo la domiciliaria fue el 31 de enero de 2019. Fijó residencia en la casa de su madre, Eunice Meyer, en barrio General Paz. Al cabo de unos meses, vecinos denunciaron que agredió físicamente a la mujer, intervino la Policía. El fiscal Marcelo Fenoll lo imputó por violencia familiar, pero tras una pericia psicológica, fue declarado inimputable. A los pocos meses, amenazó de muerte a su exabogada y pareja, María Duffey Laxague.
Por esas dos causas el juez de Córdoba, Moyano Centeno, le revocó la domiciliaria y Grasso volvió a la cárcel de Río Cuarto.
Todo lo que se relata en esta nota está en el expediente judicial que debe velar por el cumplimiento de la pena y también en el fallo de Echenique Esteve –al que accedió este medio– que analizó cada una de las cuestiones.
El defensor de Grasso, Lautaro Andruet, volvió a pedir domiciliaria invocando razones de salud. La patología de base era hipertensión arterial. El juez corrió vista al fiscal Julio Rivero que emitió un dictamen adverso desde la primera hasta la última palabra.
Como había ofrecido fijar domicilio en el departamento 3° B de calle Buenos Aires 315 de Córdoba, se libró un oficio para revisar el inmueble. Los técnicos que lo vieron desaconsejaron que quede alojado allí. El apartamento era pequeño, no tenía línea telefónica y el alcance del monitoreo de la tobillera no sería preciso. En síntesis, era escaso el control que podrían tener sobre él.
Contra todos esas evidencias, el juez igualmente le concedió la prisión domiciliaria. La única razón que fundamentó la decisión fue su estado de salud, que mostraba padecimientos crónicos, pero no revestía gravedad.
“En razón de todo lo expuesto se advierte que el derecho a la salud del interno Horacio Antonio Grasso no puede ser garantizado en una unidad penitenciaria y no corresponde su internación en un centro hospitalario”, se lee en la sentencia del magistrado. Y agrega: “Si las patologías de Grasso no pueden ser tratadas adecuadamente en la cárcel (...) la concesión de la prisión domiciliaria se torna ineludible”.
Nuevamente quedó a cargo del juez de Córdoba, Facundo Moyano Centeno. El año pasado, el personal del Patronato del Liberado fue al domicilio 10 veces y en cinco oportunidades no lo encontró. Este año, hasta el 6 de junio pasado, las visitas fueron 11 y en nueve ocasiones no les respondió.
El centro de monitoreo de la tobillera electrónica emitió 225 alertas porque se alejó del domicilio.
Por esos eventos adversos, Moyano Centeno le revocó la prisión domiciliaria el 3 de julio pasado. Dos días después encontraron el cadáver en el placar.
En el ínterin, en 2022 y 2023, una joven del círculo cercano de Grasso lo había denunciado por abuso sexual. El expediente está en la Fiscalía de Delitos Sexuales a cargo de Ingrid Vago.
Mientras gozó de una prerrogativa que procuran muchos presos con prisión preventiva –y no condenados como Grasso– ocurrieron los delitos denunciados, el último de una gravedad impactante, nada menos que un femicidio con ribetes macabros.
