En un mes secuestraron 13 kilos de droga a presos en Córdoba
La intervención del Servicio Penitenciario cumplió un mes y se confirmó el decomiso de cocaína y marihuana. Además, se hallaron más de 270 teléfonos celulares. El ministro de Justicia, Julián López, reveló detalles de la nueva Unidad de Control Penitenciario, que funcionará como una “aduana interna”.
Al cumplirse un mes de la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba, que derivó en la detención de quien tuvo el control de esa área durante 15 años, Juan María Bouvier, desde el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia dieron a conocer un cuadro de situación, donde se destaca el decomiso de drogas y de tecnología, en otros elementos. En ese sentido, la cantidad de droga que se incautó en las cárceles de droga impacta: 2,4 kilos de cocaína y 11 kilos de marihuana.
“Es impresionante. Se venía trabajando en la requisa de visitas e internos, pero en estos últimos 30 días se ajustaron los protocolos y dio como resultado el hallazgo de esta cantidad de sustancias”, sostuvo Julián López, ministro de Justicia de la Provincia, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
Además, se secuestraron 113 elementos punzocortantes, 65 componentes de psicofármacos, 17 recipientes de bebidas alcohólicas,
$ 681.010, 275 teléfonos móviles, 142 cargadores, 143 cables USB, 121 tarjetas SIM, 22 auriculares y 1 pen drive.
“Hemos puesto el foco en trabajar con el personal del Servicio, para contar con la colaboración y el profesionalismo de aquellos dispuestos a normalizar y superar las dificultades en este momento que atraviesa la fuerza”, agregó el funcionario.
A la par de los controles más exhaustivos, López confirmó que se avanza en la construcción de un tinglado en el penal de Bouwer, ubicado en su playa de estacionamiento, antes del ingreso a los portones de la cárcel. “Allí se practicará una exhaustiva requisa de los vehículos que transportan insumos, mercadería o cualquier elemento destinado al complejo”, sostuvo López.
Y añadió: “La mercadería que entre a la cárcel estará precintada, para tener una trazabilidad desde que sale del proveedor hasta que entra. La medida tiene por objetivo determinar de forma fehaciente las responsabilidades de la empresa, el transportista y o quien participa del recorrido”.
Nuevo organigrama. López remarcó que la intervención del Servicio Penitenciario, a cargo de Gustavo Vidal Lazcano, designó a cinco directores generales, cuatro de las cuales son mujeres. La inspectora General Carolina Funes tiene a su cargo la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminología y también fue designada coordinadora de las direcciones generales.
En tanto, Carina Carrizo asumió como directora General de Tratamiento Penitenciario y Obras, Gloria Recalde es la directora General de Formación Profesional y María Fernández está a cargo de la Dirección General de Gestión Administrativa. Además, Cristian Namur, quedó a cargo de la Dirección General de Seguridad. “Históricamente, la estructura estaba conformada por un jefe, un sub-jefe y cinco direcciones generales. Nosotros, con la intervención determinamos que no hay jefe ni sub-jefe por 180 días y designamos a cuatro mujeres en las cinco direcciones generales. Funes, es la Coordinadora General de las 5 direcciones porque es la que tiene el mayor rango en jerarquía, que es inspectora general”, precisó López.
