El defensor público Eduardo Caeiro, quien era investigado por presuntas irregularidades en un concurso judicial, presentó su renuncia con fecha de efectividad a partir del 1 de octubre. La dimisión obedece, según expresó, a "razones personales y familiares", aunque la causa penal en su contra continuará su curso.
La renuncia deberá ser aceptada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y luego remitida al Poder Ejecutivo. Una vez formalizada, el trámite judicial tendrá un cambio clave: al perder sus fueros, la investigación dejará de estar en manos de un juez de control y pasará directamente a la Fiscalía de Enrique Gavier, que ya había solicitado su imputación por el presunto delito de violación de secreto oficial reiterada.
Caeiro estaba bajo investigación administrativa y penal desde noviembre de 2024, cuando la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) denunció supuestas irregularidades en un concurso para cubrir cargos de auxiliares colaboradores de la defensa pública.
El gremio señaló diferencias notorias en el rendimiento de cuatro concursantes vinculadas laboral o académicamente al asesor letrado, lo que motivó la apertura de un sumario interno y el posterior inicio de una causa penal.
En abril de este año, el fiscal Gavier solicitó la imputación de Caeiro y de las presuntas beneficiarias de la filtración: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini, señaladas como posibles partícipes necesarias.
Tras conocerse la renuncia, AGEPJ volvió a reclamar avances en la causa: "Instamos a la justicia penal cordobesa a que determine las responsabilidades, si existieran, y se proceda conforme lo marca la ley, para llevar claridad y tranquilidad a toda la comunidad judicial", expresaron desde el gremio.
