La Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su Anuario Estadístico 2025 y confirmó una tendencia que preocupa al sistema judicial: el marcado crecimiento de la litigiosidad, especialmente en materia previsional y laboral, que volvió a colocar al máximo tribunal al límite de su capacidad operativa. Es una radiografía preocupante del conflicto social y económico que atraviesa al país.
Hay que recordar que está funcionando con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; mientras el gobierno no logra destrabar las negociaciones para proponer a quienes puedan ocupar las dos vacantes existentes.
Durante 2025 ingresaron a la Corte 58.424 nuevos expedientes, el número más alto de los últimos 11 años. La cifra representa un incremento interanual del 27,9% respecto de 2024 y consolida una suba sostenida desde el año 2021.
El dato central detrás de este fenómeno es la concentración de litigios en áreas sensibles: más del 70% de los casos fueron absorbidos por la Secretaría Previsional (41.806), mientras que la Secretaría Laboral concentró otro 12,96% (7.571), confirmando el peso estructural de los reclamos jubilatorios y laborales.
El informe revela además que el Estado es el principal protagonista del litigio. El 59,12% de las presentaciones corresponde a organismos públicos, con un claro liderazgo de la Anses, responsable de 32.133 casos, es decir, el 93% de las presentaciones dentro de ese grupo. En paralelo, dentro del sector privado, las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) explican casi el 80% de las causas empresariales, lo que refuerza el peso de los conflictos laborales judicializados.
Diferentes criterios
El tipo de causas también refleja esta dinámica: el 96,9% de los expedientes ingresados fueron recursos, en su mayoría vinculados a revisiones de decisiones previas, lo que evidencia una fuerte recurrencia y una elevada conflictividad en instancias inferiores, especialmente en temas previsionales.
En cuanto al origen de los casos, el 78,45% provino de las cámaras federales, lo que muestra que gran parte del conflicto ya llega a la Corte tras un recorrido judicial previo. Además, casi la mitad de los expedientes iniciaron su trámite entre 2023 y 2025, señal de una litigiosidad reciente y en expansión.
Un año y ocho meses para resolver
Pese a que el tribunal incrementó su productividad —con 15.652 fallos que resolvieron 26.524 causas, un 39,19% más que el año anterior— el volumen de ingresos superó ampliamente a las resoluciones. El saldo negativo alcanzó los 31.900 casos, profundizando el stock pendiente. El tiempo promedio de resolución se ubicó en 609 días, es decir, un año y ocho meses.
El informe también señala que en 2025 se declararon 41 inconstitucionalidades en 24 casos, mayormente sobre normas provinciales, lo que evidencia el rol del tribunal como árbitro final en disputas políticas entre el Estado Nacional y las provincias.
