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VILLA MARÍA

Estafas desde la cárcel a juicio: jefes penitenciarios le daban todo el poder a un pluma para organizar la banda

Hay 37 acusados, entre los cuales la cúpula del penal, presos, particulares que eran la apoyatura externa y policías. Una organización perfectamente aceitada.

Carcel de Villa María
CÁRCEL DE VILLA MARÍA. Un líder de pabellón organizaba a presos y externos para consumar estafas. Las llamadas se hacían desde el penal. | Cedoc Perfil. Gentileza Puntal Villa María.

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, resolvió elevar a juicio a 37 acusados entre los cuales están todas las autoridades de la cárcel de Villa María hasta el momento de ser detenidos, en septiembre del 2023. Todos, según el rol, participaron de una aceitada banda criminal según señala la acusación, por lo que están imputados por asociación ilícita y numerosas estafas a particulares.

El expediente se centró en actividades de la banda entre enero y setiembre del 2023, en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María. Es uno de los expedientes donde se investigan presuntos hechos y organizaciones de corrupción penitenciaria.

La acusación incluye a cuatro autoridades del penal en aquel momento: los directores Andrés Américo Aciar y Néstor David Gómez; el subdirector Edgar Ezequiel Arroyo; el jefe de Seguridad Oscar Pablo Figueoa, y el subjefe de Seguridad del Módulo MX2 del Complejo Carcelario de Bouwer.

Lo notorio del caso es que la cúpula habría consensuado con el pluma del Pabellón 11 de Villa María, Sebastián Ezequiel Moyano, una banda criminal con un funcionamiento preciso para estafar desde la cárcel a particulares.

Los jefes hacían la vista gorda para el ingreso de celulares, cargadores para que un grupo de presos pudiera hacer las llamadas que se consumaban luego en estafas.

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Moyano se encargaba así de proveerlos dentro del pabellón del establecimiento penitenciario a algunos presos a los que dirigía para consumar las estafas. Estos luego le entregaban un porcentaje producto de los fraudes.

Los internos acusados en el mismo expediente son: Lisandro Omar Agasal, Jonathan Emmanuel Tordable, Iván Fernando Cittadini, Carlos Daniel Orodá, Fabián Emmanuel Gallardo, Braian Nicolás Silva, Cristian José Vera, Daniel Jonathan Santucho, Javier Ignacio Peralta y Juan Pablo Valles.

Como resultaba imprescindible contar con soporte externo al penal, reclutaron a personas de su confianza, por vínculos de parentesco o de amistad, como miembros de esta asociación criminal a saber. También están acusados. Ellos son: César Ariel Moyano, Nancy Pamela Rosales, Carmen Isabel Vázquez, Sofía de los Milagros Abbas, Omar Jesús Urcia, Mariana Soledad Pombo, Ingrid Soledad Chopita, Leonardo Nahuel Riquelme, Mario Alberto Fonsfría, Franco Gastón Vázquez, Aylén Moyano, Agustina Belén Martorina, Agustín Valdez, Joel Elías Vázquez, Gimena de las Mercedes Molina, Braian Exequiel Ferraris, Laura Soledad Moreno, Brisa del Valle Aguirre, Vanesa Mariela Aguirre y Gabriel Emanuel Jaime.

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Marketplace y venta de alfalfa, las vías del engaño

El modus operandi consistía en los siguientes pasos. Primero simulaban interés en publicaciones sobre venta de distintos productos en el mercado de la red social Facebook. Así obtenían los números de teléfono de las víctimas. Acordaban la transacción que falsamente les interesaba, ofrecían una transferencia para el pago. Sin haber enviado ningún dinero, les mostraban a los damnificados, una imagen de un comprobante de transferencia falso por un monto de dinero mayor al que habían acordado.

Después volvían a comunicarse a través de WhatsApp e invocaban un supuesto error por transferir dinero de más. El cuento del tío seguía con la supuesta comunicación al banco para solucionar el problema.

Se generaba la supuesta llamada desde la entidad financiera y allí el siguiente paso era lograr que la víctima transfiriera para rectificar el “error”.

Otra modalidad era la venta de rollos de alfalfa utilizando imágenes de la empresa Compañía Argentina de Alfalfas y Forrajes (CADAF) SA. Los clientes se contactaban, pagaban y jamás recibían los productos.

Además está acusado el sargento de la Policía de Córdoba de Bell Ville, Santiago Mauricio Martín. Cuando conocía la inminente realización de 18 allanamientos con órdenes de detención contra distintos miembros de la asociación criminal investigada, avisó a los imputados y frustró los procedimientos.