Fernando Albareda, exmilitante de Derechos Humanos de Córdoba, será juzgado por un tribunal integrado por jurados populares en la Cámara 5a del Crimen.
La gravísima acusación en su contra por el homicidio triplemente calificado de su madre, Susana Beatriz Montoya, fue confirmada por la Cámara de Acusación con los votos unánimes de los tres jueces.
Albareda deberá responder como autor penalmente responsable de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia, en concurso ideal. Además, se le imputan dos hechos de falso testimonio.
Según la investigación, que acaba de ser confirmada, él habría ingresado al domicilio de su madre, aprovechando que ella se encontraba sola, la habría atacado por la espalda, ahorcándola y golpeándola con violencia hasta quitarle la vida. El tribunal destacó que, tras el crimen, Albareda habría intentado desviar la investigación realizando inscripciones en las paredes con mensajes que vinculaban el hecho con el terrorismo de estado y simulando sorpresa al "descubrir" el cuerpo.
El rechazo a los planteos de la defensa
La defensa de Albareda, ejercida por Mario Gregorio, había solicitado la nulidad de la elevación a juicio, argumentando que no se había respetado el derecho de defensa tras una "indagatoria express" y que no se les permitió analizar pruebas de cargos nuevas de manera oportuna.
Sin embargo, los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies consideraron que no hubo afectación al derecho de defensa. La Cámara señaló que los defensores tuvieron acceso a las pruebas fundamentales, como los informes técnicos de grafocrítica y pericias caligráficas, durante varios meses antes de la declaración del imputado. Estos peritajes fueron claves, ya que determinaron que los mensajes intimidantes dejados en la casa de la víctima pertenecían al puño de Albareda.
Calificación legal y "codicia"
Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue la calificación legal. Solicitaron que se aplicaran "circunstancias extraordinarias de atenuación" debido a la historia vital del imputado, quien habría sufrido abusos en su infancia. No obstante, el tribunal ratificó la calificación de homicidio por codicia, bajo la hipótesis de que el acusado actuó con el fin de cobrar la indemnización del Ministerio de Seguridad relacionada con la desaparición de su padre durante la dictadura militar.
