La causa penal contra los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, no cesa de deparar novedades todas las semanas.
Mientras la secretaria del mismo tribunal, Celina Laje Anaya, presentó una nueva denuncia contra ambos, Montesi decidió cambiar su equipo jurídico. Ahora la defiende el abogado Tristán Gavier, en reemplazo de Manuel Calderón Meynier e Ivana Rossi, del equipo de José Cafferata Nores, quien continúa defendiendo a Sánchez Torres. .
La decisión puede ser interpretada como una diferenciación de la estrategia con que Montesi pretende hacer frente a las denuncias que la comprometen. Quiere ejercer su defensa en forma aislada y sin confundir su actuación con la de su pareja Sánchez Torres. Si bien hay rumores de un enfriamiento del vínculo sentimental, los hechos que basan las denuncias habrían ocurrido mientras constituyeron una pareja presentada como tal en sociedad y votaron en expedientes en forma unánime.
El abogado Tristán Gavier confirmó a Perfil CÓRDOBA que asumió la defensa de Montesi. Señaló que es “una magistrada de extensa trayectoria que goza de amplio respeto y reconocimiento entre empleados, funcionarios y magistrados de la Justicia Federal; por eso también preocupa que se intente construir públicamente una imagen que no se corresponde con su trayectoria ni con el concepto que existe sobre ella dentro del ámbito judicial”.
¿Otra causa por “forum shopping”?
La secretaria de la Cámara Federal de Córdoba, Celina Laje Anaya, con el patrocinio de Claudio Orosz, presentó una denuncia por un "nuevo hecho ilícito" contra los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi.
La presentación señala otra presunta maniobra de "forum shopping" similar a la investigada en el caso Bunge, pero esta vez aplicada a otro expediente de alta sensibilidad gremial, política y económica. Según la denuncia, la causa donde fueron investigados -ya están condenados- los máximos dirigentes de Luz y Fuerza tenía una importancia estratégica para el Gobierno provincial por la reforma del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en la empresa EPEC.
Según Laje, existía un fuerte interés en la confirmación de los procesamientos de los dirigentes sindicales en las causas relacionadas con el gremio para quebrar la voluntad de los trabajadores que se oponían a las modificaciones laborales.
La "maniobra" del segundo voto
El núcleo de la denuncia radica en la presunta manipulación de las fechas de emisión de los votos para forzar una integración del tribunal que favoreciera la confirmación del procesamiento de los imputados. De acuerdo con el Reglamento 316/2023, la integración de un tercer juez para desempatar una disidencia dependía exclusivamente del mes en que se efectuaba el segundo voto.
En la causa "Molina Herrera" (Luz y Fuerza), los hechos habrían ocurrido de la siguiente manera: el juez Eduardo Ávalos emitió su primer voto el 11 de septiembre de 2023, la jueza Graciela Montesi, el 7 de noviembre de 2023. El tercer voto debía corresponder a la jueza Liliana Navarro; sin embargo para que fuera emitido por su pareja sentimental, Abel Sánchez Torres, Montesi habría retenido el expediente y simulado que su voto fue entregado el 4 de diciembre de 2023. En eso consiste la nueva denuncia de Laje Anaya.
La secretaria afirma que se realizaron cancelaciones de pases en el sistema informático de la Cámara con el fin de ocultar que el voto de Montesi ya estaba listo desde noviembre. La propia Laje, en su función de secretaria, emitió en aquel momento un certificado en soporte papel que dejó constancia de la fecha real (7 de noviembre), lo que ahora serviría como prueba clave para desbaratar la "realidad informática falsa" insertada por los operadores del tribunal.
El resultado fue el procesamiento del dirigente sindical Andrés Chianalino por malversación de caudales públicos, por mayoría integrada por la pareja Sánchez Torres-Montesi. Avalos quedó en minoría.
La querella califica esta acción como una "conducta fraudulenta" y un abuso de autoridad cometido a sabiendas para imponer una voluntad propia por encima de los reglamentos de subrogancias. Orosz solicitó que esta nueva denuncia se investigue por cuerda separada para no retrasar la causa principal y adelantó que entregará material probatorio en formato de audio cuando el Ministerio Público Fiscal lo requiera.
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Qué dice el defensor
Las ironías del destino hacen que Tristán Gavier, que en el juicio defendió al secretario general de Luz y Fuerza -Jorge Molina Herrera- ahora defienda a Graciela Montesi.
El letrado opinó que hay “un patrón” en las presentaciones contra su defendida. Lo explicó del siguiente modo: “cuando la causa se aproxima a una decisión que podría no favorecer a la querella, aparece una nueva denuncia contra magistrados, funcionarios o testigos”.
En referencia a la causa Luz y Fuerza señaló que “el certificado invocado por la denunciante contradice aspectos centrales de su propio relato” y opinó que “el objetivo es generar sospecha y presión sobre quienes deben declarar o resolver. Nosotros vamos a responder con documentos, fechas y constancias oficiales, y pedimos que la causa se decida exclusivamente por la prueba y el derecho”.
