La inversión educativa en Argentina ha mostrado una caída sostenida en la última década. Según un informe de Argentinos por la Educación, 19 de las 24 provincias gastaron menos en educación en 2024 que en 2014. Es previsible que la reducción del gasto educativo afecte negativamente la calidad de la educación. Limitando la capacidad para mejorar la infraestructura escolar y actualizar materiales educativos y con menores salarios es previsible la profundización de la degradación del sistema.
El fenómeno no debería sorprender. Está íntimamente relacionado con un contexto caracterizado por el estancamiento productivo, muy alta inflación, reducción de salarios y aumento de la pobreza. Su principal consecuencia la sufren los niños y adolescentes que no acumulan las destrezas necesarias para abordar con éxito su futura inserción laboral.
Menos énfasis en el gasto, más en la gestión
Recuperar la inversión educativa será un proceso largo, dado que depende de un ordenamiento más amplio de las finanzas públicas provinciales. Sin embargo, se puede revertir mucho más rápido la degradación educativa mejorando la gestión. En otras palabras, encontrando la manera de que con los mismos recursos disponibles, los estudiantes aprendan más y mejor.
Aunque la caída en la inversión es preocupante, mucho más preocupante es no aprovechar las oportunidades de aumentar significativamente la eficiencia del sistema educativo. A pesar de la disminución en los fondos, Argentina destina aproximadamente un 5,3% de su PIB a la educación, cifra superior al promedio latinoamericano y alineada con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, los resultados siguen siendo insatisfactorios. Según las pruebas Aprender 2024, casi la mitad de los alumnos de sexto grado no alcanzan niveles satisfactorios en Matemática, y un tercio no lo hace en Lengua. Además, solo el 55% de los estudiantes termina la secundaria a tiempo, con tasas de abandono especialmente altas en el norte del país y entre los varones.
A pesar de que el gasto educativo de Argentina es comparable al de los países de la OCDE, los resultados en las pruebas PISA siguen siendo inferiores. Esto revela problemas de eficiencia. Un factor clave es que el 90% de la inversión se destina a salarios, dejando pocos recursos para áreas fundamentales como infraestructura, innovación pedagógica y formación continua de los docentes.
¿Qué tiene que cambiar en la gestión?
El punto de partida es asumir que en la distribución de funciones entre jurisdicciones, las provincias son las responsables de la educación básica. Por lo tanto, el éxito del sistema depende de generar una estructura de incentivos que induzcan a que las provincias introduzcan mejoras en la gestión. Migrar de incentivos que promueven la mediocridad y la degradación del sistema, a otros que pongan como meta aumentar la acumulacion de aprendizajes de los alumnos.
Si bien el gobierno nacional no puede obligar a las provincias a priorizar la educación, sí puede empoderar a la ciudadanía para que presione a que se mejore la administración de los fondos educativos. Para ello cuenta con una herramienta poderosa: la producción y difusión de información confiable sobre el desempeño de las escuelas. La transparencia en la información sobre los resultados educativos ayuda a que la sociedad en general presione a los gobiernos provinciales y a las escuelas a que se esmeren en administrar con eficiencia los recursos educativos.
¿A quién le importa la educación?
El Estado nacional debe coordinar la producción y difusión de información. En definitiva garantizar la transparencia. Las provincias como responsables de las escuelas y empleadoras de los docentes deben administrar y rendir cuentas por los resultados obtenidos. Con roles bien definidos, se puede mejorar la gestión educativa y garantizar un rumbo claro hacia la mejora. Es imprescindible que la gestión educativa “garpe”. Que los responsables, desde el gobernador hasta el docente, sientan que la gente valora y reconoce los logros y rechaza y penaliza los malos resultados educativos.
Otro aspecto clave es la formación docente. Los maestros deben estar preparados para enfrentar los desafíos que se presentan dentro de las aulas, dotándolos de herramientas para abordar las áreas donde los estudiantes más fallan. Las remuneraciones deberían premiar la dedicación y los logros. Es muy injusto que los docentes que se comprometen con el aprendizaje de sus alumnos cobren lo mismo que los que no lo hacen.
También es fundamental intervenir de manera focalizada en las escuelas más rezagadas, asegurando que los esfuerzos lleguen a los lugares que más los necesitan. Para ello, es crucial transparentar los datos de las pruebas por escuela y cruzarlos con información censal, lo que permitirá identificar de manera más efectiva las áreas que requieren atención urgente, garantizando así una gestión educativa más eficiente.
*Economista de Idesa
