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CóRDOBA
FALLO JUDICIAL

La Justicia obliga a la Provincia a garantizar la hora de lactancia a docentes del sistema educativo

La resolución sienta un precedente clave en un reclamo histórico de las docentes cordobesas por un derecho amparado en la legislación nacional y la Constitución Provincial, pero sistemáticamente negado por la cartera de Educación.

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La docente había solicitado un recurso de amparo para poder amamantar. (Foto ilustrativa) | CEDOC

El Ministerio de Educación de Córdoba debió dar marcha atrás y reconocer el derecho a la hora de lactancia a Lucía Fernández, profesora del IPEM 20 Rodolfo Walsh, tras una intimación judicial que derivó de un recurso de amparo presentado junto a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Delegación Capital. El fallo marca un precedente en la lucha que las docentes sostienen desde hace años por un derecho reconocido por ley, pero negado en la práctica por el sistema educativo provincial.

"Inicié el reclamo por mi hora de lactancia en julio. Me respondieron que no me correspondía, pero decidí avanzar con el gremio UEPC Capital y presentar un amparo", contó Fernández a El Resaltador. La negativa del gobierno provincial la llevó a judicializar su reclamo con el acompañamiento del equipo de abogados de la delegación sindical.

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El 9 de septiembre se realizó una audiencia de mediación en la que la Justicia ordenó a la Provincia responder en un plazo de diez días. Tras la intimación judicial, se firmó un acuerdo que garantiza dos avances fundamentales: el reconocimiento de una hora de lactancia en las jornadas laborales más extensas y la creación de un espacio acondicionado dentro de la escuela para ser utilizado como lactario.

Hasta la resolución judicial, Fernández debía amamantar o extraer leche en el baño de profesores. A partir del acuerdo, podrá retirarse una hora antes en los días de jornada extendida y utilizar un nuevo espacio acondicionado en la escuela para ejercer su derecho en condiciones dignas.

La franquicia horaria por lactancia materna es un derecho establecido en la legislación nacional y respaldado por la Constitución Provincial. Sin embargo, el Ministerio de Educación de Córdoba ha mantenido una sistemática negativa a reconocerlo en el sistema educativo provincial, lo que obligó a las docentes a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

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