La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por Marcos Vázquez (HUxC), dio un paso clave en la discusión sobre las aplicaciones de transporte en Córdoba. Se aprobó por mayoría un despacho unificado que fija las condiciones legales bajo las cuales los servicios como Uber, Cabify o DiDi podrán funcionar formalmente en la ciudad.
Los bloques opositores —UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba— optaron por abstenerse de votar, y anticiparon que definirán su postura final cuando el tema llegue al recinto. El proyecto tomará estado parlamentario este jueves y se votará en sesión ordinaria en las próximas semanas.
Qué establece la propuesta
La regulación establece que las empresas deberán inscribirse en un registro municipal y acreditar su situación tributaria. A su vez, los conductores deberán presentar certificado de antecedentes, documentación del vehículo, póliza de seguro y otros requisitos administrativos.
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Uno de los puntos centrales y más polémicos es la implementación de un cupo de vehículos habilitados, fijado en una unidad cada 375 habitantes, lo que representa un total de poco más de 4.000 autos. Se calcula que actualmente circulan alrededor de 16.000 bajo esta modalidad, en su mayoría sin regulación formal. También se habilita que los actuales taxistas y remiseros puedan operar a través de estas plataformas, integrándose al nuevo sistema.
Tarifa, horas y seguro
La tarifa será mixta: incluirá un valor mínimo obligatorio —que no podrá ser menor al de un boleto de colectivo— y un valor dinámico, informado de antemano al usuario. Además, se establecerá un límite de 12 horas diarias para los conductores. Otro punto debatido fue el del seguro obligatorio. Finalmente se impuso el criterio de exigir una póliza individual por vehículo, a pesar de que las empresas ya cuentan con coberturas propias. Se priorizó —según argumentaron— la protección del pasajero.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, la principal objeción fue el cupo de vehículos. La concejala Jéssica Rovetto Yapur calificó la medida como decepcionante, y sus pares Juan Balastegui (UCR) y Gabriel Huespe (Ciudadanos) coincidieron en que el esquema debería estar guiado por la lógica de oferta y demanda.
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“Lo que va a pasar es que van a seguir funcionando en la informalidad”, advirtió Balastegui. En respuesta, Vázquez sostuvo que el despacho busca un “sano equilibrio”: “El mercado no regula en favor de la gente. Buscamos cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”, añadió.
El edil también recordó que esta normativa surge tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que instó a los concejales a encuadrar legalmente a las apps. “Las empresas tuvieron la oportunidad de participar, pero no vinieron”, remarcó.
