La oposición en la Unicameral unificó su ofensiva contra el gobierno de Martín Llaryora con la transparencia como eje. Con matices, la UCR, el juecismo y el PRO renovaron críticas al funcionamiento del acceso a la información pública y apuntaron al incumplimiento del Ejecutivo. En esa línea, los opositores impulsan —en paralelo— reformas de fondo sobre las leyes 8.803 y 10.835, con el objetivo de actualizar el marco normativo y llevar a Córdoba a estándares más exigentes de transparencia y control.
El radical Miguel Nicolás denunció un “incumplimiento permanente” de ambas normas vinculadas a la transparencia del Estado, mientras que el juecista Walter Nostrala apuntó con dureza contra el PJ en el poder por ser “refractario a los controles”. En paralelo, otros legisladores como Brenda Austin (UCR) y Oscar Agost Carreño (PRO) reclamaron cambios estructurales para elevar los estándares vigentes. En esencia, el planteo opositor pasa por actualizar el marco normativo local a parámetros nacionales e internacionales.
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Al respecto, Nicolás sostuvo que la administración provincial “viola consecutivamente” el derecho de los cordobeses a acceder a información “completa, veraz, adecuada y oportuna”, en línea con el principio de publicidad de los actos de gobierno. Pero, además, apuntó a una práctica que —según advirtió— “se ha normalizado, evitando informar o generando vericuetos informáticos”.
El parlamentario fue un paso más allá en su embate contra el PJ. Cuestionó que incluso la prensa debe recurrir a la Justicia para obtener datos oficiales ante la negativa del Ejecutivo. Así aludió, al igual que Austin, a las derivaciones del caso de la “empleada fantasma” en la Unicameral. A su vez, se quejó por el “cajoneo” de los proyectos de transparencia de la oposición, lo que —según planteó— refuerza el esquema de opacidad.
Por su parte, Nostrala disparó munición pesada. El ultrajuecista acusó al gobierno de ser “refractario a los controles” y de intentar deslegitimar al Tribunal de Cuentas con el “relato” de que “obstruye la gestión”. “El ‘emperador’ Llaryora debe saber que cuando termine su mandato en 2027 va a tener que rendir cuentas ante quien corresponda, le guste o no le guste”, apuntó.
Discusión de fondo
Detrás de estas críticas aparece un debate estructural sobre la efectividad del marco normativo. La ley 8.803 garantiza el derecho de acceso a la información pública, mientras que la 10.835 de administración financiera establece mecanismos para facilitarla, mediante herramientas digitales. Sin embargo, para la oposición, la distancia entre la letra y la práctica es cada vez más evidente.
De hecho, los cuestionamientos se apoyan en experiencias concretas. El funcionamiento del Portal de Transparencia aparece como un obstáculo en sí mismo. Aunque permite navegar datos, el recorrido —describen los opositores— se vuelve un laberinto y no alcanza el nivel de detalle, como montos desagregados o destinatarios. “Te perdés y no llegás a información concreta”, sumó un asesor especializado en el tema.
Asimismo, las dificultades —añadieron— se replican en áreas sensibles como licitaciones. Allí, el acceso exige conocimientos técnicos avanzados e incluso, en algunos casos, credenciales específicas, lo que restringe su uso por parte de ciudadanos comunes.
Otro caso testigo surge al analizar el gasto de los Centros Cívicos del interior. La información disponible se limita a cifras globales, sin desglose de plantillas de personal, distribución de recursos ni estructura de funcionamiento. Asignaciones millonarias aparecen sin discriminación territorial ni detalles de ejecución. “Es todo una nube”, fustigaron desde la oposición ante la imposibilidad de reconstruir el destino del gasto.
Proponen reformas
Los proyectos del arco opositor buscan corregir falencias y llevar a Córdoba a estándares de la ley nacional y de organismos internacionales. Desde la UCR, Brenda Austin impulsa una reforma integral para reemplazar la ley vigente bajo el paradigma de la “transparencia activa”: un Estado que pone la información a disposición aun sin requerimiento de los ciudadanos.
Según planteó, la experiencia acumulada evidencia tanto los límites de la norma como la falta de cumplimiento del Ejecutivo. “Si el gobierno no cree que tiene la obligación de rendir cuentas, lo que termina pasando es el oscurantismo que venimos viendo y un montón de espacios opacos que dan lugar a un caldo de cultivo para la corrupción”, recriminó Austin.
“Soy una convencida de que abrir mecanismos de transparencia activa y, a la vez, facilitar herramientas para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan controlar, mejora el cumplimiento de los funcionarios del Estado en términos de lucha contra la corrupción”, enfatizó.
En tanto, el Frente Cívico reclama modificar la ley 10.835 para fijar plazos concretos en la carga de información en el Portal de Transparencia. En su movida, el juecismo demanda garantizar un control “en tiempo real” del gasto público y exige incorporar a agencias y entes descentralizados bajo un esquema más exigente.
“El proyecto propone establecer por ley un portal digital donde cualquier persona pueda controlar y vigilar en tiempo real en qué se gasta el dinero de sus impuestos, fijando claramente tiempos y condiciones para la carga de información y eliminando toda posible discrecionalidad o intento de enmascararla. El fin es consolidar un gobierno más abierto y una ciudadanía más informada”, declaró Nostrala.
El amarillo Agost Carreño también sumó su planteo: “Propongo actualizar una ley de 1999 para que el acceso a la información pública en Córdoba sea realmente gratuito, digital y rápido, y para que haya funcionarios responsables cuando el Estado no responde. Y, si aun así no responde, que el ciudadano pueda ir directamente a la Justicia sin más trámites”. “Es el mismo mecanismo que impulsamos en nación cuando fuimos gobierno y aprobó el Congreso: funciona y está alineado con los estándares internacionales de transparencia”, cerró.
En paralelo, el legislador aportó —a modo de primicia— dos iniciativas vinculadas a integridad y transparencia en la obra pública en Córdoba, con herramientas de trazabilidad digital.
Así, entre denuncias, casos concretos y reformas para el debate, la oposición busca instalar la transparencia como uno de los principales ejes de desgaste del oficialismo. Un terreno donde, pese a las herramientas formales, el acceso efectivo a la información pública sigue bajo cuestionamiento. Perfil Córdoba consultó a fuentes del oficialismo, pero no hubo respuesta.
