El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó un decreto que pone en marcha una nueva etapa en la reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de la Ley N.º 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar la estructura de las sociedades del Estado y de economía mixta. La medida apunta a optimizar recursos y reducir un 30% las estructuras de diversas agencias y entes públicos. Pero un legislador libertario busca impedirlo.
El decreto establece que varias agencias provinciales —entre ellas Córdoba Deportes, Córdoba Cultura, Córdoba Turismo y la Agencia de Inversión y Financiamiento (ACIF)— pasarán a funcionar como entes autárquicos, con mayor autonomía administrativa y financiera, pero manteniendo su denominación y su vinculación con el Ejecutivo.
Además, se crea un nuevo ente autárquico, ProCórdoba, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública, que integrará las competencias de tres organismos: ProCórdoba, Córdoba Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba. El proceso incluye la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos entre las nuevas estructuras.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la decisión se enmarca en los procesos de modernización institucional, con el objetivo de potenciar capacidades y mejorar la eficiencia del gasto público. El Ministerio de Economía tendrá la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la medida.
¿Porqué un libertarios se opone?
Sin embargo, la decisión ya generó resistencia en algunos sectores de la oposición. El legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda cuestionó públicamente la potestad del Ejecutivo para avanzar con la disolución o transformación de organismos creados por ley, argumentando que “la creación de las agencias se hizo mediante una ley y por lo tanto, siguiendo un principio jurídico básico, se deben eliminar por ley", explicó.
El "exlilito" recordó que el gobernador, durante su discurso "el primero de febrero prometió que las iba a eliminar, no que las iba a transformar. Por lo tanto, creemos que este decreto que las transforma, que las modifica en el fondo, no representa un verdadero achicamiento del gasto, y además modifica agencias cuyo control preventivo del gasto por parte del Tribunal de Cuentas es inexistente”.
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El legislador agregó que la ley que delega facultades al Ejecutivo para transformar agencias “no permite eliminarlas y es inconstitucional, porque el artículo 13 de la Constitución de Córdoba prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas en el poder ejecutivo”. Según Hernández Maqueda, si hubiera una voluntad decidida del gobernador de eliminar el 30% de las agencias —como prometió al abrir el período ordinario de sesiones— debería aprobar alguno de los proyectos de ley presentados por la oposición o enviar su propio proyecto compatible con ellos. En su opinión, “si no quiere eliminar todas, que es nuestra propuesta, al menos avanzar en el 30% sería positivo y recibiría nuestro voto; pero esto que ha hecho es que cambie algo para que no cambie nada”.
El planteo del legislador pone el foco en un punto clave: la división de poderes y los límites de acción del Ejecutivo. Mientras el Gobierno interpreta que la Ley N.º 11.015 le otorga atribuciones para reorganizar las sociedades estatales, desde la oposición insisten en que la eliminación o modificación de entes públicos creados por ley requiere tratamiento legislativo.
El decreto —que aún deberá reglamentarse en detalle— se presenta como una pieza central en el plan de ajuste estructural y eficiencia administrativa del gobierno de Llaryora, pero abre un nuevo frente político con sectores que reclaman mayor control parlamentario sobre las reformas del Estado.
