"Se nos van todos de la Legis", alerta un operador y fuerza: "quedamos los buenos". Pese a la broma, otra pieza clave del oficialismo pasará a ocupar una oficina en el Panal.
Nadia Fernández dejará su banca en la Legislatura provincial para incorporarse al Ministerio de Justicia como segunda de Julián López, en un movimiento con fuerte carga política y simbólica dentro del esquema del gobernador Martín Llaryora. La legisladora oficialista pedirá licencia en la sesión de este martes y pasará al Ejecutivo con una misión concreta: coordinar la política carcelaria y la acción antidrogas del Gobierno provincial.
Aunque el nombre formal del cargo todavía no fue definido, en el Centro Cívico ya dan por cerrado su rol estratégico: será el nexo entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público Fiscal, especialmente en lo vinculado a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Un triángulo sensible, técnico y, sobre todo, políticamente inflamable. En su lugar asumirá Doris Mansilla, dirigente del GEN, dentro del interbloque Provincias Unidas.
El desembarco de Fernández se inscribe en una serie de movimientos impulsados por Llaryora para fortalecer el gabinete con dirigentes de peso político. La lógica ya se vio en Salud, con la llegada de Liliana Montero como secretaria general, y en Educación, donde Victoria Flores ocupó un rol similar. El gobernador necesita menos tecnicismo y más política en quienes lo rodean.
Otros cambios en el Panal
En ese mismo paquete se explicó también el arribo de Marcelo Rodio a la Agencia Córdoba Cultura, desplazando a Raúl Sansica a un segundo plano. Cambios quirúrgicos -como explicó Perfil Córdoba-, pero con mensaje interno.
Fernández no es una recién llegada. Es legisladora del peronismo cordobés por cuarta vez y hasta ahora presidía la Comisión de Seguridad de la Unicameral. De hecho, fue una de las voces encargadas de defender la creación de la Procuración Penitenciaria, el nuevo organismo de control del Servicio Penitenciario que encabezará Bettina Croppi. Ahora, pasará de la defensa discursiva a la gestión concreta.
Su salida de la Legislatura también despeja lecturas políticas que la ubicaban en retroceso tras el escándalo por la empleada fantasma vinculado a Guillermo Kraisman. El pase al Ejecutivo, lejos de confirmar ese diagnóstico, lo desactiva: Fernández no solo sigue en carrera, sino que aterriza en una de las áreas más delicadas del gobierno provincial.
