Nueva ley de seguridad en Córdoba: cuestionan la “transferencia de responsabilidad” de la Provincia a municipios y empresas privadas
En la sesión del próximo miércoles en la Legislatura tratarán el proyecto de ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana enviado por el Ejecutivo provincial. Legisladores de la oposición consideran que se “corre la responsabilidad del Estado”.
Los agentes policiales, municipales y privados podrán usar armas reducidas de letalidad. |
CEDOC
Será una semana candente en el ámbito legislativo de Córdoba por el tratamiento del plan de Seguridad que presentó el oficialismo. El proyecto propone integrar el servicio de la Policía con prestaciones de guardias locales y agentes de empresas privadas. La oposición marcó “problemas graves” en la propuesta de ley.
Rodrigo Agrelo, legislador por Encuentro Vecinal, y Brenda Austin, de Juntos por el Cambio, salieron este lunes a marcar los puntos que consideran cuestionables del proyecto de ley enviando por el Ejecutivo. Ambos coinciden en que este nuevo plan de Seguridad delega “obligaciones de la Provincia” a los municipios y a las empresas privadas.
Según Agrelo, la norma tiene otros dos problemas “graves”: viola la intimidad de las personas y existe riesgo de responsabilidad solidaria de los municipios y la provincia en demandas contra agencias de seguridad privadas.
Además, “no atiende las causas del delito sino sólo algunas de sus consecuencias”. “Hay que trabajar el proyecto de vida de los jóvenes. Las manos y las mentes desocupadas son caldo de cultivo para el delito”, consideró.
Reproches y sospechas
La legisladora radical Brenda Austin cuestionó que la nueva ley haya sido enviada “para discutir contra reloj y tratar este miércoles en un clima probable de alta conflictividad social”. Para ese día hay convocatorias a manifestaciones contra el ajuste económico y el protocolo 'antipiquetes' que estableció el Gobierno nacional.
La docente consideró que el plan anunciado por el flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, “corre la responsabilidad del Estado en la materia” y se la transfiere a otros actores: “privados y municipios”.
La ley prevé que el Estado puede contratar empresas privadas para custodiar cualquier espacio o establecimiento público. Así, “pone en manos privadas parte de su función esencial de prevenir y combatir el delito” y “aun en espacios públicos te ‘cuidan’ los privados”, indicó Austin en un comunicado.
En tal sentido, la legisladora tiene serias sospechas sobre el nuevo sistema de seguridad: “El personal de seguridad privado tiene un gremio que se llama SUVICO. El titular del gremio se llama Pedrocca y es concejal del peronismo”.
Sobre las “Guardias Locales Municipales” que procura poner al servicio la nueva norma, la parlamentaria asegura haber consultado en los municipios más pobres y le respondieron con frases con las que intentan seducirlos: "que reorganicen el personal" y "seguro hay alguien en algún lugar para mover".
Armas y capacitación
Austin entiende que con esta nueva ley “tercerizan completamente la capacitación de estas nuevas fuerzas ‘paraestatales’ que van a portar armas menos letales” porque correrá por cuentas de las “mismas empresas privadas o los municipios por si, o bien contratando a asociaciones civiles o fundaciones”. “¿Van a poner en manos de personas no idóneas armas Byrne?”, se preguntó.
