El abogado que encabeza la presentación judicial contra la instalación de portones en barrios de Villa Allende confirmó que ya fue apelado el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa y que el caso quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, mientras el Ejecutivo municipal avanza con la licitación para colocar los cerramientos.
En diálogo con Punto a Punto Radio 90.7, el letrado de los Vecinos Autoconvocados de Villa Allende, Hugo Yagüe, afirmó que la decisión del municipio constituye una señal política negativa sobre la gestión de la seguridad. “Transformar ciudades en fortificaciones demuestra a las claras el fracaso absoluto y flagrante de las políticas de seguridad implementadas, tanto por la Provincia como por el municipio de Villa Allende. Lejos de ser una medida que enaltezca la gestión, es la admisión pública de un fracaso”.
Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es la falta de antecedentes que respalden la medida. “La medida no tiene ningún antecedente exitoso, ni siquiera comparable en otras localidades. No hay un solo antecedente que la municipalidad haya brindado en el escrito en el texto del expediente”.
Para graficar la lógica con la que, según su mirada, se avanzó con el proyecto, comparó la decisión con una intervención médica sin diagnóstico previo. “Esto es como ir al médico por un dolor de rodilla y que te digan: ‘por las dudas te vamos a operar de apéndice’. Acá se arbitra una medida sin estudios previos, sin análisis y sin fundamentos”.
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El abogado cuestionó además el respaldo técnico de los datos utilizados por el municipio para justificar la colocación de los portones. “La municipalidad ofrece una estadística cuyas bases desconocemos. Es una estadística destemplada”. Según explicó, en el propio expediente se identifican como zonas con mayores índices de inseguridad al barrio Centro, barrio Industrial y Lomas Sur.
Licitación bajo sospecha
Mientras la medida se encuentra judicializada, el municipio avanza con la licitación para la instalación de los portones, cuyo resultado se conocería este jueves. “Esto forma parte de las imprudencias e improvisaciones. El Ejecutivo tuvo que rectificar el texto del decreto de licitación porque lo habían redactado de una manera que dejaba afuera a quienes van a colocar los portones”.
Por otro lado, enumeró los derechos que, a su entender, se ven afectados por la implementación de los portones. “Hay derechos violados como el libre tránsito, el derecho a la participación, el derecho a peticionar ante las autoridades y el derecho a la no discriminación”.
Otro de los puntos cuestionados es el mecanismo de consulta vecinal implementado por el Ejecutivo local. “Solo puede votar una persona por vivienda y el inquilino puede votar únicamente si lo autoriza el propietario. Eso viola el derecho constitucional a participar y a peticionar ante las autoridades”.
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Finalmente, sostuvo que la iniciativa no responde a una política de seguridad basada en evidencia, sino a una estrategia de posicionamiento. “Esto es parte de una maniobra de exposición pública, de posicionamiento político o de alguna otra cosa que realmente no admite ningún fundamento”.
