El Gobierno de Portugal aprobó una nueva normativa que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas de escuelas primarias, tanto públicas como privadas, a partir del ciclo lectivo 2025‑2026. La decisión se basa en un estudio oficial que evidenció una caída del 59% en casos de acoso escolar y una reducción de la indisciplina superior al 57% en secundaria.
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El decreto-ley establece que los celulares no podrán ser utilizados en el aula por alumnos de entre 6 y 12 años, mientras que en la secundaria la regulación será más flexible y consensuada con los estudiantes. Se contemplan excepciones para casos de salud o necesidades especiales.
Además del descenso en el bullying, los colegios portugueses que aplicaron la medida reportaron más interacción social durante los recreos, mayor participación en actividades físicas y mejor clima escolar.
El debate en Córdoba: libertad institucional y uso responsable
A diferencia del caso portugués, la provincia de Córdoba no cuenta con una normativa que prohíba el uso de celulares en las aulas. Desde el Ministerio de Educación se sostiene que la regulación debe formar parte de los acuerdos de convivencia de cada escuela, y que la prioridad es educar para un uso pedagógico y responsable de la tecnología.
Algunas instituciones cordobesas han implementado restricciones propias, pero no existe una política provincial uniforme. La norma que impedía el uso de celulares en clase, sancionada en 2005, cayó en desuso y fue derogada en 2018 por el Ministerio de Educación.
El ejemplo de Portugal vuelve a poner el foco en el impacto de los dispositivos móviles en la vida escolar y abre interrogantes sobre los límites entre conectividad y aprendizaje. Mientras tanto, el modelo cordobés sigue apostando por la autonomía institucional y el trabajo conjunto entre docentes, familias y estudiantes para establecer normas adaptadas a cada comunidad educativa.
