Un simple repaso para ver cómo cerró el 2016 y empezó el 2017 en Córdoba alcanza para recordar un caso policial que involucró en su momento a actores poderosos de la política y la justicia cordobesa, asaltados en una coqueta casa de barrio Cofico a manos de un grupo comando que, por otra parte, tenía un detalle particular: estaba integrado por un subcomisario de Villa Allende en actividad. El hombre de la fuerza, Víctor Ariel Barrionuevo, sirvió para sacudir al oficialismo provincial con un nuevo hecho que tenía en pleno foco de conflicto a la Policía cordobesa. Una vez más: como en el narcoescándalo y en el “motín de los Juanes” de finales del 2013, la Policía volvía a ser cuestionada.
La situación derivó, por un lado, en el anuncio que hace casi un año realizó el Gobierno provincial con la creación de la Dirección de Conducta Policial en el marco de una nueva exhibición de integrantes de la fuerza y patrulleros frente a El Panal; y, por otro, en el proyecto que ingresó a la Legislatura dentro de un paquete de medidas vinculadas a la seguridad que se aprobó con el único respaldo del oficialismo, que se vio coronado con la puesta en marcha del nuevo organismo, a mediados del año pasado.
Se trata de un organismo complementario al Tribunal de Conducta creado en 2003 por el exgobernador José Manuel de la Sota que en su momento originó una interna entre los que venían controlando y los que empezaban a controlar.
Sin embargo, con dos direcciones vigilando la conducta policial, muchas veces viciada de los hábitos de la delincuencia, poco cambió. Los casos de robos, abusos de autoridad y hurtos, entre otros delitos en los que estuvieron involucrados policías, continuaron.
Un asalto a la política, la piedra basal. En la fuerza, la mayoría coincide en que el robo en la noche previa a la Navidad, cuando tomaron por asalto la cena de la que participaban políticos, fiscales y jueces, fue la que dio origen a la Dirección de Control. Cuando cayó Barrionuevo, un subcomisario que se encontraba en condiciones de seguir escalando en el organigrama policial, el poder político creyó que era el momento para ajustar las clavijas dando un golpe de efecto. Un volantazo que, por cierto, incluyó la frase del ministro de Seguridad y Gobierno de la Provincia, Carlos Massei. El ministro, en la explanada de El Panal, fue enfático al señalar que se trataba de un mensaje no solo a la sociedad, sino “también hacia adentro de la fuerza”. “Quiero decirle a la inmensa cantidad de policías honestos que sigan trabajando así, que a los policías delincuentes los vamos a sacar a patadas”, sostuvo.
Sin embargo, y pese a que hasta ese momento eran varios los casos de robos integrados por aquellos que jugaban al poliladron -Barrionuevo ya venía generando dolores de cabeza en la Central-, la Provincia creyó que era la decisión que había que tomar para dar el golpe de efecto previo a la apertura del año legislativo. En ese marco, el propio gobernador Juan Schiaretti anunció el envío de un proyecto a la Unicameral para reformar la Ley de Seguridad.
La reforma se votó a fines de marzo y, como se dijo, estaba incluida la creación de la mencionada dirección. Sin embargo, como ya existía el Tribunal de Conducta Policial, se lo trató de diferenciar por el control directo de la fuerza, es decir, del Comisario Mayor Gustavo Vélez; el tribunal es encabezado por un civil.
Finalmente, la modificación a la antigua ley provincial de seguridad se produjo en marzo pasado, con el rechazo de todo el arco opositor. En aquel debate, introducido en el recinto por la oficialista Sandra Trigo, el condimento extra fue el cruce entre Unión por Córdoba y algunos alfiles de Cambiemos: la estrategia peronista fue cuestionar las medidas económicas de Mauricio Macri, como el crecimiento de la delincuencia. La respuesta, como era de esperar, llegó por los casi 20 años del PJ al frente de la Provincia.
González llegó con causas abiertas. Reformada la ley, la salida a escena de la dirección se produjo en junio pasado con oficinas en la propia Central y con un acto que contó con la presencia de la pata política que tiene a cargo la seguridad.
La expectativa estaba puesta en quién sería el hombre de la fuerza que controlaría a suspares de azul y la respuesta no tardó en llegar: el elegido fue Rodolfo González, un hombre de dilatada trayectoria en la fuerza.
Pero González llegó al cargo con una causa que se terminó reabriendo a fines del año pasado. Al actual director de conducta policial se lo acusa de ordenar a seis efectivos a subirse a una camioneta cuando él era jefe de la Departamental San Martín. Un reventón de cubierta terminó ocasionando un vuelco y fallecieron tres de los policías que viajaban en un vehículo, que contaba con los cinco cinturones de seguridad permitidos.
A partir de ese accidente, ocurrido en 2014, la causa deambuló por varios juzgados y fiscalías -Río Segundo, Villa María y Río Tercero- y en la última escala decidieron la reapertura del expediente, cuando ya González tenía el nuevo cargo en la Policía.
Lo cierto es que el titular del organismo de control para esa fecha ya era un hombre conocido en la fuerza. En 2013, cuando se produjo el amotinamiento de los efectivos en diciembre, González era “F6”, según el protocolo, el jerárquico a cargo de notificar al referente máximo cualquier cuestión relevante. Como por ejemplo, un motín como el que ocurrió en el último mes de aquel año. Es decir, fue él quien notificó hacia arriba la rebelión de los “juanes”. Motivo por el cual será testigo clave en el juicio para el que se está acondicionando el Palacio de Justicia este año.
Pasillos, los de Tribunales, que no son ajenos a González, hombre con aceitados vínculos a la fiscalía adjunta y, en particular, con hombres de peso que cobraron relevancia el año pasado. Situaciones, todas estas, que no pasan desapercibidas para los agentes y oficiales que deben ser controlados por González.
