El 20 de noviembre se realizará la audiencia en la Cámara del Crimen de Villa Dolores por la tragedia vial que protagonizó el expresidente de la Unicameral, Oscar González, el 29 de octubre de 2022. Falleció Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas su hija Marina y Alexa, su amiga. Por ese hecho está acusado de lesiones y homicidio culposo agravado.
Ese día los defensores formalizarán el ofrecimiento de un acuerdo para una probation, que consiste en una indemnización económica a las víctimas, con lo que se cerraría el caso sin antecedentes computables para González.
La decisión está en manos de la fiscal de Instrucción, Analía Gallarato, quien actuará también en la instancia de juicio porque todos los otros fiscales se apartaron por vínculos con González.
Un eventual acuerdo entre defensa y fiscal —debidamente fundado— es vinculante para los jueces y abortará el debate oral y público en un juicio abierto. Pareciera el objetivo a cumplir: evitar la publicidad del debate.
¿Por qué la defensa de Oscar González defiende a la fiscal que lo acusa?
La sociedad merece un juicio abierto por tres motivos sustanciales:
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Oscar González presidía la Legislatura al momento de los hechos, ocupó altos cargos en dos décadas de gobiernos peronistas en Córdoba. Tiene aceitados vínculos, incluso familiares, con funcionarios del Poder Judicial, que demuestran los numerosos apartamientos de jueces y fiscales. La defensa dice que este no es un juicio al político sino a la persona de González.
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Protagonizó la tragedia vial un sábado —día no laborable— con un “bien público”, un auto judicializado de alta gama que se lo dio gratuitamente y en tiempo récord el Poder Judicial. La defensa sostiene que el auto es un elemento contingente, no dirimente para la probation.
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Ofrece indemnización dineraria, mientras la Justicia Federal lo procesó —está con prisión domiciliaria y tobillera— por inconsistencias en sus declaraciones juradas y por presunto lavado de activos. Sin buscar ejemplos lejanos, la cúpula del gremio Surrbac ofreció “reparar el daño” en un juicio abreviado, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián y el Tribunal Oral Federal 1 rechazaron el ofrecimiento por la misma razón, están procesados por lavado de dinero. La defensa de González sostiene que afrontará la indemnización con préstamos de amigos.
La fiscal Gallarato tiene la oportunidad histórica de permitir a la sociedad cordobesa observar un debate donde se esclarezca el episodio trágico, el mal uso de bienes y el poder de Oscar González. No siempre ajustarse a la fría letra de la ley, sin mensurar el contexto de un delito, es hacer justicia.
