El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, confirmó que es inminente la reglamentación de la ordenanza que regula el uso de aplicaciones de viajes como Uber, Didi y Cabify en el transporte público de la capital cordobesa.
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Uber, Didi y Cabify
“Llevó mucho tiempo de debate esta ordenanza, pero finalmente logramos aprobarla. El referí ahora es el Ejecutivo, es la secretaría de Transporte, es la autoridad de aplicación de la norma. Está unos días demorada, está saliendo esta semana”, aseguró.
“Una vez aprobada la ordenanza, pasó al Ejecutivo para su reglamentación. Eso está a punto de salir, si no sale hoy o mañana, sale los primeros días de la semana que viene”, agregó en declaraciones a Cadena 3.
“Estamos en el interregno entre la aprobación de la ordenanza que ya tiene validez, pero para que sea operativa tiene que ser reglamentada. Eso es lo que está realizando el Ejecutivo ahora”, aclaró el viceintendente.
Además señaló que “es cierto que hay disputas entre taxistas y titulares de vehículos que están funcionando con las aplicaciones”, pero “la verdad es que todavía no están autorizadas las empresas”.
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Reglamentación
Pretto explicó que una vez reglamentada la norma aprobada en el Concejo Deliberante, “empiezan a correr los plazos para que las empresas se inscriban, los choferes se inscriban con sus respectivos vehículos para estar definitivamente aprobados y legalizados”.
“Estamos en una situación que tenemos norma, pero no está plenamente operativa hasta que no esté reglamentada. Le pedimos un poquito de paciencia”, concluyó.
Reclamo del bloque de la UCR
El bloque de concejales del radicalismo reclamó al Ejecutivo municipal que “cumpla con lo que marca la Carta Orgánica Municipal y publique de inmediato en el Boletín Oficial la ordenanza recientemente sancionada por el Concejo Deliberante que regula el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte”.
“La demora en su publicación no solo atenta contra el principio de publicidad de los actos de gobierno, sino que además genera incertidumbre entre los usuarios, los choferes y las propias autoridades de control, que hoy no cuentan con un marco legal vigente para ordenar la actividad”, indicó en comunicado.
“La seguridad jurídica y el respeto institucional no pueden quedar librados a la discrecionalidad ni a las demoras administrativas”, concluyó el documento.
