El médico cordobés Nico Zetta denunció públicamente que fue apartado de su trabajo en un dispensario municipal de La Calera por tener una cuenta en la plataforma OnlyFans. La acusación fue realizada a través de un video difundido en redes sociales, donde el profesional aseguró que la decisión estuvo directamente vinculada a su actividad privada fuera del ámbito laboral.
“Me acaban de echar porque tengo OnlyFans. Es incompatible con mi trabajo como médico”, expresó Zetta mientras se retiraba del edificio municipal. Con tono irónico, agregó: “Gracias Calera por tanto”, y aclaró que no se quedó sin trabajo, ya que continúa desempeñándose en guardias médicas en otras localidades, como La Falda.
En su mensaje, el profesional cuestionó el criterio institucional y defendió la separación entre la vida privada y el ejercicio profesional. “Lo importante es la calidad de la atención, no lo que uno hace por fuera”, sostuvo, al tiempo que remarcó que no produjo contenido dentro de instituciones sanitarias ni durante horarios laborales.
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El caso tomó mayor visibilidad tras ser replicado por la cuenta Córdoba.Gay, que habló de un acto de discriminación laboral y puso el foco en la contradicción entre municipios: mientras en La Calera su actividad privada habría sido considerada incompatible con la función pública, en otras ciudades su desempeño profesional continúa siendo valorado sin objeciones.
Qué dijo la municipalidad
Fuentes muy próximas al intendente y a la administración de la Municipalidad de La Calera negaron la versión del despido. Ante la consulta de Perfil Córdoba, aclararon que el vínculo con el profesional Nicolás Zetta concluyó en el 2026. “Es un agente de la salud al que no se le renovó el contrato, todo resulto por el área de Salud", indicaron. Al mismo tiempo, entendieron que todo el malentendido se genera porque se da en un proceso de reestructuración interna de manera paralela a la finalización de la relación.
El episodio reabrió el debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública, la libertad individual y los criterios morales implícitos en determinadas decisiones administrativas. En el fondo, la discusión no parece centrarse en la calidad profesional —que no fue objetada por ninguna autoridad— sino en el tipo de vida privada que algunas instituciones consideran aceptable. Y ahí, como suele pasar, el problema no es jurídico: es cultural.
JB/ff
