El país participa de las cumbres climáticas a nivel mundial y regional, instancias en las que se declaran compromisos como los de reducir emisiones, adaptarse a los efectos del cambio climático y alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. Sin embargo, esas promesas sólo pueden cumplirse a través de un trabajo en conjunto entre distintos ministerios nacionales y la participación activa de las provincias y municipios. Para ello, existe una ley de presupuestos mínimos que sienta las bases para llevar a cabo los planes de acción y estrategias climáticas.
Las claves de la Ley 27.520
La Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, aprobada el 20 de noviembre de 2019, institucionaliza el trabajo gubernamental, define estructuras de participación y plantea iniciativas para operativizar la acción climática en Argentina. Presentada originalmente por el entonces senador Fernando “Pino” Solanas, y posteriormente combinada con otros proyectos de la misma índole, logró avanzar en un único proyecto que fue aprobado con 163 votos a favor y 8 abstenciones en la Cámara de Diputados, y con unanimidad en la Cámara de Senadores. La sociedad civil, liderada por los jóvenes, tuvo un rol protagónico.
El artículo 1 de la norma la define como una ley de presupuestos mínimos. Su contenido es parte del bloque normativo federal ambiental, es decir, implica un piso mínimo e inderogable que coloca a las provincias en la obligación de cumplir sus disposiciones, debiendo incorporar sí o sí políticas y/o acciones sobre cambio climático. La ley describe que las responsabilidades serán comunes pero diferenciadas y que la prioridad en las políticas públicas será para los sectores más vulnerados, segmento de la población más afectado por los impactos del cambio climático.
La ley también oficializa la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), que es presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, y cuya función es articular entre las distintas áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional para lograr la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Esta estrategia deberá ser actualizada cada 5 años y propiciar proyectos, medidas, acciones y planes de respuesta alineados entre sí. O sea, el plan sintetiza el trabajo de información climática, impactos, vulnerabilidad, inventario nacional de gases de efecto invernadero, acciones de mitigación y adaptación en todo el territorio nacional.
¿Cómo viene trabajando el Gabinete Nacional de Cambio Climático?
Según fuentes consultadas del propio organismo, destacan como los avances más relevantes la puesta en funcionamiento del Consejo Asesor Externo; el diseño de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático, la ejecución del Programa de Participación, Sensibilización y Capacitación; la implementación del Programa Anual de Capacitación del GNCC y la realización de cada una de las mesas de articulación que conforman el Gabinete.
Sobre lo realizado en lo que va del 2021, mencionan haber llevado adelante varias instancias de reuniones con distintos sectores: una de ministros y ministras; una de la Mesa de Articulación Provincial; dos encuentros de puntos focales y 14 de los grupos de trabajo; una mesa ampliada; dos bilaterales con el sector privado; 26 bilaterales con ministerios y 75 bilaterales de trabajo con equipos técnicos ministeriales, entre otras. A estas actividades se suman varias capacitaciones para los integrantes del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Respecto del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y el nuevo compromiso respecto a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Cumbre de Líderes del pasado 22 de abril, mencionaron que el trabajo junto a las distintas carteras ministeriales en el marco del GNCC tiene como objetivo la reevaluación de los planes actuales para aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo, incluyendo en ella las proyecciones de crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales y la preparación de la administración pública y de la sociedad en general ante los cambios climáticos futuros.
También indican que algunas áreas han desarrollado planes de acción sectoriales con un abordaje detallado de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, los cuales se encuentran en proceso de revisión y actualización; entre ellos mencionan: energía, transporte, infraestructura y territorio, agro y bosques, salud, industria y economía circular y gestión de residuos. Agregan que los planes prevén instancias de consulta y generación de aportes con la ciudadanía y las jurisdicciones.
Participación ciudadana
Como espacio de participación ciudadana, el Gabinete estableció la Mesa Ampliada, espacio del que se invita a participar a todos los sectores interesados: académicos, trabajadoras y trabajadores, sociedad civil, representantes de partidos políticos, sindicatos, gobiernos locales, sector privado, entre otros. A la fecha, confirman que más de 5400 personas han participado en las mesas ampliadas desarrolladas, y se han recibido 164 aportes y sugerencias por parte de la ciudadanía en este marco.
Dicha instancia se complementa con un mecanismo de participación ciudadana en formato virtual que tiene por principal objetivo la recepción de comentarios y aportes para el diseño, mejora, actualización y ejecución de la política climática nacional. Durante el año 2020 y el 2021, se recibieron 77 aportes y sugerencias de más de 60 instituciones de todo el país.
Ahora bien, considerando que Argentina presentó una NDC ambiciosa el pasado diciembre, que equivale a una disminución total del 19% de las emisiones hacia 2030 en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007, y una reducción del 25,7% respecto de la NDC anterior; y que debemos adaptarnos urgente para amortiguar los efectos del cambio climático, ¿estamos haciendo lo suficiente? Porque del dicho al hecho, hay un largo trecho.
