El pasado 23 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", conocido como el Súper RIGI. El texto oficial apunta de forma exclusiva a actividades económicas que hoy no existen en el país o cuyo grado de desarrollo es puramente experimental: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica e industrialización de minerales.
“Cualquier ciudadano debería entusiasmarse ante la posibilidad de que Argentina desarrolle semiconductores, autos eléctricos, centros de datos de inteligencia artificial, biotecnología avanzada o que avance en la industrialización de los minerales cordilleranos”, señala el informe de Audemus.
De acuerdo con la consultora, al leer el proyecto con atención se verifica que “no se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo”.
El texto oficial no exige inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) local, ni encadenamiento productivo, ni un mínimo de empleo calificado. A cambio, “entrega estabilidad fiscal por 30 años sin contrapartidas verificables y cede la jurisdicción para resolver conflictos a tribunales arbitrales internacionales”.
Los tres sesgos del Súper RIGI y el "seguro a futuro"
El análisis de Audemus, identifica tres rasgos críticos en el diseño del proyecto oficial que condicionan su efectividad:
- Exenciones limitadas al CAPEX: La exención de derechos de importación cubre exclusivamente los bienes capitalizables del plan de inversión, dejando afuera los insumos de producción corriente. La consultora ejemplifica: “Una ensambladora de autos eléctricos podría importar su planta sin arancel, pero pagaría los aranceles comunes ordinarios del Mercosur sobre motores, baterías y componentes para cada unidad producida”.
- Estabilidad desproporcionada: Los 30 años de estabilidad con arbitraje internacional garantizados por Argentina representan el beneficio más extenso del hemisferio, contrastando fuertemente con los marcos regulatorios de los países vecinos: “Brasil ofrece 5 años con renovación, Uruguay 10 años”.
- Ausencia de contrapartidas: El proyecto oficial se presenta con "cero requisito" de vinculación con universidades locales, porcentajes de capacidad para el mercado interno, metas de energía renovable o eficiencia hídrica.
Por otra parte, el informe pone el foco sobre la exigencia de desembolsar el 20% de la inversión en los primeros dos años. Si bien este requisito ya existía en el RIGI original de la Ley Bases, Audemus señala que, en la práctica su ejecución fue flexibilizada por el Gobierno, transformándose en un porcentaje del monto mínimo de inversión y no del proyecto total. Esto explica por qué, a pesar de los rutilantes anuncios, el ingreso real de divisas al Banco Central ha sido sumamente acotado.
“El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo, lo cual evidencia un problema de diseño y ejecución por parte del gobierno”, sentencia el documento.
Radiografía sectorial: ¿Qué impacto real se puede esperar?
La propuesta oficial define como "nuevas actividades" a aquellos proyectos tecnológicos o industriales con impacto transformador que no se desarrollen en el país o resulten pilotos, excluyendo expresamente la ampliación de instalaciones ya existentes.
Audemus analizó los sectores con más probabilidad de encuadrar son: Data centers de IA, Hidrógeno verde, GNL / Plantas de licuefacción, Semiconductores, Electromovilidad e Industrialización del cobre.
Para la consultora, la evidencia de los últimos cuatro años en América Latina demuestra de forma concluyente que las empresas globales de frontera no se relocalizan allí donde encuentran mayores ventajas impositivas, sino en los países que exhiben “política industrial activa, empresa estatal como ancla y condiciones estructurales previas”. Como Argentina carece de estas variables y el Súper RIGI no las construye, Audemus propone seis ejes urgentes de discusión para el debate parlamentario:
- Incorporar contrapartidas vinculantes: Siguiendo el modelo brasileño de ReData para centros de datos, se deberían exigir condicionalidades explícitas como el uso de energía 100% renovable, eficiencia hídrica medible y volcar un 2% de las compras en inversión de I+D en universidades nacionales. “El argumento de que Argentina necesita ofrecer condiciones más generosas que Brasil para competir carece de sustento”, apunta el informe.
- Reducir el horizonte de estabilidad: Conceder 30 años irrevocables en sectores de altísimo dinamismo tecnológico compromete seriamente la soberanía regulatoria del Estado en un entorno global imprevisible. Un data center de IA de 500 MW consume la misma electricidad que una ciudad mediana; en EE.UU., estas estructuras explicaron dos tercios del aumento del 32% en las tarifas residenciales en algunas regiones. Ningún país vecino otorga más de una década de estabilidad.
- Revisar la resolución de disputas: El acceso directo e irrestricto al CIADI sin la obligación de agotar las instancias administrativas y judiciales previas en el territorio nacional es calificado como "inusualmente generoso". El proyecto oficial extrae los conflictos del sistema judicial argentino desde el primer día.
- Formatos para fases piloto: Fijar un piso mínimo de 1.000 millones de dólares de entrada obtura la innovación. Sectores como el hidrógeno verde necesitan primero proyectos de demostración tecnológica de entre 30 y 100 millones de dólares para generar la evidencia técnica que permita destrabar el financiamiento a gran escala. “Sin cubrir los pilotos, la secuencia se corta en el origen”, advierte la consultora.
- Mitigar el impacto fiscal en las provincias: La exigencia implícita de que los estados subnacionales renuncien a aplicar tasas de Ingresos Brutos, Sellos, regalías y cánones genera una competencia fiscal destructiva que erosiona los recursos de las provincias a cambio de proyectos con escaso impacto en el empleo local.
- Establecer mecanismos de encadenamiento local: Se cita el caso de la automotriz GWM en Brasil, que debió comprometerse a un 60% de integración de componentes locales para el año 2026 y a erigir un Centro de I+D de 15.000 metros cuadrados para acceder a los beneficios fiscales del programa estatal MoVer.
“La diferencia entre un enclave productivo y una inversión transformadora no es el monto: es si genera capacidades industriales y tecnológicas locales”, concluye el informe de Audemus, dejando una advertencia medular para los legisladores que definirán el futuro de la norma.
LM
