El Gobierno argentino no esperó la decisión de la jueza norteamericana Loretta Preska y apeló su fallo en el que ordenó la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia de US$ 16.000 millones por la nacionalización de la empresa.
La información fue difundida por el especialista en el tema, Sebastián Maril, en sus redes sociales.
Quienes solicitaron dicha indemnización fue Burford Capital, que compraron los derechos de litigio del grupo Petersen Energía e IEASA (ex ENARSA), y Eton Park Capital Management, solicitando el monto correspondido en acciones clase D. Intentaron cobrarse con activos del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y hasta Banco Central, pero sin ningún éxito hasta el momento.
Incluso, Eton Park sumo a la causa unas declaraciones del año 2012 del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien por esos años formaba parte del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la nación.
Los motivos para apelar antes de tiempo
El estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro a cargo de Santiago María Castro Videla, se adelantaron a la respuesta de la jueza Loretta Preska. En vista de cómo se desarrollo el caso, no quisieron esperar los 15 días solicitados de "stay" quizás sospechando un nuevo revés por parte de la magistrada. En lugar de depender de ella, decidieron recurrir a una instancia superior en busca de una respuesta diferente.
Este miércoles, la Procuración del Tesoro de Argentina había presentado dos escritos ante el juzgado solicitando la suspensión del fallo condenatorio.
En el escrito de la defensa argentina, se hace referencia a que los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge presentaron su oposición al pedido de suspensión de Argentina en base a una "conferencia del Gobernador (de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.
En la argumentación del pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro argumentó que no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de US$ 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, "sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal”.
GZ / LM
