Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” que presentó la semana anterior el equipo económico de mano de Luis Caputo, el bonaerense Cristian Girard fue categórico en sus apreciaciones: “No hay modificaciones concretas en términos normativos", aseguró el titular de ARBA y agregó que "las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.
Reparación histórica del vínculo fiscal: hacia un sistema basado en libertad y cooperación
El titular de la agencia de recaudación bonaerense señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.
“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados", explicó y agregó que "no apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo".
En esa línea expresó que "la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.
Por ahora, ARBA sigue con los mismo niveles de control
Respecto del impacto en la provincia de Buenos Aires, subrayó que la agencia que dirige "sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control".
Al respecto recordó que "los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, argumentó.
A su vez, expresó preocupación por el mensaje confuso que puede derivarse de este tipo de anuncios: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto", aseguró el funcionario.
"Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente", advirtió. "Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, comentó.
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