Economía energética: el mayor debate político de este siglo

En el sector energético en los próximos meses se va a definir una política de fondo de la Argentina. El anarcocapitalismo y la racionalidad republicana confrontarán alrededor de un tema que forma parte del día a día de los argentinos: la energía estará en el centro del debate político por los precios y las tarifas de los productos y servicios públicos, y el impacto de estos en el consumidor. La caída de la demanda nacional de combustibles es alarmante: las ventas de nafta y gasoil cayeron un 8% en el último mes; un valor que es superior a lo que suele aumentar la demanda en 12 meses de un año normal.

Es conocido que la energía en todas sus formas es un insumo esencial del proceso económico y social. La producción de hidrocarburos representa el 4,34% del PBI anual; y la del rubro electricidad y gas es apenas el 2,1% del PBI. Su criticidad, sin embargo, es alta porque sin energía confiable y segura no hay economía; y tampoco funciona la sociedad. Eso es lo que ni el Presidente ni su gobierno alcanzan a comprender.

Dos restricciones son las que están limitando las decisiones políticas del Gobierno: la primera es la pobreza y pobreza extrema de la mitad de los argentinos; la segunda, los bajos salarios expresados en dólares de casi todos los segmentos que componen el universo de los consumidores: asalariados, jubilados, pensionados, monotributistas, desocupados, pequeños comerciantes, organismos públicos, etcétera.

Por otra parte, las corporaciones empresariales –que producen y abastecen el mercado interno de energía en todas sus formas– presionan al Gobierno para que valide precios y tarifas energéticas fijadas en dólares estadounidenses convertibles; lo que significa retrotraer nuestro mercado energético a la situación existente en la década del 90, donde la falacia de la convertibilidad terminó en una catástrofe económica y social, que podría repetirse. El cumplimiento de esta premisa requeriría de una economía saneada que hoy Argentina no posee. Si este fuera el objetivo de fondo a alcanzar, debería haber un sendero de gradualidad para alcanzarlo.

Si bien es lógico que una economía abierta y competitiva en los mercados mundiales utilice los precios internacionales como formadores de sus precios internos y también de sus salarios, este no es el caso de la Argentina actual. Los argentinos cobran salarios bajísimos medidos en dólares y nuestra economía energética no se desarrolla en mercados locales transparentes ni competitivos. Los empresarios no ignoran esto, pero el Gobierno sí.

Cabe recordar que el 6 de enero de 2002 el Congreso Nacional dictó la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. En su art. 8 la ley dejó sin efecto las tarifas de los servicios públicos fijadas en dólares y las cláusulas de ajuste; fijando las mismas en pesos. Pero la misma ley, en su art. 9, encomendó al Poder Ejecutivo renegociar los contratos de servicios públicos en base a un conjunto de premisas orientadas a tener en cuenta tanto el interés de las compañías como del usuario para fijar un precio justo y razonable para ambas partes.

Ningún gobierno del siglo XXI ha dado fiel cumplimiento a lo prescripto en la Ley 25.561. Cumplir con lo establecido implicaba reconocer explícitamente costos eficientes de las empresas y no sus deseos (precios internacionales de los productos). Las empresas, con el aval de gobiernos complacientes, se negaron en forma sistemática a hacer auditorías de costos en los segmentos más importantes de la industria. El resultado: servicios públicos de pésima calidad, y la utilización paliativa por el Estado de una suma sideral de subsidios del tesoro sin financiamiento genuino, que fue una de las causas de la inflación descontrolada.

El resultado es que Argentina se encuentra en medio de un debate político profundo que se enfoca en la “economía energética”, cuyo núcleo se centra en la fijación racional de los precios y tarifas, y sobre su impacto en una población con alta pobreza cuyo nivel de vida se deteriora día a día.

Para resolver el problema de fondo, es necesario asumir que nuestra economía energética se rige por dos precios directores: el del gas natural y el del petróleo. El precio del gas es el principal formador de los precios de la generación de energía eléctrica, del gas domiciliario y del gas natural comprimido (GNC). Por su parte, el precio del petróleo es el principal formador de los precios de la nafta y del gasoil, utilizados por un parque automotor de 15 millones de vehículos, por el transporte de cargas, por los ferrocarriles y el tráfico aéreo y marítimo. Es función indelegable del Estado convalidar y transparentar solo precios de competencia para estos productos.

Por otra parte, el Estado tiene la función de regular un conjunto de tarifas donde la prestación se realiza a través de “monopolios naturales” que impiden al consumidor cambiar de prestador en el contexto de una economía competitiva. En este grupo está la transmisión de energía eléctrica en muy alta tensión, la distribución domiciliaria de electricidad, el transporte y la distribución de gas natural en los gasoductos troncales y en la redes de distribución. Esa función se realiza en los entes reguladores de electricidad y gas natural: ENRE y Enargas; y si estos están correctamente calculadas deberían retribuir solo los costos reales y la utilidad razonable de las compañías para prestar el servicio.

En el siglo XXI Argentina ha demostrado un gran desorden político y conceptual en la fijación de sus precios energéticos. Todos los gobiernos abusaron del congelamiento irracional de precios y tarifas con fines políticos y demagógicos en medio de una inflación que está entre las más altas del mundo. Al mismo tiempo, el Estado convalida precios internos en forma irracional muy por encima de los precios internacionales de competencia, lo que indica claramente una connivencia de los gobernantes con los poderes corporativos –empresarios, sindicalistas y políticos– en perjuicio de los consumidores.

Son ejemplos claros de esta irracionalidad los altos precios del gas con que Argentina retribuye el gas boliviano (US$ 8,50 por millón de BTU), un precio que no debería exceder la cuarta parte de dicho valor. De la misma forma ha sido lesivo para los intereses de los usuarios haber fijado precios internos del petróleo durante la pandemia por arriba de los precios internacionales (“barril criollo”); un marcado sobreprecio del crudo local por sobre los precios internacionales del momento. Otro ejemplo lo constituye el precio del gas natural en boca de pozo que actualmente duplica los precios del gas de los mercados internacionales competitivos.

Es importante que Argentina aborde la problemática de su economía energética con un enfoque integral, del que hoy carece. La fijación de precios regulados no puede quedar ni en manos de los intereses corporativos ni de la mala política. Fijarlos en forma prudente, justa, transparente y racional es misión de un Estado moderno y presente.

Hay ideas que deben ser desterradas de las políticas del gobierno y del empresariado por ilógicas. Si bien los precios internacionales de los productos energéticos son un indicador, no es lo único a considerar para fijar los precios internos. La nafta y el gasoil son fabricados en las refinerías argentinas, que utilizan mano de obra argentina con salarios inferiores a los de otros países. ¿Cuál es la razón lógica por la cual la nafta debería venderse al consumidor argentino al precio que se vende en otro país en el cual los salarios sean mayores, como reclaman las empresas?

Para finalizar, es importante que el criterio anarquista del Presidente, que desconoce el rol del Estado como gestor del “bienestar general”, no inhiba a los funcionarios de su gobierno de perseguir la racionalidad en la determinación de los precios de la economía, entre los cuales están los productos y los servicios públicos energéticos. Tener presente que sin energía no existiría el país; y sin Estado tampoco.

*Exsecretario de Energía. Presidente del IAE Mosconi.