Este martes, el INDEC informó que la inflación llegó al 1,9% mensual en septiembre, 0,2 puntos porcentuales por encima del registro de agosto. El dato refleja una leve aceleración respecto del mes previo y siembra dudas sobre la sostenibilidad del plan económico, más si se tiene en cuenta que la baja en la tasa de inflación es una de las principales banderas que buscará utilizar Javier Milei en las próximas elecciones.
Una familia necesitó $1.632.000 para no ser pobre en septiembre, según el INDEC
Y es que tras casi tres años de Gobierno, la gestión de Javier Milei se jacta de haber reducido la inflación interanual desde el 211% registrado en diciembre de 2023, hasta el 33% actual. Sin embargo, pese a esta baja significativa, la inflación argentina todavía se encuentra muy por encima de la de otros países de Latinoamérica, que promedian un 5% anual.
Ante esto y a las vísperas de un año electoral, surge la pregunta respecto a si el Gobierno cuenta con las herramientas para seguir bajando la inflación, o si amerita que el plan económico entre en un proceso de revisión.
El proceso de desaceleración inflacionario y los interrogantes de cara al futuro
Respecto del objetivo, no quedan muchas dudas. El Gobierno ha tenido un gran mérito a la hora de reducir el ritmo inflacionario, estabilizándolo en niveles más o menos razonables, al menos en comparación con otros procesos inflacionarios locales. El cómo sí genera más interrogantes. Y es que para bajar la inflación de manera tan abrupta, el equipo económico comandado por Luis Caputo implementó un plan de ajuste prácticamente inédito en la historia argentina, con una fuerte reducción del gasto público, una abrupta suba del tipo de cambio oficial y un corte a la emisión monetaria.
Estas medidas generaron una fuerte aceptación por parte de su electorado, ya que entendía que se necesitaba implementar semejante ajuste para ordenar las cuentas, estabilizar la economía y posteriormente crecer. El problema está en que casi tres años después, el crecimiento no parece llegar en su totalidad y la inflación todavía persiste en la realidad de los argentinos, lo que, combinado con unos salarios que siguen golpeados, plantea un interrogante respecto de la supervivencia del plan económico para 2027.
Para Aldana Fernández, contadora, uno de los principales desafíos consiste en consolidar una desaceleración sostenida de los precios. En ese sentido, advirtió que mantener una inflación cercana al 2% mensual constituye una señal de alerta, aunque aclaró que es necesario distinguir entre la velocidad de los aumentos, sus causas y las expectativas para los próximos meses.
"Que la inflación mensual se mantenga cerca del 2% es una señal que merece atención, especialmente si el objetivo del Gobierno es consolidar una desaceleración sostenida de los precios", señaló. Y agregó: "El problema no es solamente el 1,9%, sino la dificultad para perforar ese piso y sostener una trayectoria descendente".
En ese sentido, la estabilidad cambiaria no necesariamente garantiza una desaceleración equivalente del resto de los precios. "Un dólar relativamente calmo no garantiza una inflación baja. El tipo de cambio es un factor importante, pero no es el único determinante de los precios", explicó Fernández. Entre los factores que pueden sostener los aumentos mencionó la inercia inflacionaria, los precios regulados —como las tarifas de los servicios públicos— y los incrementos de costos en pesos, incluidos los salarios.
Sin embargo, el dato de septiembre también puede analizarse a la luz de los factores estacionales. Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, señaló que históricamente ese mes suele registrar presiones sobre los precios de las frutas y la indumentaria, lo que no necesariamente implica una aceleración de la inflación subyacente.
"Septiembre presenta una particularidad: históricamente es un mes de presión estacional sobre los precios, especialmente en frutas e indumentaria", explicó.
Según el análisis de Facundo Beltramone, Economista de Fundacion Libertad, entre 2017 y 2025 los precios estacionales aumentaron por encima de la inflación núcleo en siete de los nueve septiembres estudiados, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales. En el Gran Buenos Aires (GBA), las frutas registraron un incremento mensual promedio del 8,5% en septiembre, frente al 5,7% de agosto. En indumentaria y calzado, la suba promedio de septiembre llegó al 9,3%, casi el triple del 3,3% de agosto.
El economista sostuvo que, por ese motivo, el resultado mensual debe analizarse teniendo en cuenta la evolución de los distintos componentes del índice. "Una inflación cercana al 1,9% sería compatible con cierta presión estacional de frutas e indumentaria, sin que necesariamente implique una aceleración de la inflación subyacente", afirmó. La clave, agregó, será observar si la inflación núcleo se mantiene cerca de los niveles esperados por el mercado y cuánto contribuyen efectivamente los componentes estacionales al índice general.
Desde otra perspectiva, Joaquín Rumbo, contador público y socio del estudio contable Rumbo & Asociados, consideró que el registro de septiembre merece atención porque se produjo en un contexto de estabilidad cambiaria y sin elecciones en el horizonte inmediato.
"Se puede considerar un índice preocupante, principalmente porque se da en un contexto de fuerte caída del consumo. A su vez, la estabilidad del dólar no se está traduciendo en una reducción de la inflación en la magnitud esperada, lo que genera interrogantes respecto del impacto que podría tener una eventual corrección de las brechas cambiarias sobre el nivel general de precios", agregó.
Los riesgos externos para la desinflación
A este escenario se suma un frente externo que podría complicar aún más los planes del Gobierno. En su última actualización de perspectivas económicas, publicada este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su proyección de crecimiento para América Latina del 2,4% al 2,3% para 2026, en un contexto marcado por las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento de la energía.
Para Argentina, la revisión fue todavía más pronunciada: el organismo redujo su pronóstico de crecimiento para este año del 3,5% al 2,1%, mientras que para 2027 lo ajustó del 4% al 3,5%. Al mismo tiempo, elevó sus proyecciones de inflación promedio anual para el país: pasó del 30,4% al 32,5% para 2026 y del 15,7% al 21,2% para 2027. A nivel mundial, el organismo prevé que la inflación alcance el 4,7% durante este año.
La presión sobre los precios de los alimentos ya aparece en los indicadores internacionales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su índice de precios de los alimentos aumentó un 1,5% en septiembre y acumuló una suba interanual del 5,8%. En el caso de los cereales, el incremento llegó al 17,2% frente a septiembre del año pasado, mientras que el azúcar registró una suba interanual del 14,7%.
Para Argentina, un eventual encarecimiento sostenido de las materias primas, la energía y los costos de transporte puede sumar presión sobre determinados precios internos y dificultar la continuidad del proceso de desinflación. Por supuesto, el traslado no es automático ni uniforme, por lo que su magnitud puede variar, pero supone un riesgo adicional para una economía que todavía busca consolidar una inflación mensual inferior al 2%.
Fernández identificó tres canales por los cuales el conflicto internacional puede complicar ese objetivo: el encarecimiento de la energía, el aumento de los alimentos y los insumos agrícolas y un escenario financiero internacional más adverso, que podría encarecer el financiamiento.
Para la contadora, el resultado dependerá también de la evolución de las variables locales. Si los precios internacionales suben, pero el tipo de cambio permanece estable y las expectativas continúan ancladas, parte del impacto podría absorberse sin generar una presión persistente sobre la inflación. En cambio, si el encarecimiento de la energía y los alimentos coincide con una depreciación del peso, una mayor demanda de dólares o ajustes generalizados de precios, la desaceleración podría ser más lenta.
Rumbo, por su parte, advirtió que el análisis no debe limitarse a los precios internacionales. "El principal desafío pasa entonces por compatibilizar una reducción sostenida de la inflación con una recuperación de la actividad económica, el consumo y el empleo", sostuvo.
El especialista también señaló una particularidad de la economía argentina: su condición de productora de alimentos y el crecimiento de su capacidad energética. "Además del contexto internacional, es necesario analizar los factores internos que explican la formación de precios y determinar en qué medida los aumentos responden efectivamente a los efectos del conflicto internacional", agregó.
Actividad, riesgo recesivo, salarios y el desafío electoral de 2027
Las dificultades no se limitan al escenario internacional. La actividad económica tampoco muestra una recuperación sostenida que permita dar por superados los efectos del ajuste. En el segundo trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 0,6% frente a los primeros tres meses del año, en términos desestacionalizados.
El panorama podría agravarse en el tercer trimestre. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectaron una contracción del 1% para ese período. De cumplirse esta estimación, la economía argentina encadenaría dos trimestres consecutivos de caída y entraría en una recesión técnica.
A su vez, en julio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió un 2,9% respecto de junio y un 1,4% en la comparación interanual. En el mercado laboral, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre.
Los ingresos también plantean un desafío. En el primer semestre de 2026, los salarios registrados acumularon un incremento nominal del 15,5%, por debajo de la inflación del período, que llegó al 16,8%. En la comparación interanual, los salarios registrados avanzaron un 29,7%, frente a una suba del 33,5% en los precios. Esto implica que, en promedio, perdieron poder adquisitivo en términos reales, pese a la recuperación puntual que algunos sectores pudieron registrar en determinados meses.
Rumbo consideró que la evolución del consumo es una variable central para evaluar la sostenibilidad del programa. A su juicio, la persistencia de la inflación en torno al 2% mensual en un contexto de debilidad de la demanda pone en evidencia las dificultades para compatibilizar la estabilidad de precios con una recuperación económica más extendida.
En este punto, Fernández también advirtió sobre una tensión entre los objetivos macroeconómicos. Si la actividad crece menos de lo previsto, los ingresos de las empresas pueden debilitarse, mientras que una política monetaria más restrictiva para contener los precios puede encarecer el crédito y moderar todavía más la actividad.
El dólar y la incertidumbre política de cara a 2027
En este contexto, el calendario electoral de 2027 agrega otra variable de incertidumbre. A medida que se acerquen las elecciones presidenciales, las dudas sobre la continuidad del programa económico, las expectativas respecto del resultado y la capacidad del Gobierno para sostener su estrategia cambiaria podrían influir sobre la demanda de dólares. Una mayor presión sobre el tipo de cambio, en caso de trasladarse a los precios internos, sumaría dificultades a la tarea de seguir desacelerando la inflación.
Fernández advirtió que la incertidumbre política puede convertirse en una fuente de presión inflacionaria antes incluso de que se produzca un movimiento efectivo del tipo de cambio. El mecanismo, explicó, comienza cuando aumentan las dudas sobre el escenario futuro y cambian las decisiones financieras de los agentes económicos, que pueden buscar una mayor cobertura en dólares. Esa demanda puede generar presiones cambiarias y financieras que, si finalmente se trasladan a los precios, terminen acelerando la inflación.
El mecanismo tiene antecedentes recientes. En su evaluación de la economía argentina publicada en mayo de 2026, el FMI señaló que la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas de 2025 había impulsado la dolarización de residentes y contribuido a las pérdidas de reservas, endureciendo las condiciones monetarias y dificultando el proceso de desinflación.
Sin embargo, Fernández aclaró que una eventual turbulencia cambiaria no es inevitable. El impacto dependerá de la magnitud del shock, de la respuesta de la política económica y de la capacidad para sostener expectativas de inflación relativamente estables.
Rumbo también puso el foco en las particularidades de los años electorales y en las posibles tensiones sobre el dólar. "Históricamente, los años electorales suelen estar atravesados por medidas orientadas a mejorar el poder adquisitivo, el nivel de actividad y las condiciones de empleo. En ese contexto, una eventual corrección de la brecha cambiaria podría generar mayores tensiones sobre los precios", señaló.
"A esto se suman los compromisos de deuda con el FMI, que también serán una variable relevante de cara a 2027", agregó.
FN/MSS
