La presión tributaria comenzó a mostrar una reducción durante la administración de Javier Milei, acompañada por la eliminación o disminución de impuestos nacionales, aranceles y derechos de exportación. Sin embargo, el alivio no llegó con la misma intensidad a todos los sectores: mientras algunas actividades vinculadas con el comercio exterior, los bienes importados y determinados consumos recibieron beneficios directos, buena parte de las pequeñas y medianas empresas todavía enfrenta una elevada carga provincial, municipal y administrativa.
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De acuerdo con la última medición del Ministerio de Economía, la presión tributaria consolidada entre Nación y provincias representó el 26,9% del PBI en 2025, frente al 27,7% registrado durante 2024. Del total, 21,9 puntos correspondieron a impuestos nacionales y cinco puntos a tributos provinciales. Se trató del nivel más bajo de la serie oficial desde, al menos, 2016.
En la misma línea, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó que la presión tributaria efectiva correspondiente exclusivamente al nivel nacional podría cerrar 2026 en el 20,8% del PBI, el registro más bajo desde 2006.
Según el análisis del instituto, este indicador mostró una trayectoria ascendente desde el 17,9% del PBI registrado en 1993 hasta alcanzar un máximo histórico del 26,1% en 2015. A partir de entonces comenzó una etapa de descenso gradual, aunque con oscilaciones: se ubicó en el 24,3% en 2022 y retrocedió con mayor intensidad durante los años siguientes, hasta llegar al 21,5% en 2025.
“Entre 2023 y 2026, la presión tributaria efectiva nacional bajaría 1,8 puntos porcentuales del PBI”, señaló Argañaraz. La comparación toma como punto de partida 2023, un año atravesado por una fuerte sequía y previo a la asunción de la actual administración nacional.
Pese a esa disminución, Argentina continúa claramente por encima del promedio latinoamericano. Según la medición armonizada de la OCDE, la recaudación tributaria argentina equivalió al 27,6% del PBI en 2024, contra un promedio de 21,7% entre los países de América Latina y el Caribe.
“Si bien en los últimos meses se implementaron algunas medidas orientadas a reducir o simplificar la carga impositiva, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor presión tributaria de la región”, afirmó Nicolás Parreira, economista y director de Asesoría Financiera.
Para el especialista, el problema excede a la cantidad de impuestos existentes. “El principal desafío continúa siendo la superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales, que incrementa los costos de las empresas y dificulta la planificación de largo plazo. Para muchas pymes, la carga administrativa asociada al cumplimiento fiscal es casi tan relevante como el peso de los propios impuestos”, explicó.
Exportadores, importadores y automotrices, entre los beneficiados
Uno de los sectores que recibió un alivio más concreto fue el exportador. Durante 2025, el Gobierno llevó a cero los derechos de exportación para más de 4.400 productos industriales, equivalentes al 88% de las posiciones alcanzadas, una medida que, según datos oficiales, involucró a casi el 40% de las empresas exportadoras, en su mayoría pymes.
En julio de 2026 se inició, además, una reducción progresiva de las retenciones que todavía pagaban determinados productos industriales, con alícuotas que se ubicaban mayoritariamente entre 3% y 4,5%. El cronograma prevé su eliminación definitiva en junio de 2027 y ya llevó a cero los derechos aplicados a productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño y parte de la producción automotriz. También hubo reducciones para economías regionales y para los principales productos agropecuarios.
“Algunos sectores vinculados a la producción, la inversión y el comercio exterior comenzaron a percibir mejoras a partir de la reducción o eliminación de determinados tributos y de medidas de simplificación”, señaló Parreira. No obstante, advirtió que el impacto “no fue homogéneo y depende mucho de la estructura de costos y del tipo de actividad de cada empresa”.
La tributarista Elisabet Piacentini también destacó la reducción de los impuestos vinculados con las exportaciones de economías regionales y la baja de diferentes cargas sobre las importaciones. Entre las medidas que beneficiaron al comercio exterior se encuentra la finalización del impuesto PAIS, que dejó de estar vigente en diciembre de 2024 y que gravaba, entre otras operaciones, el acceso a divisas para pagar importaciones.
La administración nacional también redujo aranceles para insumos industriales, maquinarias y bienes de consumo. Hasta mediados de 2025, el Gobierno informaba bajas sobre 1.081 productos, entre ellos agroquímicos, neumáticos, plásticos, telas, electrodomésticos, indumentaria, calzado y teléfonos celulares. En el caso de diversas maquinarias y herramientas industriales, los aranceles que llegaban hasta el 35% fueron reducidos al 12,6%.
Otro beneficio alcanzó a las compras minoristas en el exterior mediante el régimen de courier. Actualmente, los primeros US$ 400 de cada envío sin finalidad comercial están exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, hasta un máximo de cinco operaciones anuales por persona. Esto no implica una exención tributaria total, ya que puede continuar correspondiendo el pago del IVA.
La industria automotriz y los consumidores de vehículos también recibieron reducciones. En 2025 se suspendió temporalmente una de las escalas de impuestos internos y se redujo del 35% al 18% la alícuota aplicada a los vehículos de mayor valor. Posteriormente, la Ley de Modernización Laboral sancionada en 2026 dejó sin efecto los impuestos internos sobre automóviles, motos, embarcaciones, aeronaves, seguros, servicios de telefonía celular y satelital y objetos suntuarios.
Bienes Personales y monotributo
El alivio también alcanzó a determinadas personas humanas. Piacentini resaltó los cambios en Bienes Personales, tanto por el incremento del mínimo no imponible como por la reducción gradual de las alícuotas.
El monto general a partir del cual se determina el impuesto pasó de $100 millones para el período fiscal 2023 a casi $293 millones en 2024 y a $384,7 millones durante 2025. La reforma también estableció una disminución progresiva de las escalas: para el período fiscal 2026 las alícuotas van del 0,5% al 0,75%, mientras que en 2027 se aplicará una tasa única del 0,25% sobre los bienes que superen el mínimo no imponible.
En el caso del monotributo, Piacentini sostuvo que la ampliación de los parámetros permitió que profesionales, comerciantes y trabajadores de oficio permanecieran durante más tiempo en el régimen simplificado, sin tener que pasar al régimen general de IVA y Ganancias.
“Se subieron las tablas por importes importantes, por encima de la inflación, de tal manera que la gente pueda permanecer en el monotributo durante más tiempo. Pasarse al IVA causa muchísimo impacto impositivo a algunos profesionales u oficios”, explicó.
Las pymes del mercado interno todavía no sienten el alivio
La situación es diferente para las empresas que producen principalmente para el mercado interno. Parreira advirtió que las pequeñas y medianas compañías “continúan enfrentando una carga tributaria elevada” y que las reducciones implementadas a nivel nacional pueden quedar neutralizadas por los impuestos provinciales y municipales.
“En muchos casos siguen conviviendo con impuestos provinciales y municipales que tienen una incidencia importante sobre la rentabilidad, además de afrontar elevados costos laborales y financieros. Por eso, aunque existan algunas reducciones a nivel nacional, muchas empresas todavía no perciben un alivio significativo en su carga total”, señaló.
Piacentini coincidió en que el principal problema continúa siendo Ingresos Brutos. Además de sus alícuotas, cuestionó los regímenes provinciales de retención y percepción, que pueden provocar que las empresas acumulen saldos a favor en jurisdicciones donde luego resulta complejo solicitar la devolución.
“Lo que afecta muchísimo todavía a la pyme es que no se le han bajado impuestos realmente distorsivos como Ingresos Brutos, que además sigue percibiéndose mediante grandes retenciones de todas las provincias. Muchas empresas permanecen con saldo a favor y enfrentan trámites muy difíciles para pedir la devolución”, afirmó.
A esto se suma el costo de funcionar como agente de retención. Piacentini puso como ejemplo la Resolución General 830, originalmente dictada en 2000 y modificada en distintas oportunidades, que obliga a determinados contribuyentes a retener Ganancias al realizar pagos a sus proveedores. Los montos mínimos dependen del concepto involucrado y, para profesiones liberales y oficios, el anexo vigente establece un monto no sujeto a retención de $160.000.
Según la especialista, el inconveniente no es solamente financiero para quien sufre la retención, sino también administrativo para la empresa obligada a practicarla: debe calcular el importe, emitir el certificado, depositar los fondos ante ARCA y presentar la información correspondiente.
Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, los más distorsivos
Existe coincidencia entre los especialistas en que Ingresos Brutos es uno de los tributos que más altera el funcionamiento de la economía. A diferencia del IVA, no permite descontar el impuesto pagado en la etapa anterior, por lo que se va acumulando a lo largo de la cadena de producción y comercialización.
“Grava cada etapa de la cadena productiva y genera un efecto cascada que termina encareciendo bienes y servicios”, explicó Parreira.
El segundo impuesto señalado es el que recae sobre los débitos y créditos bancarios. Aunque las micro y pequeñas empresas pueden computar el 100% de lo pagado como crédito contra el impuesto a las Ganancias, primero deben afrontar el descuento sobre sus movimientos bancarios, lo que afecta su liquidez. Para el resto de los contribuyentes, el cómputo general habilitado es del 33%.
“Si bien se recupera para las mipymes, es una recuperación que se hace luego de haber sufrido el impuesto y afecta la liquidez”, señaló Piacentini. Por ese motivo, consideró que podría eliminarse directamente para las pequeñas empresas, evitando tanto el costo financiero como la posterior tarea de administración y recupero.
La tributarista agregó otro punto: los impuestos que recaen sobre los intereses de los créditos. Según explicó, un préstamo puede quedar alcanzado por IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, dependiendo de la operación y la jurisdicción.
“Los créditos se encarecen muchísimo por los impuestos que gravan los intereses. Sacarlos derramaría rápidamente en un beneficio para los créditos a las pymes, el consumo y las personas humanas”, planteó.
¿Hay margen para continuar bajando impuestos?
Para Parreira, existe espacio para seguir avanzando hacia un esquema más simple, aunque cualquier reducción deberá estar subordinada al equilibrio fiscal.
“El desafío consiste en avanzar de manera gradual, priorizando aquellos impuestos que más afectan la inversión, la competitividad y la generación de empleo. Un esquema tributario más previsible y menos distorsivo puede convertirse en una herramienta muy importante para impulsar el crecimiento”, sostuvo.
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La principal dificultad es que parte de los impuestos más cuestionados no depende del Gobierno nacional. Ingresos Brutos y Sellos son provinciales, mientras que las tasas sobre la actividad económica corresponden a los municipios. Una reforma integral requeriría, por lo tanto, coordinación entre los tres niveles del Estado y mecanismos que compensen la pérdida inicial de recursos de las jurisdicciones.
La propuesta de avanzar hacia un impuesto de alícuota única
Desde la Fundación Internacional Bases plantearon la posibilidad de implementar una reforma tributaria basada en un impuesto de alícuota única, conocido como Flat Tax, como elemento central de un futuro régimen impositivo.
“Si bien no es un concepto nuevo, sería un cambio significativo en la relación entre el Estado y el contribuyente”, explicó Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases.
Bajo este esquema, todos los ingresos de una persona se sumarían, se aplicarían las deducciones correspondientes —como intereses hipotecarios, familiares dependientes y otros gastos— y luego se tributaría mediante una única alícuota, independientemente del nivel de ingresos.
Para Sarano, una de las principales ventajas de este modelo es que elimina los desincentivos fiscales para incrementar los ingresos. “Cada peso nuevo de ingresos está gravado a la misma tasa, lo que agrega previsibilidad y ayuda a la toma de decisiones de empresas y familias respecto de cuánto trabajar”, sostuvo.
En el caso argentino, el economista consideró que un régimen de estas características podría simplificar significativamente el pago de impuestos y reducir la complejidad administrativa de ARCA. Además, permitiría reemplazar los múltiples esquemas vigentes —como el monotributo, autónomos y el régimen de relación de dependencia— por un único impuesto en el que todos los ingresos, o las ganancias en el caso de las empresas, recibieran el mismo tratamiento.
“Es un régimen infinitamente más justo, ya que no discrimina por la fuente de ingreso, como lo hace el régimen actual”, concluyó Sarano.
FN
