Catarata de denuncias contra la toma de colegios: la criminalización de la protesta
Diputados y senadores del Frente de Todos acusaron a Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, mientras que integrantes de Republicanos Unidos arremetieron contra estudiantes del Pellegrini. En el medio, acusaciones por abuso de autoridad policial y una puja que no cesa.
Escuela tomadas de la Ciudad de Buenos Aires. |
Telam
Este viernes se cumple una semana de los reclamos que comenzaron en el colegio Mariano Acosta y se extendieron hasta 20 establecimientos de los cuales 13 continúan en la misma tónica y 7 con la medida de pernoctar.
La decisión del gobierno porteño de aplicar el protocolo especial para las tomas y permitir que la Justicia empiece a mediar en el conflicto mostró la férrea posición de la cartera educativa de Soledad Acuña, pero también viró la discusión hacia una judicialización de la protesta educativa.
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En la semana, dos madres contaron que la Policía de la Ciudad se presentó en sus casas para notificarlas de las actividades que estaban llevando adelante sus hijos. Incluso trascendieron imágenes de los efectivos afuera de los colegios tomados, lo que generó que los críticos del ejecutivo porteño hablaran de amedrentamiento.
Rodríguez Larreta apoyó a Acuña y cuestionó las tomas.
Pero la profundización del conflicto ya tiene varias denuncias que se suman a las demandas civiles y penales que impulsó la Ministra de Educación, y dos de ellas están ligadas al Frente de Todos.
Las denuncias contra Larreta y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Desde la Secretaría de Derechos Humanos se presentó un hábeas corpus para que los efectivos se retiren de la puerta de los edificios tomados y se explicitó que el organismo "no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones".
"Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, esgrimieron desde la institución que encabeza Horacio Pietragalla Corti.
También manifestaron que se trata del "inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico, que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios”.
Diputados y senadores nacionales denunciamos al Gobierno de la Ciudad (@gcba ) frente a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes por los derechos afectados de las y los chicos que participan de las tomas. pic.twitter.com/vfylCwsHbU
Los diputados nacionales y un senador que representan a CABA en el Frente de Todos también irrumpieron en el conflicto y apuntaron contra la administración de Rodríguez Larreta. En un escrito de seis páginas, se presentaron frente a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para acusar la vulneración de derechos y garantías fundamentales de los alumnos.
Entre los argumentos que manifestaron, hablaron de la promoción de "prácticas persecutorias" e instancias que hicieron escalar el conflicto "a través de denuncias infundadas con intervención de patrullas policiales".
"La presión penal y punitiva sobre las familias es un grave antecedente a futuro que no podemos dejar pasar. Con sus prácticas autoritarias están destruyendo a la comunidad educativa", sostuvo Mara Brawer, una de las diputadas que rubricó la denuncia. Junto a ella firmaron Paula Penacca, Carlos Heller, Itaí Hagman, Leandro Santoro, Gisella Marziotta, Eduardo Valdés y el senador Mariano Recalde.
Este jueves también llegó a los despachos de Comodoro Py una denuncia de Daniel Catalano, secretario general de ATE en Capital Federal, acusando a Rodríguez Larreta y Acuña de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia contra los alumnos
Como contraparte, hubo un pedido a la Justicia contra el estudiantado que reclama mejores condiciones edilicias, mayor calidad en la alimentación y una reconfiguración de las prácticas de acercamiento al mundo laboral
Los alumnos del Pellegrini cerraron el acceso con candado y fueron denunciados.
La denuncia fue impulsada por Rodrigo Forlenza y Facundo Sapienza, representantes de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy. Allí apuntan contra el centro de estudiantes del colegio Carlos Pellegrini por constituir "un impedimento para que las autoridades de la escuela (que revisten carácter de funcionarios públicos) cumplan con actos propios de sus funciones, como velar por la seguridad de los alumnos, custodiar el patrimonio del colegio y conducir al equipo docente en la elevada tarea de educar".
El miércoles se conoció que los jóvenes habían cerrado las puertas del establecimiento con candado propio. "No puede entrar ninguna autoridad ni ningún adulto sin previo aviso. Por ejemplo si nosotros queremos hacer una reunión de familias o docentes es una decisión nuestra, sino nadie puede entrar. La medida es tomada por y para los estudiantes”, explicó entonce Micaela Güera de Souza, presidenta del centro estudiantil.
Tanto Sapienza como Forlenza citan el artículo 241 del Código Penal el cual habla de reprimir con quince días a seis meses de prisión a quienes impidan desarrollar sus tareas a funcionarios públicos.
Ramiro Marra pide expulsar a quienes toman colegios
El legislador Ramiro Marra, del partido de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para expulsar a los jóvenes que participaron de las tomas escolares en el Mariano Acosta.
Marra, alfil de Milei en CABA, en contra de las tomas de colegios.
"Educarse es algo esencial, ellos no pueden tomar la determinación deliberada de tomar el colegio. Necesitamos poner orden, necesitamos que tengan límites. Estamos cansados de que estos chicos utilizados por los espacios políticos terminen tomando colegios de forma discrecional", dijo el integrante de La Libertad Avanza.
En la propuesta, Marra habla de sumar el artículo 9 bis a la Ley 223 del Sistema Escolar de Convivencia para castigar la interrupción del funcionamiento normal de los establecimientos educativos con la expulsión de los alumnos.
