El desafío peronista persiste ante posibles reformulaciones contemporáneas de la justicia social teniendo en cuenta el enraizamiento que esa tradición mantiene en parte de los sectores populares, persiste, aunque con configuraciones cambiantes. Y otro participante de la escena es el de los adversarios, muchos de ellos anti peronistas que suelen coaligarse completando la polarización.
Lo propio de la competencia política es la diferenciación entre adversarios que aspiran al poder. Pero en Argentina existen polos que tienden a desconocerse en su legitimidad de modo que de adversarios devienen enemigos.
El propósito de los no peronistas sueles ser la extinción del peronismo y la de estos, en su versión extrema, su mantención en el poder con una hegemonía expansiva.
En sus orígenes el peronismo conllevó una articulación entre justicia social y primacía autoritaria de Perón quien daba su nombre al movimiento y encarnaba en si mismo la substancia del pueblo
La descripción arriba enunciada parece ser una imagen del pasado, menos vigente y en vías de evolucionar en una dirección aún incierta.
Por cierto, en sus orígenes el peronismo conllevó una articulación entre justicia social y primacía autoritaria de Perón quien daba su nombre al movimiento y encarnaba en si mismo la substancia del pueblo.
La admiración e idealización del 17 de octubre de 1945 es el icono de las reformas sociales incluyentes y de un protagonismo obrero y popular decisivo. Fue la multitud proveniente de las barriadas la que forzó lo inesperado, la liberación de Perón del confinamiento en que se hallaba, e inmediato traslado, alocución y consagración desde los balcones de la Casa Rosada (ver Juan Carlos Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Siglo XXI, 2012).
El líder había creado las condiciones para su reconocimiento desde la secretaria de trabajo y previsión durante el régimen de facto instalado desde dos años atrás. Luego de consagrarse presidente en las elecciones de febrero 1946 relegó a los dirigentes sindicales que lo habían respaldado, persiguió y encarceló a algunos de ellos, disolvió al partido laborista y subordinó a las organizaciones sindicales merced a una popularidad entre los trabajadores que no requería ya de mediaciones autónomas.
Eran tiempos en que las mediaciones subordinadas eran con todo necesarias y se multiplicaron dando consistencia a su gobierno hasta el golpe de Estado que llevó Perón al exilio.
La fiesta del 17 de octubre se reducirá a un mensaje de Alberto a la militancia
Fue así, a semejanza de algunos liderazgos de popularidad contemporáneos, no tan solo ni principalmente el gobernante surgido de las urnas, sino la encarnación del pueblo en el vínculo de inmediatez y corporeidad provisto por las rituales concentraciones populares en la Plaza de Mayo.
Con Perón lejano, en el exilio, y con un breve regreso que lo llevó a su tercera presidencia, y aun luego de su fallecimiento el movimiento con reconfiguraciones persistió.
De modo que el peronismo, la vertiente con primacía en los sectores populares expresaría la articulación originaria entre justicia social y ejercicio autoritario del poder.
El peronismo es una tradición que permea en diversos actores políticos y sociales, pero desde la muerte del líder ha conocido reconfiguraciones o a veces convergencias de actores diferenciados, que sin embargo encuentran su rédito de poder en su invocación a veces disidente de la cúspide del movimiento en nombre del “peronismo verdadero”( Carlos Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda, Siglo XXI, 2001).
Se han sucedido elecciones y controversias signadas por el registro de la negatividad, es decir en la polarización continua.
El peronismo es una tradición que permea en diversos actores políticos y sociales
Quizás una excepción se produjo en el pasado durante el gobierno de Raúl Alfonsín cuando el antagonismo remitía a la herencia de la dictadura y a las amenazas frecuentes provenientes de sublevaciones militares. En ese entonces un peronismo renovado pudo actuar de consuno con su adversario radical gobernante e ilustrar la persistencia y a la vez la renovación democrática.
El kirchnerismo gobernante, durante su primera presidencia, tuvo la oportunidad -ante oposiciones disminuidas – de expandir la deliberación con los adversarios, pero en cambio prosperó la cooptación expansiva.
El ciclo kirchnerista de los liderazgos de popularidad emergentes – Néstor Kirchner y Cristina Kirchner- fue renuente a la invocación del peronismo, dada las ambiciones de impronta propia. Fueron respetuosos de la institucionalidad electoral- pero afines al ejercicio de un poder concentrado y en su fase cristinista con ambiciones hegemónicas de tinte ˝revolucionario”, por caso el proyecto de democratización de la justicia de 2012 y la hostilidad hacia los medios de comunicación.
Los actores que se reclaman de la tradición peronista, se encuentran actualmente con una sociedad muy diferente a la de los años 40 del siglo XX.
La pandemia ha profundizado la declinación de las condiciones de vida de la mayoría, aunque de modo diferenciado, con consecuencias que acentúan la fragmentación.
Los pobres, los empobrecidos y los indigentes se han incrementado y están mas pendientes de asegurar su subsistencia y sus precarias condiciones de vida. Los sectores medios se han fragilizado habiendo algunos perdido su emprendimiento, o visto declinar su comercio o su ámbito profesional. Experimentan con descontento las desigualdades sociales que visibilizan su acceso limitado las nuevas tecnologías y a bienes de consumo de los que solo gozan en mayor medida el pequeño núcleo de los mas solventes, quienes en algunos casos se protegen de la contingencia pandémica y social con el autoexilio.
Los sindicatos y el movimiento obrero como resultado de los cambios sociológicos y culturales ven su rol disminuido en tanto que las organizaciones sociales prevalecen en el espacio público y en el condicionamiento de los actores políticos.
La escena política iluminada por el resultado de las recientes elecciones primarias y los acontecimientos posteriores que derivaron en conflictos en el oficialismo y una recomposición del gobierno amplían la fragmentación interna en las alternativas políticas principales.
El Frente de todos está procurando recuperar terreno recurriendo a un incremento del asistencialismo y otras promesas distributivas, pero en un contexto de creciente inflación que hace mas inciertos los de por si dudosos efectos de esa estrategia.
El presidente relegado a un segundo plano ilustra la ampliación de la cúpula gobernante resultado de la capacidad disruptiva que ha tenido la crítica carta de la vicepresidenta y la amenaza de retiro de su bloque de leales en el gabinete, pero los resultados en la composición del gabinete ilustran los nuevos límites de Cristina Kirchner y la incerteza del equilibrio de poder y rumbo de gobierno que se adoptará luego de las elecciones generales de noviembre. Lo cierto es que los aspirantes a prevalecer en la coalición gobernante se han multiplicado.
Las oposiciones también exhiben una novedosa diversidad, y en particular Juntos por el cambio presentando una oferta electoral que en algunos distritos compagina candidatos del sector Rodríguez Larreta con conservadores pro mercado irrestricto y partidarios de una política de seguridad sustentada en un mayor rigor de la coerción, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires la lista del PRO se ha amalgamado con otra de una vertiente progresista del radicalismo que incorpora asimismo peronistas disidentes y algún socialista.
En otros distritos no es la lista promovida por el Pro la que ha prevalecido en las primarias de Juntos por el cambio, sino una alternativa como en los casos de Córdoba y Santa Fe.
Asimismo, ha crecido el caudal electoral del “Frente de izquierda y los trabajadores” ilustrando su creciente implantación en los sectores populares paralelo a sus multitudinarias movilizaciones en reclamo de mejoras en la asistencia social.
Y ha emergido con fuerza una vertiente auto designada como libertaria tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
Javier Millei ha tenido un eco considerable en el ámbito porteño, notorio en los barrios populares y entre los jóvenes. Estos se han movilizado trasladados de la conectividad digital a la presencia en actos públicos concurridos. Esta corriente pese a su compromiso implícito con el statu quo que incluye la prédica de la no regulación de los mercados ni de la vida pública, alza la voz por la libertad y contra el status quo encontrando una audiencia - quizás por un malentendido derivado del empleo de un discurso equívoco- entre quienes aspiran a una sociedad sin privilegios y con posibilidad de tener un curso de vida electivo. Esta corriente tiene una variante afín menos bulliciosa en la provincia de Buenos Aires, liderada por José Luis Espert.
Las elecciones recientes, aunque signadas por la polarización ilustran a la vez una gran fragmentación de modo que el desafío peronista adquiere una nueva relevancia.
Quirós, sobre los dichos antivacunas de Milei: “Esa información es verdaderamente errónea”
Una dificultad para una expansión de una respuesta surgida de una corriente progresista proviene de la persistencia de una tradición antiperonista que alude a un ADN peronista que contendría un anclaje en el autoritarismo y en la promoción del asistencialismo como recurso para el ejercicio de un poder concentrado y arbitrario. Esta corriente, el otro polo de la polarización, esperanzado en la extinción del peronismo no es solo un extremo de argumentación ideológica. Luego del derrocamiento de Perón su movimiento fue proscripto por 18 años con excepción de la presidencia de Frondizi. La desperonizacion decretada en ese entonces incluía la prohibición de mencionar al líder y a Evita, así como la de cualquier referencia a la ideología peronista.
Puede considerarse que en el contexto de una economía que recién trata de recuperarse agobiada por la expectativa de renegociar su deuda externa y por un déficit fiscal en el que incide el gasto público para políticas sociales imperioso en las condiciones de pobreza y deterioro de los sectores medios, no hay lugar para una legislación impositiva mas justa u otras alteraciones del statu quo.
Por fuera de esa perspectiva, a fines de 2020 el gobierno promovió por ley y por única vez un impuesto a las grandes fortunas – llamado aporte solidario, para evitar que prosperaran los cuestionamientos por inconstitucionalidad-, invocando las necesidades que había generado la pandemia.
Uno de los argumentos críticos aludía a la retracción en las inversiones que provocaría esa carga impositiva inesperada. Ese argumento tiene de cierto que los impuestos deberían ser reformulados en un contexto de confianza ciudadana en los gobiernos y como resultados de una deliberación pública que en este caso fue muy marginal. Y sobretodo esas reformas deberían ser parte de un programa coherente de reformas argumentado y debatido.
Debe sin embargo consignarse un contexto internacional favorable a impuestos con miras redistributivas. De gran significación es el impuesto universal a las grandes multinacionales adoptado recientemente por 136 países. Impulsado inicialmente por Europa y EUA. Se ha convenido un impuesto del 15% a las ganancias aplicable y efectivizado allí donde se generan beneficios, inhibiendo la posibilidad de sedes administrativas en paraísos fiscales. De ese modo la amenaza usualmente esgrimida por los capitales de mudarse a una sede mas conveniente se vería desbaratada.
En el curso de la campaña electoral, la proclamada confrontación entre concepciones diferentes relativas al tipo de sociedad no se respalda en alternativas coherentes de rumbo futuro y ello en razón de la diversidad y discrepancias en el interior de las principales coaliciones en competencia.
Sin embargo, surgieron iniciativas y un decreto referidas a los trabajadores formalizados que promueve su involucramiento en comisiones de empresa de composición paritaria en relación a temas de seguridad y condiciones de trabajo.
Otras iniciativas algunas como proyectos de ley abordan el como promover la formalización laboral y por consiguiente la actualización de derechos para los informales y para quienes trabajan en el ámbito de la denominada economía popular, que incluye cuenta propistas no declarados y mini emprendimientos colectivos informales.
Mas allá de la precipitación de estas iniciativas y leyes en la antesala de elecciones decisivas , corresponde reflexionar sobre las mismas.
Estas iniciativas han suscitado reacciones diversas que habilitan un debate en que el que podría intervenir una perspectiva progresista. Una actualización de la misma es provista por las contribuciones de Thomas Piketty (El socialismo participativo, Perfil, 8/10/2021, Capital e ideologie, Seuil, 2019) proponiendo una estrategia de reparto de la propiedad y del poder: “No basta con la igualdad educativa y el Estado social: para lograr la igualdad real, la totalidad de las relaciones de poder y dominación deben ser repensadas. Esto requiere, en concreto, un mejor reparto del poder en las empresas. Una vez mas, debemos partir de lo que funcionó bien en el siglo XX. En muchos países europeos, en particular en Alemania y en Suecia, el movimiento sindical y los partidos socialdemócratas lograron, a mediados del siglo XX, imponer un nuevo reparto del poder a los accionistas, a través de los llamados sistemas de “cogestión”: los representantes electos de los empleados tienen hasta la mitad de los puestos en los consejos de administración de las grandes empresas, incluso en ausencia de toda participación en el capital. No se trata de idealizar este sistema (en caso de empate, son siempre los accionistas los que tienen el voto decisivo), sino simplemente de constatar que se trata de una evolución considerable de la lógica accionarial clásica.”
De modo que ante un decreto de coparticipación con competencia en lo que sucede en las grandes empresas una posición progresista no puede simplemente considerar que ello retraería la inversión productiva. Por cierto, una inclusión de los asalariados en responsabilidades directivas debería y puede propender a la cooperación y la productividad a la vez que conlleva un reparto del poder. E inscribirse en una perspectiva que no deposita en el Estado la expansión de atribuciones de trabajadores y ciudadanos.
Progresos en una distribución del poder en las empresas seria ejemplificadora e inspiraría otros ámbitos de la economía y la vida pública.
Diálogo que debería impulsarse en la idea participativa de la justicia social
Por cierto, en Argentina es crucial el ámbito de la economía informal, los proyectos de regularización de los asalariados informales y de quienes tienen planes deben ser e impulsados de modo tal que en paralelo con los incentivos a los empresarios se aseguren los derechos de los trabajadores.
Para que la conflictividad que generan estas iniciativas no las fije en su formulación inicial, pero tampoco las bloquee se requiere una ampliación del debate público que trascienda ampliamente la negociación entre las coaliciones actualmente mayoritarias muy especialmente teniendo en cuenta la heterogeneidad de cada una de ellas.
El principio de la justicia social que desde el inicio de esta nota se mencionaba como un sustento en la conformación del peronismo, es de actualidad.
El desafío peronista es entonces tomar en cuenta a quienes están influidos por esta tradición y quienes se identifican con ella y solicitarlos para el diálogo como interlocutores por iniciativa de quienes se identifican con una perspectiva progresista del siglo XXI
Diálogo que debería impulsarse en la idea participativa de la justicia social que impulsa la drástica, pero progresiva reducción de las desigualdades, así como el goce de la libertad que no habilita depositarios o ejecutores burocráticos de los cambios a venir en las relaciones sociales.
*Conicet, profesor consulto Universidad de Buenos Aires.
