En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández presentó los ejes más importantes que van a guiar su mandato. Entre ellos, habló de la reforma judicial. Se trata de un tema que preocupa a toda la sociedad, porque existe un consenso general en torno a la distancia que separa al funcionamiento real de la Justicia, con respecto al programa de la Constitución Nacional que consagra la forma democrática del republicanismo. La palabra judicial permanece envuelta en un manto de sospecha y ello es incompatible con el funcionamiento de una sociedad organizada en base a los derechos y obligaciones regladas.
Desde hace tiempo existen múltiples intervenciones sobre la cuestión judicial. De hecho, en varios formatos y en diversos momentos tomamos parte de ese rico debate.
Actualmente y con la experiencia recogida tras más de veinte años de ejercicio de la magistratura, podemos presentar algunos ejes para contribuir a la discusión desde el punto de vista interno a la administración de Justicia.
Corte. El sistema judicial es complejo. Existen múltiples áreas con funciones específicas. Por lo tanto, nos vamos a limitar a señalar determinados puntos que son esenciales en cualquier agenda de reformas, pero que no agotan las dimensiones de una tarea que en rigor de verdad abarca, con distintos niveles de responsabilidad, a todos los ciudadanos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial. Por lo tanto, concentra cualitativamente mucho poder político porque es el último intérprete de la Constitución Nacional; es decir, es quien define cuál es el alcance de las normas jurídicas. Esa sola circunstancia revela que quizá es demasiada la carga laboral y precisamente por ello habría que pensar en algún modo de distribuirlo. Por ejemplo, dividiendo la Corte en salas. Ello, además, probablemente permitiría abordar otra cuestión relacionada con los tiempos judiciales. La Corte no solo recibe demasiados expedientes, sino que carece de plazos para tomar decisiones. Fijar plazos por una ley, significaría contribuir a brindar certezas e igualdad entre los ciudadanos y magistrados, y también evitaría especulaciones acerca del manejo político del trámite de los expedientes. Convendría, además, que la Corte disponga la apertura de un camino de apertura hacia la sociedad para disminuir las fronteras que separan al hombre de a pie del servicio público de Justicia. Hoy en día es realmente difícil, aún para los judiciales, conocer cómo funciona la Corte, cómo se distribuyen las funciones de sus empleados o cómo se definen las prioridades de su agenda.
Procuración. La Procuración General de la Nación es la máxima jerarquía del Ministerio Público Fiscal que debe representar los intereses generales de la sociedad, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994. En esta materia hay un desafío que se remonta al diseño de la institución. Actualmente el rasgo más importante yace en la investigación de los delitos. Sin embargo, el Código Procesal sancionado en el año 2015 y aún en proceso de implementación, invita a expandir el rol de la institución hacia otros horizontes como la resolución de conflictos antes de judicializarlos y, en general, hacia un desempeño más cercano con los conflictos sociales como punto de partida para definir una política criminal que recepte los intereses de los ciudadanos. Sobre todo, porque el nuevo Código asigna mayor protagonismo a los fiscales. El Ministerio Público es una suerte de abogado de los ciudadanos, y a ese fin debería ajustarse el diseño institucional.
Consejo. El Consejo de la Magistratura es un lugar clave y sobre el que es necesario detenerse. Sus dos décadas de funcionamiento demuestran que no cumplió acabadamente la función por la cual fue incluido en la reforma constitucional de 1994. No obstante, aún cuando no se pueda plantear su eliminación por su rango constitucional, es preciso replantear su estructura para que los modos de selección y remoción de magistrados sean ágiles, transparentes y para que tengan en cuenta la historia personal y la conducta ética de los aspirantes a ejercer la magistratura en la comunidad. Existen dinámicas internas muy específicas que se traducen en políticas públicas lentas, tediosas y deficitarias en términos de eficacia republicana.
Con referencia a la Justicia Federal presenta problemas que son públicos y notorios. El edificio de la Avenida Comodoro Py se volvió emblemático, pero sus problemas básicos se extienden a otros sectores de la Justicia en general y Penal en particular. Es difícil reducir la lista de problemas. Pero en los últimos tiempos se destacan los abusos de la prisión preventiva, los tiempos que demandan las investigaciones y el desarrollo de los procesos que muchas veces, aparece envuelta en sospechas.
Zonas grises, límites borrosos. Están relacionados con la intervención de actores no queridos por la Constitución en el devenir de las causas. Obviamente no podemos abordar en este texto todos estos tópicos profundamente. No obstante, todos esos problemas tienen un punto en común: el desplazamiento de la política a la Justicia y la politización de la Justicia. Ello hizo que las funciones se mezclaran. Muchos políticos escogieron resolver sus problemas usando el Código Penal y algunos magistrados parecerían haber ingresado en esa dinámica. En otras palabras, desde hace algún tiempo algunos dirigentes confundieron diferencias ideológicas con problemas penales. En medio de esa bruma, muchas veces se aplicó mal la ley en nombre de la Constitución. Por lo tanto, se trata de reencauzar las cosas en los términos y con los límites que establecen las leyes. Es claro que se trata de zonas grises y que en muchas oportunidades los límites son borrosos. Pero en el fondo, la cuestión se remonta a resolver las diferencias políticas en base a criterios políticos y los hechos delictivos según las normas penales. Uno de los meollos del tema, se vincula con definir mejor los delitos para evitar la discrecionalidad de la Justicia y en limitar el catálogo de los tipos penales. En efecto, el desafío pasa por equilibrar el interés de la sociedad en que los delitos sean castigados y proporcionar caminos rápidos y alternativos para el dolor de las víctimas, de modo que no se confundan los rasgos contundentes del derecho penal con el impacto en la esfera emocional que causan los delitos.
Falsas denuncias. También en legislar de modo tal que las denuncias malintencionadas tengan un costo concreto para aquellos que usan al sistema judicial con fines particulares. Nos referimos, por un lado, a tipos penales abiertos como el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que, en los hechos, funcionan como una bolsa en la que todo cabe. Por otro lado, a la práctica de recortar un diario, presentar la noticia como un delito y así promover una causa penal. Ambos extremos deben ser revisados, como también reflexionar en torno a los plazos de prescripción de la acción penal, de modo que no incentiven estrategias de dilación de las causas para conseguir la impunidad.
Existen, asimismo, muchos conflictos sociales propios de la vida cotidiana como aquellos derivados de reparaciones defectuosas de artefactos domésticos, pequeños servicios y problemas tales como hacer efectivas garantías de bienes, que invitan a evaluar si no es necesaria una Justicia de menor cuantía para que de manera rápida, sencilla y con pocos formalismos, suministre a los ciudadanos respuestas rápidas a estos pequeños grandes problemas. Esta Justicia de menor cuantía podría combinarse con la implementación del juicio por jurados para algunos delitos, porque entre otras ventajas, el hecho de que los ciudadanos juzguen a sus pares es una gran escuela de ciudadanía.
Estas líneas son muy generales, pero deberían integrar cualquier discusión seria sobre una Justicia que recepte el programa de la Constitución, aunque ello requiere como condición básica la franqueza de todos los actores y la subordinación de cualquier interés particular al general.
Sin esa premisa será muy difícil tener una Justicia para la democracia.
* Fiscales federales.
