En septiembre pasado, la ONG Safeguard Defenders denunció que China tiene en funcionamiento “54 centros de servicios policiales en el extranjero”, que se encuentran distribuidos en los cuatro continentes; incluso, uno de ellos funcionaría en Argentina. Frente a esto, el reclamo de algunos países no se hizo esperar, pero el Gobierno chino defiende la legalidad de estos lugares y rechaza las acusaciones que recaen en su contra.
De acuerdo con el informe publicado por la organización, estos centros realizan operaciones policiales chinas en territorios extranjeros y forman parte de un sistema global para obligar a los disidentes del régimen de Xi Jinping a regresar a Beijing. De esta manera, 230.000 ciudadanos chinos regresaron al país asiático y, ahora, enfrentan cargos penales, a través de estos métodos, según denunció Safeguard Defenders.
La palabra de China y sus argumentos
Sin embargo, el Gobierno chino negó las acusaciones de que esto implique una actividad ilegal y, por el contrario, aseguró que estos lugares ofrecen servicios como renovaciones de licencias de conducir a los ciudadanos chinos en el extranjero.
En ese sentido, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, como primera respuesta oficial, indicó que estos centros “cumplen estrictamente el derecho internacional y respetan plenamente la soberanía judicial de otros países”.
Luego de que las naciones comenzaran a presionar a China, el canciller chino, Wang Wenbin, definió como “completamente falsos” a los informes y sostener que el país asiático tomó medidas enérgicas contra lo que llamó "crímenes transnacionales", en el marco de la nueva legislación que entrará en vigor a partir de diciembre de este año. Esta ley establece la extraterritorialidad total sobre los ciudadanos chinos a nivel mundial por cometer delitos relacionados con las estafas y el fraude.
De igual forma, una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores en Shanghái confirmó a El Correo que existen maniobras para "convencer" a los presuntos delincuentes de regresar al país y dijo: "Los tratados bilaterales son muy engorrosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué tiene de malo presionar a los criminales para enfrentar la Justicia con todas las garantías recogidas en la ley china".
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La reacción de los diferentes países
Una vez que se conocieron los datos del informe, algunas naciones comenzaron a iniciar investigaciones, tales como Canadá, Holanda, Irlanda y España.
La Real Policía Montada de Canadá confirmó que está “investigando informes de actividad delictiva”, como también reconoció que “los estados extranjeros pueden tratar de intimidar o dañar a las comunidades dentro de Canadá”.
El Gobierno holandés inició también una investigación, ya que el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Maxime Hovenkamp, aseguró que China “nunca informó sobre los centros a través de canales diplomáticos, por lo que los convierte en ilegales”. Una denuncia similar realizó Irlanda por un centro ubicado en Dublín.
Por otro lado, el informe alerta: “La combinación de una ausencia absoluta de garantías judiciales mínimas para el objetivo y la asociación por métodos de culpabilidad empleados en sus familias, así como los métodos ilegales adoptados para eludir los mecanismos oficiales de cooperación internacional y el uso de organizaciones relacionadas con el Trabajo del Frente Unido en el extranjero para ayudar. en tales esfuerzos, representan un riesgo muy grave para el estado de derecho internacional y la soberanía territorial”.
Estos centros estarían distribuidos por los cinco continentes. Los gobiernos de Países Bajos, España y Canadá ya abrieron investigaciones, mientras que otros centros se encuentran en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Portugal, Italia, Alemania, entre otros.
A continuación el informe completo de Safeguard Defenders
RdC
