El presidente Donald Trump presentó en Davos su visión para una "nueva Gaza", un proyecto que buscó transformar el territorio devastado en un complejo de rascacielos de lujo junto al mar. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el mandatario destacó las bondades de la ubicación costera y aseguró que el plan tendrá un "éxito descomunal". Trump dejó en claro ante la audiencia su experiencia en el sector inmobiliario y calificó la zona como una "hermosa propiedad" con un potencial económico capaz de beneficiar a millones de personas.
La iniciativa se canalizó a través de un polémico "Consejo de Paz", una junta creada originalmente para supervisar la reconstrucción de la zona. Sin embargo, el presidente estadounidense aclaró que este organismo aspiró a resolver conflictos a nivel global, posicionándose como un “competidor directo de la ONU”. El mandatario confió en que esta nueva estructura administrativa permitirá gestionar el territorio con una lógica empresarial, alejándose de los métodos tradicionales que emplearon los organismos internacionales hasta el momento.
Jared Kushner, enviado especial para el alto el fuego, acompañó la presentación con diapositivas que mostraron decenas de torres de departamentos con terrazas y paseos arbolados. El funcionario vaticinó que una reconstrucción de esta magnitud, diseñada para albergar a dos o tres millones de personas, es factible de concretar en un plazo de apenas tres años. Kushner comparó la propuesta con otros desarrollos urbanos masivos en Oriente Medio y enfatizó que el "plan maestro" solo necesitó voluntad política para hacerse realidad.
En términos financieros, la propuesta se basó una inversión mínima de 25.000 millones de dólares destinada a levantar la infraestructura y los servicios públicos destruidos por la guerra. El equipo económico de Trump proyectó que, en una década, el PBI del territorio alcanzaría los 10.000 millones de dólares y los hogares dispondrán de un ingreso anual promedio de 13.000 dólares. El plan prometió alcanzar un "empleo pleno al 100%" y generar oportunidades industriales que permitan a la población prosperar mediante la inversión y el trabajo.
El Comité Nacional para la Administración de Gaza ya inició gestiones con la compañía inmobiliaria israelí Yakir Gabay para liderar la ejecución de las obras. Según Kushner, el empresario se ofreció a realizar la tarea sin fines de lucro, motivado por un interés humanitario en la región. La administración fijó un plazo de cien días para centrarse en la implementación del proyecto, con el anuncio de nuevas contribuciones financieras que se realizarán próximamente en Washington para atraer a más inversores privados al territorio.
El núcleo del plan se apoyó en el desarme total de Hamás, condición que el gobierno estadounidense consideró indispensable para convencer a las empresas de comprometerse con la zona. Kushner criticó la dependencia histórica de la ayuda humanitaria, que representó el 85% del PBI local, y sostuvo que ese modelo le quitó dignidad y esperanza a los habitantes. El objetivo final fue convertir a Gaza en un destino económico sostenible donde la inversión de mercado reemplace definitivamente a la asistencia internacional de las últimas décadas.
La realidad del terreno y el colapso de la infraestructura
Mientras el oficialismo estadounidense proyectó torres de cristal, un alto cargo de la ONU advirtió que los habitantes de Gaza vivieron este mes en condiciones "inhumanas". Barrios enteros, hospitales y colegios sufrieron daños importantes que obligaron a cientos de miles de personas a refugiarse en instalaciones improvisadas. A pesar de que la tregua entró en su segunda fase, la precariedad de la vida diaria marcó un fuerte contraste con la visión de lujo y prosperidad presentada por el mandatario estadounidense.
De hecho, las autoridades israelíes bloquearon de manera sistemática la labor de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU en la Franja de Gaza. Este organismo, creado en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos, estimó que Israel cometió actos de genocidio durante el conflicto desatado en octubre de 2023. Hasta el momento, el gobierno de Israel se negó a cooperar con los expertos que investigaron las violaciones de derechos humanos, lo que impidió un acceso profesional y transparente a las zonas más complicadas.
Tras la creación del Consejo de Paz, los investigadores de la ONU manifestaron su esperanza de que este nuevo marco político facilite el acceso al territorio. Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, declaró que confían en que las nuevas autoridades permitan llevar a cabo su trabajo de manera profesional. La expectativa de los expertos residió en que los responsables del plan de reconstrucción decidan cooperar con las investigaciones internacionales.
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