A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Perú, la campaña entró en su tramo final atravesada por una variable que desbordó el debate político tradicional: la inseguridad.
En un país marcado por la fragmentación partidaria y la proliferación de candidaturas, el aumento de las extorsiones y los homicidios no solo expone el deterioro del tejido social, sino que también reordena las preferencias electorales en favor de discursos más punitivos o de "mano dura" para combatir el crimen organizado.
Las cifras funcionan como telón de fondo de ese giro discursivo. En enero y febrero, la Policía Nacional recibió más de 2.000 denuncias por extorsión, en un contexto en el que 2025 cerró con 2.248 homicidios —un promedio de seis asesinatos diarios—, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Aunque algunos indicadores muestran una leve desaceleración interanual, la percepción de inseguridad no cede y se instala como principal preocupación ciudadana.
En ese clima, propuestas que hasta hace poco parecían marginales comienzan a capitalizar apoyo. La pena de muerte para delitos como el sicariato o la extorsión —una medida inviable en el actual marco internacional de Perú— es hoy reivindicada por candidatos que escalan en las encuestas, reflejando un electorado cada vez más permeable a soluciones extremas.
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La violencia en el centro del debate en Perú
El impacto de la violencia se percibe con especial crudeza en sectores estratégicos como el transporte y el comercio informal, donde la extorsión se consolidó como un sistema organizado, con lógica empresarial y capacidad de coerción sostenida.
Los conductores de buses, por ejemplo, se convirtieron en blanco directo de las bandas: son atacados para presionar a las empresas a pagar "cupos", partiendo de un esquema que incluye amenazas, intimidaciones o atentados, y que se intensifica cuando las víctimas se niegan a ceder.
“Primero fueron llamadas y mensajes. Después, disparos contra los vehículos. Cuando no respondés, avanzan contra las personas", describió un empresario del sector citado por la agencia RFI, que administra una flota de cien unidades y más de 150 conductores. Además, el nivel de vigilancia —con fotos de vehículos y domicilios— revela un grado de inteligencia criminal que excede la delincuencia común.
La expansión de estas prácticas encuentra un terreno fértil en la informalidad estructural de la economía peruana, otro de los ejes del debate presidencial. En el transporte urbano, se estima que el 67% de las unidades opera fuera del sistema regulado, sin controles técnicos ni cobertura legal. A nivel país, la informalidad alcanza cerca del 70%, lo que limita la capacidad de denuncia y facilita la penetración de redes delictivas.
A esto se suma otro factor crítico: la articulación de las extorsiones desde el sistema penitenciario. Diversas investigaciones señalan que muchas de estas operaciones se coordinan desde cárceles, exponiendo fallas estructurales en el control estatal y en los mecanismos de reinserción.
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Lejos de concentrarse en sectores de alto poder adquisitivo, la violencia golpea con mayor intensidad a los sectores populares. Pequeños comerciantes, trabajadores informales y familias de barrios periféricos aparecen como las principales víctimas de un fenómeno que se expande territorialmente.
"Antes uno pensaba que esto pasaba en ciertos lugares. Ahora está en todas partes", resumió una comerciante del Callao, que implementó medidas básicas de autoprotección tras recibir amenazas. El uso de aplicaciones para identificar llamadas desde cárceles o números vinculados a sicarios se volvió una práctica extendida entre quienes buscan anticiparse a posibles ataques.
En paralelo, el miedo también reconfigura la dinámica laboral. Conductores que evitan trabajar de madrugada o después del atardecer, empresas que negocian esquemas de custodia con la policía, familias que presionan para abandonar actividades de riesgo. La inseguridad, en ese sentido, no solo impacta en la vida cotidiana sino también en la actividad económica y la inversión.
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Elecciones bajo presión
En este contexto, la elección presidencial se desarrolla en un escenario de fuerte incertidumbre. La multiplicidad de candidatos —35, un récord histórico— convive con una demanda social cada vez más clara: respuestas rápidas frente a la inseguridad.
Pero esa demanda no necesariamente se traduce en apoyo a propuestas estructurales. Por el contrario, la fatiga institucional y la desconfianza hacia la dirigencia empujan a parte del electorado hacia soluciones inmediatas, incluso cuando implican tensiones con compromisos internacionales o marcos legales vigentes.
El resultado es una campaña donde conviven tres pulsiones: el continuismo cuestionado de las fuerzas tradicionales, el surgimiento de outsiders con discursos disruptivos y una creciente tentación punitiva que atraviesa todo el espectro político. En ese terreno, la línea entre orden y autoritarismo vuelve a ponerse en discusión.
CD/DCQ
