La “guerra económica” de Nicolás Maduro ya dejó sus primeros heridos: los directivos de Farmatodo y Día Día fueron encarcelados, tras ser acusados por boicot económico. Además de esas dos grandes cadenas de farmacias y supermercados, otros pequeños y medianos comerciantes también fueron catalogados de “acaparadores”, escrachados por los funcionarios bolivarianos en las redes sociales y apresados por la Justicia. Responsabilizados por la escasez, el desabastecimiento y las largas colas, los empresarios son los nuevos enemigos de la Revolución Bolivariana.
“Tengo varios conspiradores, dueños de tiendas, presos en el Sebin, y le he pedido a la Fiscalía que acelere todos los cargos para que vayan bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas al pueblo venezolano”, disparó el domingo pasado el presidente venezolano. Los destinatarios de esas palabras eran el presidente ejecutivo de Farmatodo, Pedro Luis Angarita Azpúrua, y el vicepresidente de Operaciones de esa cadena, Agustín Antonio Alvarez Costa. El delito: no habilitar todas las cajas de sus locales. La pena a la que se enfrentan: doce años de prisión. Lo mismo sucedió en agosto de 2014 en el Supermercado Bicentenario, cuando una inspección del superintendente de Precios, Andrés Eloy Méndez, multó a los propietarios, tras verificar que sólo funcionaban 26 de las 70 cajas disponibles.
Culpables. Para Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, Maduro busca resolver el problema de la escasez “atacando las consecuencias y no las causas”. “El gobierno está tratando de evadir responsabilidades, de crear chivos expiatorios y de presionar a los canales de distribución para que hagan lo que él quiera”, explicó a PERFIL el profesor de Economía Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello. Pese a que Maduro tiene bajos niveles de popularidad –comparado con su antecesor, Hugo Chávez–, León no cree que la crisis sea terminal. “Es severa, pero no creo que el gobierno esté acabado. La oposición está desestructurada y el chavismo controla las instituciones”, agregó. Las detenciones y ocupaciones de comercios fueron precedidas por una declaración de “guerra a las colas en el país”. El chavismo indicó que inspeccionaría los supermercados para evitar que los venezolanos esperen “tres y cuatro horas en el local para poder adquirir productos”. Los empresarios fueron acusados por boicot y “desestabilización a la economía”, según la Ley Orgánica de Precios Justos.
Acorralado por la crisis económica, Maduro halló un nuevo enemigo de la revolución: los comerciantes.
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