"La Argentina es el único país del mundo donde se juzgó a los dictadores"

Sumergida en medio de la hermosísima campiña romana asoma, de pronto, una enorme casamata de cemento a la vista, rodeada de altos alambrados y cabinas de control electrónico.

Llama la atención, sobre todo, la vecindad de las plácidas villas rodeadas por los famosos pinos de Roma y palmeras gigantes con la cárcel de Rebbibia, en cuyo interior funcionan las dos salas de la Corte en lo Criminal.

Los italianos la llaman Corte d’Assisi. Los franceses, Court D’Assise, una denominación que no existe en Argentina pero que significa Corte en lo Criminal, a cargo de juzgar los delitos más graves. Algunos juristas consideran que, entre nosotros, podría encuadrarse en el término Corte de Casación en lo Penal.

Francia condenó (en ausencia) a Alfredo Astiz a cadena perpetua por el asesinato de las monjas francesas y, en Italia, la Corte D’Assisi aplicó duras penas a los integrantes de las Brigadas Rojas y a los principales capos de la Mafia siciliana.

Es allí entonces donde se está realizando el juicio por los desaparecidos argentinos de origen italiano.

La sala principal con su estrado y la inscripción “La legge é uguale per tutti”, con sus magistrados con toga de alamares plateados y los integrantes con el pecho cruzado por la banda que lleva los colores de Italia, resulta impresionante. Como mudos testigos, las jaulas en las que fueron juzgados los asesinos de Aldo Moro permanecen intactas con sus gruesos barrotes y los bancos para ubicación de los reos.

En ese marco, entonces, se está dirimiendo esta semana el caso ESMA con la intervención del fiscal Francesco Caporale, que ya actuó en el juicio anterior a las Juntas de la dictadura.

“En el caso de la ESMA –explica Caporale–, estoy trabajando desde 1999. Acababa de terminar el procesamiento de Suárez Mason, Omar Riveros y otros que ya fueron juzgados con sentencia firme. En junio de 1999, llegó a mi juzgado el caso de una ciudadana de origen italiano, Susana Pegoraro. Al mismo tiempo, también me llegó la denuncia de Dante Gullo por la desaparición de Angela, su madre. Como lo requiere nuestra Justicia, yo establecí una relación entre las denuncias y presenté el caso como delitos políticos cometidos en el exterior contra ciudadanos italianos. En estos casos, es necesario el apoyo del ministro de Justicia, que no tardó en concederlo considerando que, en estos casos, se aplican procedimientos diferentes a los habituales. En junio de 1999, fui de incógnito a la Argentina y pude escuchar todos los testimonios que luego han sido incluidos en este proceso ESMA. Me refiero a los testimonios de Graciela Daleo, Remedios Alvarez, Lisandro Cubas y otros, todos ellos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada que han declarado ante esta Corte. En el caso de Susana Pegoraro y Jorge, su padre, pudimos establecer que habían sido secuestrados juntos en Buenos Aires el 18 de junio de 1977 y luego llevados a la ESMA. En cambio, Angela Aieta (nacida aquí en Italia y madre de Dante Gullo) fue secuestrada el 5 de agosto de 1976. Los cargos contra ella fueron ser la madre de un dirigente de la Juventud Peronista. Felizmente para él, Dante Gullo ya estaba legalizado en Sierra Chica antes del golpe del ‘76.

—En el caso de Astiz, fue juzgado en Francia y condenado a reclusión perpetua. Sin embargo, no se le ha aplicado la extradición.
—Mire, yo sé que Francia ha reclamado en varias ocasiones la extradición de Astiz. Hasta ahora, sin resultado. Y cuando en 2001 obtuve de la Justicia italiana una orden de custodia cautelar para Astiz y para Vildoza (actualmente prófugo), que luego se transformó en una orden de arresto provisorio que dictó mi colega argentina María Servini de Cubría, no pude lograr mi objetivo. En aquel momento, era presidente Fernando de la Rúa y denegó la extradición diciendo que se trataba de hechos ocurridos en territorio argentino desconociendo, de alguna manera, la competencia italiana sobre estos delitos.

—Lo que usted me relata parecería ser una constante en el panorama internacional. No recuerdo ningún pedido de extradición que haya prosperado...
—En efecto, en España, el juez Baltasar Garzón presentó cientos de pedidos con el mismo resultado. Me parece que algo está faltando en la legislación de algunos países. Quizá sería necesario pensar, a la luz de la existencia de un Tribunal Penal Internacional en La Haya, en un comportamiento jurídico diferente por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Se podría buscar, tal vez, una exclusiva competencia de los países involucrados en cuyo territorio ocurrieron estos crímenes y de tal modo crear una raíz histórica. Fíjese usted que en el tiempo de la globalización que estamos atravesando, lo menos que podríamos hacer sería transformarla en algo positivo. Insisto en que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque correríamos el riesgo de que estos procesos, estos juicios, tengan solamente un valor simbólico, ético pero que no administren justicia para las víctimas. Necesitamos resultados concretos y positivos.

— En este sentido, creo que el Juicio a las Juntas de la dictadura que se realizó en 1985 en Buenos Aires sienta un precedente único en América Latina y el mundo.
—Esto es absolutamente cierto. Argentina cuenta con este excelente antecedente. Es el único país en el cual, una vez terminada la dictadura, sus autores fueron juzgados por un Tribunal convocado por un gobierno legítimo y democrático.

—Claro, porque Nuremberg fue un Tribunal convocado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y no por el pueblo alemán.
—Por supuesto. Y, en este sentido, ésta es la gran particularidad del caso argentino. Fue un juicio importantísimo, celebrado en territorio argentino y con un Tribunal de juristas argentinos. Recuerdo perfectamente que este juicio de 1985 terminó con la condena a perpetuidad para Videla y Massera que, lamentablemente, quedó anulada por las leyes de Perdón y los indultos. Sin embargo, esto no logra opacar la enorme importancia de este juicio. No quiero dejar de recordar tampoco que también en los dos juicios en Italia en los que he actuado, la labor que desarrolló en su momento la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue de enorme importancia porque sustituyó la que es, normalmente, una tarea de investigación judicial que habitualmente cumplen los fiscales o las autoridades policiales. Allí se recopilaron miles de datos que brindaron los sobrevivientes, los que contribuyeron así a reconstruir una horrible geografía del terror implantada desde el 24 de marzo del ‘76. Creo, entonces, que ese trabajo de la Conadep fue una piedra fundamental para todos aquellos que nos hemos ocupado de estos casos.

—Es curioso pero parecería que, en un sentido universal, nos cuesta mucho asimilar ciertas lecciones. Por ejemplo, ¿cómo explicar Guantánamo?, ¿Abu Graib? Son violaciones absolutas y visibles a los derechos humanos. No sabemos qué ocurre en China o en Afganistán pero lo cierto es que las violaciones se suceden.
—Esto es muy desalentador. Miramos a nuestro alrededor y parecería casi imposible aplicar aquello de Nunca Más. Siempre hay algún punto de la Tierra en el que se está consumando una violación. Y esto ocurre, a veces, muy cerca nuestro y no lo sabemos. Es, probablemente, una consecuencia de la zona de siniestra oscuridad que se esconde en el alma humana. Cervantes invocaba “el largo sueño de la razón” que termina por generar monstruos. Y este fenómeno reaparece aquí y allá cuando ya pensábamos haber tocado fondo. Siempre hay algo peor que nos está acechando...

—Sabemos que en Italia se ha comentado extensamente este ir y venir de aviones de la CIA, en los cuales nadie sabe quién viaja ni adónde lo llevan. Técnicamente, se podría aplicar a estos “pasajeros” del horror el calificativo de desaparecidos. No sé si me equivoco pero, aparentemente, los Tribunales Internacionales no se dan por aludidos frente a esos vuelos...
—La competencia de un Tribunal Internacional depende del hecho de que sus atribuciones puedan ser confirmadas por los países que han adherido a ese tribunal. Hay países, por ejemplo, que forman parte, que han aceptado esta figura de Justicia Internacional contra los delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera. No sé realmente en qué situación se encuentran, en cambio, los países detrás de cuyas fronteras ocurren estas cosas. Lo que es inexplicable es que no exista un consenso entre naciones como para hacer posible una intervención del Tribunal Internacional.

—Sin embargo, en el caso de la pena de muerte para Saddam Hussein, casi todos los países de la Unión Europea se han manifestado contrarios a su ejecución. ¡No solamente la pena de muerte es inaceptable sino que el ahorcamiento de los culpables es una monstruosidad medieval!
—Estoy totalmente de acuerdo con usted. Me parece que es una manifestación de salvajismo. ¡No se puede responder a la barbarie y a la crueldad con la misma moneda!

—Pero, sin embargo, usted habrá visto en todos los diarios italianos las declaraciones de Giovanni Sartori, que acepta la muerte y la horca por ser prácticas habituales en esos países, como si ésta fuera una razón atendible.
—Debo decir que, aunque aprecio a Sartori, que es un inteligente cientista político, sus declaraciones me han dejado azorado, y desde ya que no estoy en absoluto de acuerdo con su pensamiento. Creo, en cambio, que la respuesta que está dando Europa es casi unánime. Tony Blair, un poco titubeante pero... en fin, la gran mayoría se ha manifestado en contra. Los europeos están buscando una respuesta jurídica y no aquella que acepta que el responsable de crímenes atroces sea luego tratado con la misma vara aplicada por él. Esto es éticamente inaceptable.