Nadie sabe qué sucederá mañana en Brasil. Esa es la sensación que quedó en el aire en los últimos días, luego de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril por lavado de dinero y corrupción pasiva, asistiera desde la celda de la Policía Federal de Curitiba a un impensado conflicto judicial que desnudó las intrigas políticas y legales que arrecian en los tribunales. El Lava Jato continúa con su paso arrollador, pero el artífice de esa investigación, el juez federal de Curitiba Sérgio Moro, parece haber perdido su aura de “intocable”. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano que controla a ese poder, anunció que abrirá una investigación contra él, –por negarse a liberarlo, como ordenaba un camarista de segunda instancia–, y contra sus colegas João Gebrán Neto y Rogério Favretto, los protagonistas del escándalo que puso en vilo al país, a un mes del cierre de la inscripción de las candidaturas para las elecciones de octubre.
Las alarmas sobre el accionar de Moro se dispararon en Brasilia. “Las investigaciones en el CNJ son muy largas y llevan mucho tiempo. No es común que un magistrado pierda su cargo, pero de vez en cuando eso sucede. En el caso de Moro creo que es muy difícil que pase, principalmente porque tiene un enorme apoyo popular debido al éxito de la operación Lava Jato, a los ojos de buena parte de la población brasileña”, explicó a PERFIL Daniel Falcão, profesor de Derecho Constitucional del Instituto Brasileño de Derecho Público y de la Universidad de San Pablo. El CNJ abrió en abril otra investigación contra el magistrado, por divulgar en 2016 –en pleno impeachment– una conversación telefónica entre Dilma Rousseff y Lula, en la que la mandataria lo designaba jefe de gabinete para dotarlo de fueros y blindarlo judicialmente.
En esta ocasión, el juez Moro desobedeció una decisión de Favretto, juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4). “No se sabe si tuvo algún motivo personal para tener esa posición. Técnicamente, la decisión es, como mínimo, extraña, por el hecho de estar de vacaciones. Es absolutamente raro que un juez de primera instancia no cumpla una determinación de un tribunal de segundo grado, aunque el juez califique la decisión como errónea y/o absurda. En mi opinión, ha incumplido la jerarquía jurisdiccional prevista en la Constitución”, afirmó Falcão. El conflicto legal se saldó cuando Gebrán Neto, amigo de Moro, revocó la decisión de Favretto y fue respaldado por el presidente del TRF4, Carlos Thompson Flores.
El PT, concentrado en apuntalar la candidatura de su líder, intensificó la ofensiva contra Moro. No solo lo denunció por violar la Constitución, al negarse a cumplir la orden de Favretto, sino que también pidió que sea apartado de la investigación que instruye sobre un campo en Atibaia, que pertenecería al ex presidente. La Procuraduría General de la República (PGR) defendió el viernes la actuación de Moro en ese expediente. Lo hizo mediante la presentación de un documento ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ), en el que sostuvo que la actuación del magistrado “fue imparcial”.
Preso. El escándalo puso en primera plana la situación procesal de Lula, que afirmó que sus adversarios sienten “nervios” ante la posibilidad de su excarcelación. Líder en todas las encuestas, con el 33% de intención de voto, el ex presidente repite una y otra vez el mismo argumento: hay una conjura político-judicial que busca mantenerlo tras las rejas y evitar su candidatura.
La ley electoral brasileña prohíbe que condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos. Si bien aún no fue inhabilitado, se estima que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronunciará en ese sentido luego del 15 de agosto, cuando el PT inscriba su candidatura.
Sus partidarios iniciaron el viernes una campaña de protestas en las principales ciudades de Brasil para exigir su liberación. “Lula es el único candidato en condiciones de sacar al país de la crisis y conducir a Brasil hacia una pacificación nacional”, argumentó Gleisi Hoffmann, presidenta del PT.
Investigan a ministro de Temer
El ministro de la Secretaría de Gobierno de Brasil, Carlos Marun, uno de los hombres de confianza del presidente Michel Temer, es investigado por su presunta vinculación con un esquema de fraudes y corrupción en la cartera de Trabajo, informó ayer Folha de São Paulo.
Según un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso el diario, Marun, a través de su jefe de gabinete, Vivianne Lorenna de Melo, solicitaba dinero para otorgar la personería a sindicatos del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. La Policía investiga una supuesta organización criminal integrada por políticos y funcionarios que habrían cometido fraude en el Ministerio de Trabajo. Varios implicados fueron arrestados en el marco de esta investigación, que provocó la renuncia hace dos semanas del ministro de Trabajo, Helton Yomura. El escándalo golpeó, una vez más, al gobierno de Temer.
