Para evitar una versión charrúa de la batalla del 7D, el gobierno de José Mujica edulcoró el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se discutirá en los próximos meses en Uruguay. A diferencia de la ley argentina, el borrador que tiene en su poder el Ejecutivo uruguayo –y que enviará al Parlamento en 2013– no modifica sustancialmente los límites actuales de concentración mediática y establece extensos plazos de adecuación para desinvertir.
Al menos, así surge de los detalles sobre el proyecto oficial que la revista uruguaya Brecha dio a conocer esta semana. Aunque el texto comenzó a discutirse hace más de dos años, el gobierno uruguayo aún no lo hizo público. En base a fuentes gubernamentales, el semanario reconstruyó los principales puntos de la iniciativa. El borrador mantiene casi inalterable la actual estructura de medios en Uruguay y otorga cinco años para adecuarse a la nueva situación.
El proyecto original no era exactamente así, sino que fue modificado cuando llegó a manos del Ejecutivo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había comenzado a debatirse en agosto de 2010, en el marco de un Comité Técnico Consultivo integrado por movimientos sociales, empresarios de medios, académicos, medios comunitarios, funcionarios y otros actores.
Según Gabriel Kaplún, presidente del Comité y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, el borrador que ahora manejan Mujica y sus asesores no refleja algunas de las conclusiones a las que había llegado el Comité. “El proyecto de Presidencia es más tibio en lo referido a los plazos de las licencias. También deja dudas sobre los límites a la concentración. Y los tiempos fijados para desinvertir parecen ser otro punto problemático”, dijo Kaplún a PERFIL.
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